Las ‘pop-up stores’ crecen como setas en España

La crisis vació miles de locales en España y reinventó el concepto de espacio comercial. Siguiendo la estela del mundo anglosajón, en los últimos años ha ganado cada vez más peso la comercialización flash, una tendencia basada enpuntos de venta con plazos de vida muy cortos –en ocasiones, apenas unas horas de existencia.

Popplace, una joven compañía basada en Barcelona, ha aprovechado este tirón a través de su plataforma online, que pone en contacto a propietarios con un local (o una parte de éste) vacío y negocios necesitados de un espacio efímero en el que entrar en contacto directo con sus clientes.

Esta es la definición básica de pop-up store, explica Karen Prats, fundadora de una firma con apenas dos años de vida y 22 trabajadores en plantilla. «Una pop-up sirve para testar mercados, aumentar puntos de venta o impulsar las ventas estacionales», analiza Prats durante una entrevista en el programa Duros a quatre pessetes de la Cadena Cope.

Locales en varios países

Tras ganar cuota de mercado en Cataluña y España, Popplace ha cerrado recientemente acuerdos con otros intermediarios similares en países comoFrancia y Alemania, lo que les ha permitido añadir a su catálogo locales en las principales ciudades de Europa.

Con el ánimo de seguir creciendo y convertir su herramienta en una «plataforma inteligente» que aporte información añadida sobre los locales que mejor convienen a cada negocio, esta empresa está ahora en busca de financiación.

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Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tiene 15 casas, 12 fincas, locales, garajes y un almacén

Apartamentos a pie de playa, terrenos de cereal secano, parcelas y viviendas en las zonas más prestigiosas de Madrid. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, tiene hasta 31 propiedades, parte a su nombre y parte a través de dos empresas de la trama, distribuidas entre Madrid, Salamanca, Zaragoza, Jaén y Málaga.

Gran parte de las viviendas que posee en Madrid están ubicadas en una de las zonas más acomodadas de la capital, en el barrio de Argüelles. Pineda tiene hasta cinco fincas en el Paseo del Pintor Rosales, y en total, el valor de sus propiedades se alza muy por encima de los 7 millones de euros, según estimaciones del mercado inmobiliario.

El sumario judicial refleja que Luis Pineda y su esposa, Teresa Cuadrado, son propietarios de un piso en el número 40 del madrileño Paseo del Pintor Rosales que ocupa 188 metros cuadrados y está valorado en torno al millón de euros. En ese mismo bloque, el matrimonio posee otra vivienda de 84 metros cuadrados valorado al menos en medio millón de euros y una plaza de garaje, que podría elevarse por encima de los 60.000 euros, según los precios de la zona. Las propiedades inmobiliarias que tiene el presidente de Ausbanc en la capital están muy cerca las unas de las otras.

La pareja tiene otra vivienda en una de las calles perpendiculares al Paseo de Pintor Rosales, Marqués de Urquijo, de 172 metros cuadrados. Pineda y Cuadrado compraron la vivienda en 1990 y actualmente podría alcanzar los 800.000 euros en el mercado.

Fuera de Madrid, el matrimonio tiene registrado a su nombre una vivienda adosada en la Costa del Sol y situada a pie de playa en la urbanización Arroyo Velerín, en Estepona. La casa tiene una superficie de 100 metros cuadrados y está valorada, según los precios actuales de mercado, en unos 150.000 euros.

Además, el propio presidente de la organización de consumidores, posee dos viviendas y un garaje fruto de la herencia que le transmitieron sus padres. Pineda comparte con su hermano Carlos Ricardo la propiedad de una vivienda ubicada en el número 17 de la calle de Arapiles, en pleno corazón del madrileño barrio de Chamberí, y un garaje en el mismo número. Además los hermanos también recibieron en propiedad una vivienda también en primera línea de playa de Estepona, en la urbanización Kai-Alde.

