Bruselas prohibirá los vehículos diésel matriculados antes del 97 desde 2018

La capital de Bélgica, Bruselas, prohibirá a partir del 1 de enero de 2018 la circulación de los vehículos diésel más contaminantes, es decir, los vehículos diésel Euro 1 matriculados antes del 1997 y los Sin Euro matriculados antes del 1 de julio de 1992.

La prohibición se extenderá de manera progresiva al resto de vehículos diésel hasta el 2025, fecha a partir de la cual sólo se autorizará la circulación de los Euro 6.

Así, desde 2019 ya no podrán circular los vehículos diésel Euro 2 matriculados antes del 1 de enero de 1997, los Euro 3 matriculados antes del 2006 a partir del 2020, los Euro 4 matriculados antes del 2011 desde 2022, mientras que los Euro 5 matriculados antes del 1 de septiembre de 2015 ya no podrán circular a partir de 2025 en la capital belga.

Por lo que se refiere a los coches de gasolina más contaminantes, los vehículos Euro 1 matriculados antes de 1997y los Sin Euro matriculados antes del 1 de julio de 1992 ya no podrán circular desde el 2019 en Bruselas, mientras que los Euro 2 matriculados antes del 2001 no podrán circular a partir del 2025.

En cambio, los vehículos Euro 3 matriculados antes del 2006, los Euro 4 y Euro 5 matriculados antes del 1 de septiembre de 2015 y los Euro 6 podrán seguir circulando sin problemas.

Una quincena de vehículos quedarán exentos de las nuevas normas que prohibirán la circulación de los vehículos más contaminantes en la capital belga, entre ellos los vehículos motorizados a dos ruedas, los camiones de pesados de transporte de mercancías más de 3,5 toneladas, los tractores agrícolas, las autocaravanas, los vehículos de hidrógeno o los vehículos con placa 0 y también habrá derogaciones gracias a «pases diarios» a cambio de una tarifa de 35 euros por día. Eso sí, sólo se permitirá un máximo de ocho días de acceso al año.

MULTAS DE 350 EUROS, A PARTIR DE OCTUBRE DE 2018

Las multas previstas se elevarán a 350 euros por infracción, aunque sólo se podrán recibir cuatro multas por año cómo máximo, ha informado la cadena pública valona RTBF.

Los controles no comenzarán a aplicarse en enero de 2018 sino tras un periodo de seis meses de adaptación y además las autoridades darán otros tres meses durante los cuáles los conductores de vehículos prohibidos apenas apercibirán una advertencia, no una multa efectiva. Es decir, las multas efectivas sólo empezarán a llegar a partir de octubre de 2018.

Las autoridades de Bruselas prevén instalar 176 cámaras en 121 puntos de manera progresiva de aquí a finales de 2018.

eleconomista.com

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Incorpora la plataforma de cine español, alternativo y clásico por siete euros al mes e incorpora 10.000 títulos de cine y series

Vodafone ha llegado a un acuerdo con Filmin, la plataforma especializada en cine español, independiente y clásico para ofrecerla a través de su servicio de televisión, Vodafone One TV, y sus dispositivos móviles.

“Nuestra apuesta es muy clara por la independencia, por el cine europeo y alternativo. Tenemos 10.000 títulos y el 90% es exclusivo”, asegura Jaume Ripoll, director editorial de Filmin. De esos 10.000 títulos, cerca de 7.000 son películas. Se trata de un acuerdo en exclusiva, por lo que Filmin descarta llegar a colaboraciones similares con Telefónica u Orange.

«Teníamos una carencia en cuanto a cine, sobre todo, en cine al margen de las grandes productoras”, asegura Ignacio García-Legaz, director de Vodafone TV. Con esta incorporación su plataforma de pago alcanza los 40.000 títulos.

Siete euros al mes 

El precio del servicio de Filmin en Vodafone será de 7 euros al mes, con la oferta para clientes de dos meses gratis sin compromiso de permanencia. El precio en la plataforma online es de 8 euros mensuales.

En cuanto a los contenidos de Filmin, la plataforma incluye 1.400 títulos de cine español, con directores como Pedro Almodóvar, Borja Cobeaga o Fernando Fernán Gómez. Y, en cuanto al catálogo internacional, nombres como Michael Haneke, Jim Jarmush, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Federido Fellini o Akira Kurosawa.

Más allá de los contenidos de terceros y respecto a la creación de títulos propios, que Telefónica ha puesto en marcha con series como La Peste, Vodafone asegura que no tiene esa ambición y no va a ir por ese camino. «Creemos que hay gente que hace esto muchísimo mejor que nosotros. Si miramos las cifras que se gasta HBO o Netflix por episodio, entre seis y 12 millones de euros, da idea de la calidad. Y replicar eso en un mercado español me parece complicado», asegura García Legaz.

lainformacion.com

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Aconsejan a las parejas gays ni siquiera darse la mano si van al Mundial de Rusia

l Mundial de Rusia 2018 se acerca y con él sus polémicas. Tras la deplorable actuación de los ‘hooligans’ rusos en la Eurocopa de Francia en 2016, se espera que las medidas de seguridad sean extremas para evitar batallas campales en las calles y también se elaborarán planes con consejos para los visitantes al país.

Uno de ellos irá dirigido a la comunidad LGBT. Una guía de prevención será elaborada por la organización ‘Fare’, antigua ‘Fútbol Contra el Racismo en Europa’ y en ella se aconsejará a los fans de esta comunidad no darse la mano ni realizar otros gestos afectuosos en público.

Ser homosexual no es ilegal en Rusia pero el país del norte de Europa prohíbe mencionar la homosexualidad en los colegios y hay numerosos casos notificados de personas homosexuales de otros países que han sido atacadas en suelo ruso por su condición sexual.

“La guía aconsejará a las personas gays a ser prudentes en cualquier lugar en el que la comunidad LGBT no sea bienvenida. El mismo mensaje se dirige a las personas negras y a las minorías étnicas. Si seguidores gays van por las calles de la mano no significa que estén en peligro inmediato, pero dependerá de la ciudad y del momento del día”, afirma Piara Powar, directora ejecutiva de ‘Fare’, en declaraciones recogidas por ‘The Guardian’.

‘Fare’ también ha remitido a la FIFA una petición en nombre de dos grupos británicos y alemanes para ondear una enorme bandera arco iris en el interior de los estadios durante la Copa del Mundo.

Aunque las muestras políticas están prohibidas en los estadios, se entiende que el máximo organismo del mundo del fútbol no incluye a la bandera del colectivo LGTB en ese ámbito y que los fans podrán portarlas sin problema.

Mientras tanto, la cuenta atrás para el Mundial que se celebrará en junio entra en su fase decisiva. Este viernes se celebra el sorteo de grupos en el Kremlin, donde se espera que el fútbol sea el centro de atención.

“En Rusia, los políticos tienden a pensar que las acusaciones de racismo y homofobia forman parte de una conspiración de occidente, concretamente de los medios británicos, pero después aceptan que existen problemas y poco a poco comienzan a lidiar con ellos. La población local está muy orgullosa de albergar el Mundial y quieren ser recordados como un gran país organizador”, concluye Powar.

lainformacion.com

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Un hijo de Pujol demanda a Rivera por acusar a su familia de haber robado 2.500 millones de euros

Josep Pujol Ferrusola ha presentado una demanda por calumnias contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por acusar públicamente a su familia de cobrar comisiones ilegales y afirmar que ha robado 2.500 millones de euros. El tercer hijo del expresident catalán aporta como pruebas diferentes declaraciones realizadas por dirigente liberal tanto en Twitter como en televisión, de las que insiste no tiene ninguna prueba.

El texto, que recoge Público, se divide en catorce puntos donde Josep Pujol intenta demostrar la falsedad de las acusaciones de Rivera y pide que «rectifique públicamente admitiendo que no puede afirmar el origen público de los fondos» del clan Pujol Ferrusola.

Tras conocer la noticia, el dirigente liberal, lejos de retractarse, se ha ratificado en los datos publicados y difundidos por él a los que alude Josep Pujol en su demanda. «Nosotros no podemos retirar informaciones» que han sido publicadas por medios de comunicación y sobre las que pesa el principio de veracidad, ha dicho Rivera, como tampoco pueden retirar informes policiales que constan en los sumarios ni los indicios que han llevado a prisión preventiva a parte de la familia del expresidente de la Generalitat.