Las tierras de Ausprom

Al margen de propiedades a título individual, tenía a nombre de Ausprom, una de sus empresas, de las que es el único propietario, varias fincas y parcelas. La sociedad, creada en 1993 para la organización de convenciones y ferias y ubicada en Madrid, tiene hasta doce terrenos registrados a su nombre.

Concretamente, tiene en la localidad de Villamayor de Campos (Zaragoza) una finca de cereal secano de 8,48 hectáreas, otra de 5,7 hectáreas que adquirió en julio de 2014, un terreno dedicado a secano de 40 áreas que compró en 2011, otro de 28 áreas adquirido en 2013, una finca también de cereal secano de 24 áreas, y otra de las mismas características que ocupa 14 áreas. El cabecilla de Ausbanc tiene además en el casco de la misma localidad tres casas, una de 242 metros cuadrados, la segunda de 110 metros cuadrados, una tercera de la que se desconoce el tamaño y un corral que ocupa una superficie de 100 metros cuadrados.

La empresa también cuenta con otra vivienda más en Estepona, en el edificio ‘Centro Mar’, de nuevo a pie de playa, situada en el 218 de la Avenida de España del municipio. Ocupa una superficie de casi 100 metros cuadrados y su valor estimado es de 170.000 euros.

En la localidad de Carrascal de Barregas, en Salamanca, Ausprom posee desde 2002 una parcela de 790 metros cuadrados donde se ha construido una viviendas familiar de 144 metros cuadrados y un segundo solar adquirido ese mismo año de 900 metros cuadrados. En Jaén, Pineda cuenta con una parcela de 1.500 metros cuadrados en el monte de Jabalcuz donde se ubica un edificio llamado Ventorillo.

Finalmente, la empresa de Luis Pineda también tiene registrado a su nombre un local de 46 metros cuadrados en el número 45 de la calle Marqués de Urquijo, precisamente donde está la sede de Ausprom, y un piso en el número 44 de la misma calle de 348 metros cuadrados. Aunque la compañía del presidente de Ausbanc pidió en 1998 una hipoteca de 411.000 euros para hacer frente a la compra de la vivienda, actualmente la propiedad podría estar valorada por encima de los 1,5 millones de euros.

La empresa Estructuras y Servicios Inmobiliarios, también investigada en la trama y de la que Pineda era el presidente, tenía registradas a su nombre dos viviendas más en los números 70 de Pintor Rosales.

La primera de ellas ocupaba una superficie de 157 metros cuadrados con un sótano del mismo tamaño, lo que actualmente podría estar valorada en el medio millón de euros, y la segunda 76 metros cuadrados, con un sótano de 39 metros, que tendría un valor medio estimado en los 250.00 euros.

La organización tenía allí ubicados el bar ‘El Club de la Buena Vida’ y la agencia de viajes. La empresa, que se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios, también posee una pequeña vivienda de 41 metros cuadrados en la calle Altamirano de Madrid, y dos locales, uno de 300 metros y otro de 150 metros, donde están actualmente las sedes de la organización de consumidores en Madrid. Mientras la pequeña vivienda alcanzaría un precio de mercado de 125.000 euros, los locales llegarían al 1,2 millones de euros y a los 600.000 euros, respectivamente.

Estructuras y Servicios Inmobiliarios tiene además una nave industrial en Leganés de 360 metros cuadrados, adquirida en 2007, con un préstamo de 290.000 euros, y finalmente una vivienda en el número 8 de la calle Madre Soledad Torres Acosta de Jaén de 107 metros, comprada en 2009 con un préstamo de 165.000 euros. La red de Pineda solicitó el crédito a Caja Rural, precisamente una de las entidades con las que la organización llegó a un acuerdo por el que la caja le pagaba 1.200 euros por cada cliente que no le denunciara en el tema de las cláusulas suelo, según uno de los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (Udef) incluido en el sumario del caso.

Embargos

El juez Santiago Pedraz que instruye la causa contra Ausbanc y Manos Limpias por extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal entre otros delitos ha ordenado el embargo del total de las 31 propiedades de Pineda y sus dos sociedades.