El líder de Ciudadanos ha reiterado su afirmación de que los Pujol han cometido delitos y que la demanda solo «pretende volver al oasis catalán, donde no se podía hablar del 3%». «Solo faltaría ahora que con los delitos que ha reconocido Jordi Pujol no pudiéramos denunciar los casos de corrupción.», ha añadido Rivera, antes de recalcar que en realidad no se trataba de un oasis, sino de una «charca». Un escenario similar al que se ha vivido en Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía, aunque en ese caso pretendieran «taparla con una estelada».

laverdad.es

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Reino Unido será el primer país del mundo en vender Viagra sin receta

l Reino Unido será, a partir de 2018, el primer país del mundo en vender sin receta el medicamento contra los problemas de erección Viagra, anunció su fabricante, la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer. Pfizer anunció el martes por la noche que había recibido permiso de la autoridad reguladora británica.

La noticia abre la puerta a que hombres que no se habían atrevido a explicar a los médicos su problema puedan resolverlo discretamente, aunque quienes sufren del corazón, o tomen medicamentos que interfieran, seguirán necesitando receta. Las autoridades esperan que de este modo acaben las compras a páginas web que operan ilegalmente.

«Esta decisión es buena para la salud masculina», dijo Mick Foy, de la Agencia Regulatoria británica de Productos Médicos y Sanitarios (MHRA).

Hacer el medicamento más fácil de conseguir «alentará a los hombres a buscar ayuda dentro del sistema sanitario e incrementará la concienciación sobre los problemas de erección», añadió Foy. «Algunos hombres evitaban buscar apoyo y tratamiento para esta condición, así que creemos que darles la opción de hablar con el farmacéutico y comprar Viagra Connect podría ser un paso realmente positivo», explicó por su parte Berkeley Phillips, director médico de Pfizer en el Reino Unido.

diariovasco.com/

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Valencia también entra en la ‘guerra del cava’: su espumoso duplica las ventas navideñas

El pasado viernes, el Mercado de Colón de la Ciudad del Túria acogió la Feria del Cava Valenciano, un certamen de tres días de duración que reúne a la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Dicha agrupación nació en 2013 con la apuesta de «impulsar el conocimiento» del espumoso elaborado en la región mediterránea.

La producción de cava valenciano era casi testimonial hace algunas décadas, pero llegó a seis millones de botellas en 2016 y se espera que alcance los siete millones este 2017. Según explica el presidente de la Asociación, Emilio Expósito, las exportaciones están subiendo como la espuma y ya suponen el 35% de la producción total. Entre los principales destinos del espumoso están los países del norte de Europa, así como Estados Unidos y el mercado asiático.

En la Feria del Cava Valenciano han expuesto ocho empresas bodegueras: Coviñas, Hozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria, UVE y Vegalfaro. Las botellas de los productores salen a la venta desde los 3,5 euros, si bien existe una línea de mayor precio que cuesta entre 15 y 20 euros. El clima que se respiró durante el evento fue muy positivo.

El crecimiento en Navidad se duplica

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena reconoce que las ventas crecerán esta Navidad el doble que la anterior. Estamos, por tanto, a las puertas de una campaña histórica, con una proyección de crecimiento del 15% que duplica los niveles registrados el pasado año 2016. Se habla, incluso, de un 2018 en el que se podrían alcanzar los ocho millones de botellas, un nuevo umbral.

En Requena afirman que el clima y el suelo están de su lado. Según los productores del sector, «el microclima del verano, con una gran diferencia de temperatura entre noche y día, es clave para la maduración de nuestra uva, que llega muy sana a la bodega y no llega a requerir tratamiento fitosanitario alguno. Podría decirse que es un cava casi ecológico». Creen, además, que el potencial de la zona es tal que se pueden llegar a producir más de diez millones de botellas.

Pero todos estos avances están en jaque por la propuesta que el Consejo Regulador del Cava ha trasladado al ministerio de Agricultura. El departamento que dirige Isabel García Tejerina se está planteando la posibilidad de limitar a 0,1 hectáreas el crecimiento de la superficie nacional de viñedo orientada a la elaboración de estos caldos.

En la práctica, esto supone un veto al crecimiento del sector, una medida proteccionista que beneficia a los productores catalanes (el 90% del total) y golpea al resto de las explotaciones de cava. Cabe recordar que el Consejo Regulador del Cava está fuertemente controlado por los bodegueros catalanes, según afirman las distintas empresas del sector.

Requena, en vilo

Al igual que ha ocurrido en Extremadura, la pretensión de congelar el desarrollo del sector ha puesto en alerta a los productores valencianos. Emilio Expósito se muestra comedido: declara que el boicot al espumoso catalán «no es bueno para el mercado ni para el sector» y confía en que Requena siga «apostando por la calidad y creciendo gracias a las exportaciones».

Pero la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) muestra en los diarios valencianos una actitud más beligerante y no duda en subrayar que la maniobra del Consejo Regulador del Cava «guarda relación directa con el conflicto catalán». Su presidente, Cristóbal Aguado, tiene claro que dicho organismo está «dominado por las bodegas catalanas» y busca «frenar el crecimiento de nuestra actividad». Aunque en AVA «entienden la actitud» de sus vecinos del norte, advierten que «no es de recibo que pretendan que otros paguen los platos rotos».

Requena tiene hoy 4.000 hectáreas de producción de cava. Es la segunda zona con mayor actividad, aunque se queda muy lejos de las 29.000 hectáreas de Cataluña. El podio lo completa Almendralejo, en Extremadura, con 1.400 hectáreas. Se espera que el ministerio de Agricultura tome una decisión a mediados de diciembre. El debate sobre el futuro de Requena ya ha saltado a las Cortes Valencianas, donde el PSPV ha presentado una iniciativa que llama al gobierno de España a evitar el veto propuesto por el Consejo Regulador del Cava. Si la guerra del cava fuese a más, no se descarta una alianza política entre los presidentes de Valencia y Extremadura, Ximo Puig y Fernández Vara.

Inversiones en el aire

En cierto modo, el inicio de la guerra del cava empezó en suelo valenciano. Corrían los años 80 cuando la bodega Torre Oria inició un largo proceso judicial que buscaba obtener la autorización necesaria para producir cava. Tras años de litigios, el Tribunal Supremo dio la razón a la explotación valenciana, cuyos responsables son hoy los dueños de Pago de Tharsys y Dominio de la Vega.

Tras décadas de progresivo crecimiento, el posible veto de Agricultura echara al traste inversiones valoradas en 5,6 millones de euros. «Hablamos de 450 hectáreas en las que ya se han arrancado las cepas para plantar cava a partir de 2018. A 12.500 euros de inversión media por hectárea, hablamos de 5,6 millones de euros. Las bodegas se verán afectadas si se aprueba este Decreto. Esto lo acabará pagando el viticultor», explican desde Bodegas Coviñas en la prensa regional.

libremercado.com

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La inversión pública se estanca peligrosamente en Europa

La inversión pública en Europa cayó en 2016 hasta mínimos de hace 20 años y se ha estancado un 20% por debajo del nivel previo a la Gran Recesión de 2008. La caída amenaza la prosperidad futura del continente y alerta sobre las carencias de la recuperación en marcha.

La economía europea ha dejado atrás la crisis y navega viento en popa, tras 18 trimestres consecutivos de crecimiento (desde el segundo trimestre de 2013) y con casi todos los indicadores luciendo un verde tranquilizador.

Pero la recuperación oculta que ciertos parámetros se han quedado permanentemente por debajo del nivel precrisis, como los salarios o la internacionalización de las compañías europeas.

Entre esos alarmantes farolillos rojos destaca la inversión pública que, según el Banco Europeo de Inversiones, sigue muy por debajo del nivel necesario para mantener las infraestructuras existentes o crear las necesarias para competir en una economía mundial en plena transformación.

España figura entre los países donde las restricciones presupuestarias se cebaron en el gasto en infraestructura, un ránking en el que también destacan países rescatados durante la crisis como Portugal o Irlanda.

El estancamiento de un capítulo tan esencial augura un potencial de crecimiento más bajo a largo plazo y menos calidad de vida en el continente europeo.

La inversión pública en Europa, según un informe publicado por el BEI el 23 de noviembre, se situó en 2016 en su nivel más bajo de los últimos 20 años (en porcentaje de PIB). Y aunque el desplome parece haberse frenado, el BEI advierte de que el gasto público en infraestructuras tan esenciales como el transporte, la energía, las telecomunicaciones, la educación o la sanidad, se ha estancado en un nivel que solo cubre el 80% del alcanzado hace una década, justo antes de que comenzase la Gran Recesión.

El 20% que falta puede tardar años en recuperarse a juzgar por los planes presupuestarios de la mayoría de los países y del conjunto de la zona euro. Y, en todo caso, se quedará muy lejos de las necesidades de inversión estimadas por los expertos.