Además también ha bloqueado las 13 propiedades del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, al igual que Luis Pineda, en prisión desde el pasado mes de abril, las cinco propiedades de Ángel Garay, adjunto a la presidencia de Ausbanc, y la vivienda del abogado de Ausbanc, Francisco Javier Castro-Villacañas. Bernad, por su parte, tiene registrado a su nombre doce locales en San Sebastián (País Vasco) todos adquiridos en virtud de una herencia, con una superficie total de más de 1.000 metros cuadrados.

Además tiene el 25 por ciento de un local de 66 metros en Valladolid. El secretario general de Manos Limpias declaró ante el juez que su arresto es «político» al estar el sindicato personado en el caso Nóos.

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Las autonomías salvan del cierre a 1.000 farmacias con ayudas públicas

Cerca de 1.000 farmacias españolas recibieron en 2015 una ayuda pública de su autonomía para no tener que cerrar por su escaso margen de facturación. En concreto, en 2015 hubo 975 farmacias -el 4,9% del total- de 15 autonomías distintas que se beneficiaron de una subvención de unos 850 euros al mes, según la comunidad, destinados a las boticas calificadas como de «viabilidad económica comprometida».

Este sistema de ayudas fue implantado en 2011 para las farmacias ubicadas en pequeñas poblaciones del medio rural que resultan esenciales.

El número de estas farmacias en serios problemas de seguir abiertas ha crecido un 40% en el último año, ya que en 2014, según las estadísticas del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, las farmacias viabilidad comprometida eran 687 boticas. Desde el año 2011, las oficinas de farmacia de baja facturación se pueden beneficiar de un sistema de ayudas públicas de los ejecutivos regionales para mejorar su margen de dispensación a través de una corrección positiva de la actual escala de deducciones. El límite de ayuda para las farmacias es de 833,33 euros mensuales al año.

Pocas ventas y alejadas

Para acogerse a las ayudas, las farmacias que lo soliciten deben cumplir una serie de requisitos, como que sus ventas anuales totales en términos de PVP (precio venta al público), incrementado con el IVA, no supere los 200.000 euros en el ejercicio económico correspondiente al año anterior; no haber sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional ni estar excluidas de la concertación con la Consejería de Sanidad correspondiente; participar en programas de atención farmacéutica; o estar instaladas en núcleos aislados o socialmente deprimidos que incluyen los municipios integrados en zona farmacéutica rural y que cuenten con una población menor o igual a 2.000 habitantes, entre otras condiciones.

Las autonomías aplican estos márgenes de mejora de forma retroactiva. Así, los cobros de este año se efectúan teniendo en cuenta las facturaciones correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) se ha reclamado en varias ocasiones una serie de modificaciones al sistema de compensación de márgenes que permita a estas farmacias rurales de viabilidad económica comprometida «tanto cubrir sus gastos fijos, como que sus titulares puedan alcanzar unos ingresos netos equivalentes a los de un farmacéutico de atención primaria».

Además, la asociación critica la decisión en 2012 de abrir la puerta a estas ayudas también a las farmacias urbanas que no alcanzaran los topes de facturación establecidos. Esa modificación, afirman, «tergiversa el espíritu de la medida inicial al limitar el criterio a un aspecto meramente económico». Las farmacias rurales defienden que son totalmente diferentes, por sus necesidades y su carácter esencial en sus poblaciones.

El número de farmacias en España sube a 21.937 en 2015

En el año 2015 se contabilizaron en España un total de 21.937 farmacias. El número total ha aumentado en 83 respecto al año 2014. En concreto, durante el año pasado se pusieron en marcha un total de 106 farmacias, 98 farmacias de ellas en municipios que no eran capitales de provincia, y se cerraron, ya sea de manera definitiva o temporal, 23 farmacias, siete de ellas en municipios capitales de provincia y las restantes 16 en provincia. De los 23 cierres de farmacias, 15 de ellos fueron cierres definitivos, mientras que ocho fueron cierres temporales. Además, en 2015 se produjeron 155 traslados de farmacias.