Los últimos cálculos del BEI indican que Europa debería invertir unos 688.000 millones de euros al año en energía, transporte, aguas y telecomunicaciones. La inversión total, sin embargo, no cubre ni un tercio de esas necesidades.

El gasto en infraestructura ha pasado del 2,2% del PIB de la UE en 2009 al 1,8% en 2014. Es decir , de unos 328.000 millones de euros a menos de 270.000 millones. Y la partida se ha estancado en ese umbral.

Los planes presupuestarios de los socios de la UE, revisados por la Comisión Europea el 22 de noviembres, “no contemplan aumentos significativos de los niveles de inversión pública a medio plazo”, concluye el BEI.

Y en países tan cruciales para la economía europea como Francia, Italia y Holanda (los tres países suponen casi el 43% del PIB de la zona euro), la inversión pública caerá hasta batir todos sus récords de mínimos históricos. Dentro de la zona euro, solo Alemania y Bélgica esperarán superar con claridad la media de inversión y en el resto de la UE, lo harán Polonia, Hungría y Rumania.

El BEI recomienda a los dirigentes nacionales que prioricen la inversión en infraestructuras y que apuesten por una buena planificación y una selección rigurosa de proyectos. Los mismos criterios, pide el BEI, deben aplicarse en las administraciones infraestatales, que gestionan el 50% de la inversión pública en infraestructuras y en las que se ha registrado el 75% de la caída en ese capítulo presupuestario.

Bruselas lleva años alertando sobre la falta de inversión. La Comisión Europea puso en marcha el llamado plan Juncker para movilizar hasta 315.000 millones de euros hasta 2018 y alcanzar el medio billón de euros en 2020.

El Plan Juncker , según la CE, ha logrado su objetivo de movilizar la inversión privada a partir de un pequeño estímulo del presupuesto comunitario y del BEI. Pero no puede compensar la tremenda caída de la inversión pública, clave para las infraestructuras.

El dinero público cubre el 55% de la inversión en infraestructuras frente al 35% del sector privado y el 10% de proyectos mixtos, según el informe del BEI. Y la caída de la inversión pública triplicó la de la privada entre 2009 y 2015, según los datos del banco europeo.

cincodias.com

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Absuelto el funcionario de València que pidió «600 euretes» y «dos polvos» a cambio de agilizar licencias

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al arquitecto del Ayuntamiento de Valencia que cobró a un empresario para agilizarle la licencia de apertura de una pensión, hechos por los que el jurado popular le declaró culpable en un juicio celebrado en septiembre.

Según ha informado este el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv), pese al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, el magistrado presidente del tribunal popular considera que los hechos declarados probados no tienen encaje en el delito de tráfico de influencias por el que el funcionario público fue juzgado

El fiscal solicitaba un año de prisión e inhabilitación para ejercer como funcionario o cargo público durante el mismo periodo.

El jurado en su veredicto concluyó que el acusado, el arquitecto, era culpable de «ofrecerse a cambio de dinero, para influir en el funcionario encargado del expediente, prevaliéndose de su cargo o relación personal, para obtener una resolución que favoreciera los intereses» del empresario solicitante de la licencia.

Los hechos sucedieron en enero de 2015 cuando un hostelero, que estaba pendiente de obtener una licencia municipal de actividad para una pensión en la capital, contactó con el arquitecto municipal y le entregó 50 euros para interesarse por el estado de su expediente administrativo.

Meses después, el arquitecto le pidió «600 euretes» y «dos polvos con las chicas cuando lo tengáis inaugurado» a cambio de hacer que el funcionario encargado del mismo lo agilizara.

La sentencia considera acreditados estos hechos, pero mantiene que no son constitutivos de delito.

Se basa para ello en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual el delito de tráfico de influencias exige que exista una resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. Y en este caso, no la hubo.

Según el Supremo «quedan por ello fuera del ámbito de este tipo delictivo aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos de trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc. que no constituyen resolución en sentido técnico (…) aún cuando se trate de conductas moralmente reprochables y pueden constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos».

Respecto a la exigencia de una resolución administrativa, el magistrado presidente del jurado recuerda la sentencia del Supremo según la cual «si el legislador hubiese querido incluir en el delito de tráfico de influencias cualquier acto de la autoridad o funcionario inherente a los deberes del cargo, y no solo las resoluciones, habría utilizado la fórmula del cohecho u otra similar, en donde se hace referencia a cualquier acto contrario a los deberes inherentes a la función pública del influido».

El magistrado presidente, Salvador Camarena, concluye que no concurren los requisitos para aplicar el artículo 4.2 del Código Penal, que establece que si un juez tiene conocimiento de acciones que, sin estar penadas por la ley, considera que son dignas de represión «se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal».

En este caso, pese a la petición del fiscal, el juez considera que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la conducta de «aceleración de expedientes” y que no se ha detectado en este juicio “una conducta nueva que merezca el reproche penal»

eldiario.es

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España invierte ahora en I+D menos que hace una década

De acuerdo a la ‘Estadística sobre Actividades en I+D’, en 2016 se invirtieron 13.260 millones en investigación en nuestro país, 88 millones más (un 0,7%) que en el año anterior. Sin embargo, como la economía española creció un 3,2%, el peso de esta rubrica en el PIB sufrió una caída. Se trata del sexto año consecutivo en el que el gasto en investigación evoluciona por debajo del PIB.

Aunque el gasto en el sector privado, que comprende las empresas y las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL), se incrementó un 3%, prácticamente en línea con la marcha económica del país en 2016, se vio neutralizado por el descenso de la inversión en los sectores públicos. En la administración pública y la enseñanza superior disminuyó un 2,7% y un 1,5%, respectivamente.

El 46,7% de las actividades de I+D se financiaron en 2016 desde el sector empresarial, mientras que la administración pública participó con el 40% y la enseñanza superior, con el 4,4%. Los fondos procedentes del Extranjero (8,1%) y de las IPSFL (0,9%) completaron la financiación.

“El sector público lastra la inversión en I+D, en lugar de impulsarla”, señala Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la innovación, sobre las cifras publicadas el INE. En un comunicado, la fundación subraya además que España invierte ahora un 9,1% menos en I+D que en 2009, mientras que la UE en su conjunto ha aumentado su gasto un 27,4% más. “Su evolución contrasta con la de las otras cuatro grandes economías del continente: Reino Unido (+39%) Alemania (+37%), Francia (+13%, dato de 2015) e Italia (+12%), que acumulan crecimientos de doble dígito en este periodo”, señala.

Por comunidades autónomas, las que experimentaron mayores tasas de crecimiento en el gasto en I+D en 2016 respecto al año anterior fueron Castilla y León (13,1%), Región de Murcia (10,2%) y Castilla-La Mancha (6,5%). Por el contrario, Extremadura (–9,0%), Andalucía (–7,9%) y La Rioja (–5,5%) registraron las mayores caídas de inversión.

elboletin.com

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El policía de Madrid que participó en una protesta neonazi mantiene su puesto en el tribunal de las oposiciones

El agente Julián Leal acudió el pasado 2 de noviembre a la estación de Atocha para recibir con insultos a los los miembros de la Mesa del Parlament que llegaban a Madrid para declarar ante el Tribunal Supremo. Cuando se publicó su participación en esa protesta, organizada por el grupo neonazi Hogar Social, dimitió como portavoz del sindicato mayoritario de la policía municipal, pero decidió continuar en el Tribunal de oposición con un puesto de observador como representante de la Junta de Personal de la Policía de Madrid, órgano que sigue presidiendo.

Leal es también uno de los participantes en el chat de WhatsApp en el que se lanzaron  amenazas contra Manuela Carmena y otros dirigentes políticos de izquierdas y periodistas, se exaltó el fascismo y se profirieron multitud de comentarios racistas. El asunto lo investiga un juez de Madrid después de que uno de los agentes que participaba en el chat denunciase a varios de sus compañeros por amenazas.

Según la documentación que obra en poder de eldiario.es, Leal interviene en esa polémica conversación sugiriendo que se lapide a los inmigrantes y aplaudiendo a quien propone electrificar la valla de Melilla. El Ayuntamiento de Madrid investiga a los agentes que profirieron esos comentarios racistas y de exaltación del fascismo, pero no aclara si Leal está entre los investigados.

Hasta principios de noviembre, Leal era el portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM), la central mayoritaria en el cuerpo. Tras más de siete años en ese puesto, dimitió después de participar en la protesta convocada por Hogar Social. Junto a los miembros del grupo neonazi, Leal se sumó a la manifestación contra los miembros de la Mesa del Parlament, en la que se escucharon gritos como «hijos de puta», «traidores» o «Cataluña es España», el lema de la pancarta de Hogar Social.