La Comunitad Valenciana fue la región con más farmacias nuevas, al concentrar 48 aperturas de las 106 de toda España, el 45 por ciento del total. A continuación se situó Cataluña, con 20 nuevas farmacias. Por contra, Castilla y León fue la autonomía que registró un mayor número de farmacias cerradas, cinco en total, aunque tan sólo uno de estos cierres fue definitivo. Estos datos se desprenden del informe anual que elabora el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

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Los partidos se vuelcan en las provincias que ‘deciden’ el 26-J

Las encuestas del 26-J coinciden en que de las urnas no saldrá un resultado tan contundente como para desbloquear el gobierno. Es más, será prácticamente idéntico al de diciembre, con una excepción:el impacto del acuerdo entre Podemos e IU-Unidad Popular para concurrir juntos a estos comicios.

Los partidos enfocan sus esfuerzos de campaña en aquellas circunscripciones en las que un mínimo porcentaje de votos les separó de lograr un escaño. La foto electoral permite comprobar cómo en la mayoría de estas provincias, la nueva candidatura tendría relativamente sencillo sumar los votos de IU para lograr ese diputado. Esta circunstancia le permitiría, en varios casos, igualar o superar al PSOE. Incluso al PP.

Podemos: doce escaños más ‘casi’ seguro

Con este pronóstico se trabaja en el equipo de campaña de Pablo Iglesias. Aunque la euforia se temple con las resistencias del sector más moderado, el de Errejón, a creer que la suma electoral sea una“cuenta de ábaco”.

Considerando las provincias con una diferencia de votos más ajustada en el último escaño, Podemos-IU podría obtener un diputado de forma casi segura en doce.

El ejemplo más gráfico es el de Castilla-La Mancha, donde el partido no logró representación en varias provincias pese a quedarse ‘a las puertas’. En Albacete, por 1.522 votos, en Ciudad Real, por 1.062 y en Guadalajara, por apenas 819. En todos estos casos, la suma de IU, con más de 9.000 papeletas en los dos primeros y de 5.000, en el segundo, le facilitaría lograr ahora ese diputado e igualar al PSOE en Albacete y en Guadalajara. En esta última, también al PP.

Otro caso destacado, por su valor estratégico, es el de Valencia, donde el batacazo al PP podría ser aún mayor al de diciembre. En este caso, Esquerra Unida-que no formó parte de la confluencia Compromís-Podem, se quedó a 10.387 votos de obtener representación.Podemos, con 395.729, anotó cinco, los mismos que el PP. Ahora, podría convertirse en la primera fuerza en esta provincia.

‘Golpe’ al PSOE en Andalucía

El ‘golpe’ al PSOE podría venir sobre todo por Andalucía, donde los de Iglesias podrían igualar a los socialistas en Málaga con tres diputados y lograr escaño por Jaén- le separan 1.104 votos. En Sevilla, amenazaría al PP, logrando tres diputados.

En Granada, los socialistas podrían sumar en cambio uno más, ya que el 20-D se quedaron a apenas 744 votos. Tienen dos, con lo que el tercero les igualaría al PP. Los populares se enfocan a Almería, donde por 1.040 sufragios no anotaron su tercer escaño.

Otras provincias que ‘estudian’ en Podemos son Teruel, donde no se logró representación: les faltarían 2.307 votos, según los resultados del 20-D, aunque la suma con IU, con menos de 4.000, se antoja más complicada. Asturias es otra incógnita. Los de Garzón lograron 9.880 votos, pero no tuivieron escaño. Podemos, con 132.007, se anotó dos. En este caso, podría superar al PSOE (2) e igualar al PP (3).