Otros agentes de policía tuvieron que escoltar a los miembros de la Mesa hasta que se subieron a un coche para que les sacara de la estación. Como se aprecia en los vídeos y fotos de ese momento, Leal se acercó entonces al vehículo para lanzar sobre el cristal su bandera de España mientras un Policía Nacional trataba de apartarlo.

Cuando se hizo pública su participación en la protesta, Leal presentó su dimisión. En una carta aseguró que estaba defendiendo su libertad de expresión y que su asistencia a la protesta fue «a título particular, sin que la misma guarde relación alguna con el desarrollo de la actividad sindical».

Sin embargo, optó por seguir con la representación laboral -es uno de los liberados de CPPM y se dedica enteramente a sus tareas sindicales- y continuar presidiendo la Junta de Personal de la Policía Municipal de Madrid, el órgano de personal del cuerpo en el que CPPM tiene mayoría de representantes. Gracias a ese cargo, Leal tiene un puesto en el Tribunal Calificador de las pruebas de oposición que se están celebrando y por las que se incorporarán 139 agentes este año.

Leal puede asistir a todas las sesiones del tribunal que examina a los nuevos policías locales, aunque no tiene derecho a voto. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, firmó en julio el decreto que le atribuía esa responsabilidad y que designaba a un suplente de la Unión de Policía Municipal (UPM). Fuentes sindicales aseguran que los dos observadores son elegidos por la Junta de Personal donde estos dos sindicatos tienen mayoría de dos tercios.

El Ayuntamiento indica que la presencia de representantes sindicales en el tribunal de las oposiciones es fruto de un acuerdo firmado hace años entre los sindicatos y la Dirección General de la Policía de Madrid. Fuentes del consistorio apuntan que tras el episodio con Hogar Social «se está estudiando» la presencia de Leal en el tribunal.

Propuso lapidar a los inmigrantes

Leal, además, es uno de los participantes en el chat de WhatsApp contra Carmena, en el que el exportavoz de CPPM intervino lanzando comentarios racistas. Es, por ejemplo, quien envía una captura de la noticia sobre el día de la Hispanidad que desata la ira de algunos agentes contra la alcaldesa. «Hija de la grandísima puta roja de mierda mal parida» es una de las respuestas que recibe a su captura de pantalla.

Leal envía al grupo la noticia que desata los comentarios contra Carmena.
Leal envía al grupo la noticia que desata los comentarios contra Carmena.

Cuando la conversación gira de los deseos de que Carmena tenga una muerte «agónica» a los mensajes contra la inmigración, Leal es de los miembros más activos. «En toda España, ilegales FUERA…esa es la Ley. Sin miramientos. Y al que delinca, fuera». Sus comentarios suben de tono a medida que avanza el intercambio de mensajes con algunos de los agentes. Tres de ellos han sido suspendidos y se les ha retirado el arma y la placa por amenazas a un compañero.

Leal pide a lo largo de ese debate en la red social que las fronteras estén «bien cerraditas», con vigilancia del Ejército, y aplaude a quien apuesta por electrificar la valla de Melilla. Cuando la charla adquiere tintes más violentos, este agente propone lapidar a los inmigrantes.

Comentarios de Leal en el grupo de WhatsApp.
Comentarios de Leal en el grupo de WhatsApp.
Leal propone lapidar a los inmigrantes.
Leal propone lapidar a los inmigrantes.

Aunque el Ayuntamiento solo indica que está estudiando la participación de Leal en las oposiciones, este agente también puede enfrentarse a una investigación interna. Según explicó Barbero en la entrevista con eldiario.es, Asuntos Internos está investigando a los agentes que vertieron comentarios racistas o exaltaron el fascismo. eldiario.es se ha puesto en contacto con Leal, que ha rechazado hacer declaraciones.

El sindicato de Leal ha criticado duramente al agente que denunció amenazas en ese chat, abierto inicialmente para tratar sobre reivindicaciones laborales. CPPM dijo que  no aprobaba los mensajes, pero cargó contra el denunciante por «buscar en el tiempo comentarios aislados sin conocer el contexto». Un segundo comunicado emitido días más tarde, CPPM aseguró que los tres agentes suspendidos eran «rehenes» del Ayuntamiento.

eldiario.es

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