El País Vasco es otra de las plazas de más interés para Podemos. El resultado del 20-D permitió comprobar ya el buen arraigo del partido en la comunidad. Ahora, según las proyecciones, saldría reforzado. En Álava, Podemos, que fue la fuerza más votada, se quedó a 2.322 papeletas de sumar un nuevo diputado. En Vizcaya, la diferencia es mayor, 11.929 votos, con lo que sumar los 18.391 de IU-UP es más complejo. Esto sería un golpe para el nacionalismo del PNV, con el que igualarían a tres escaños.

Ciudadanos: Castilla y León, clave

Para Ciudadanos, la comunidad estratégica es sin duda Castilla y León. El partido de Rivera fue la que más cerca se quedó de sumar un escaño en cuatro provincias. En Ávila- 4238 votos- en Burgos-3.240- en Palencia-6270- y en Segovia, con 2441. En ninguna de estas provincias consiguió representación. La diferencia es amplia, y el esfuerzo se dirige a arrancar voto del PP, sobre todo, pero también del PSOE.

Por su parte, Podemos fue la fuerza más próxima a obtener escaño en otras tres provincias castellanoleonesas. Sin embargo, en este caso, la suma con IU-UP no sería suficiente.

En Badajoz, donde los ‘naranjas’ tampoco sacaron representación, tendrían que lograr ahora casi 2.000 votos. Lo mismo ocurre en La Rioja, donde 1.233 votos les permitirían igualar a un escaño a PSOE y Podemos.

En Madrid, el PSOE se quedó a 5.096 votos de sumar un escaño más, igualando a Ciudadanos, con siete. Los socialistas fueron cuarta fuerza. Pero los pronósitocos no son en cambio optimistas: Podemos sumaría los dos diputados de IU, según las proyecciones, lo que les permitiría obtener diez, a tres de lo logrado por el PP el 20-D.

En Galicia la situación podría ser prácticamente idéntica. En las cuatro provincias, las diferencias de papeletas para lograr un nuevo escaño son superiores a las 8.000.

El PP: a la conquista de 600.000 votos de Ciudadanos

Los pronósticos han de ser tomados con todas las cautelas. En primer lugar, por la elevada abstención que, según los sondeos, se registrará el 26-J. Además, por el posible trasvase de voto entre las formaciones. Según el CIS, los de Iglesias son precisamente los más vulnerables a la ‘infidelidad’ de su electorado.

El PP centrará parte de su estrategia en apelar a los votantes de Ciudadanos en una docena de provincias en las que la formación de Rivera no logró representación, pero sí se considera que perjudicó a los ‘populares’. En estas plazas, el mensaje de Rajoy será claro: si no se vota al PP, se acabará beneficiando a Podemos.

Los integrantes de la formación naranja no lograron escaños en un total de 26 provincias españolas, pero en al menos la mitad de ellas la suma de este voto con el del PP no le daría ni un sólo escaño más. Sin embargo, los populares han identificado cerca de una docena de provincias en las que si todos o parte de los votantes de Ciudadanos optaran por el PP, este partido lograría un escaño más y evitaría que se lo llevara Podemos o el PSOE.

Estas 26 provincias en las que el partido de Rivera no logró representación son: Huelva, Jaén, Huesca, Teruel, Avila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ciudada Real, Cuenca, Lérida, Girona, Badajoz, Cáceres, Lugo, Orense, Pontevedra, Navara, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Entre todas ellas suman unos 600.000 votos que no lograron representación y el PP se ha marcado como objetivo recuperar buena parte de ese voto pero sobre todo los 325.000 votos que están concentrados en una docena de provincias.

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Los españoles baten el récord solidario para ayudar a los más necesitados

Una vez más los españoles han respondido con enorme espíritu solidario hacia las miles de familias que padecen una situación crítica. En los momentos más adversos, cercados por el riesgo de pobreza o sumidos ya bajo el umbral de la miseria, muchos habitantes necesitan de ayudas indispensables hoy en día para intentar salir adelante.

Ante esta situación, los ciudadanos se han volcado el pasado año a los bancos de alimentos del país para realizar donaciones que lleguen a los más afectados. El volumen de comida ha sido tal que los 55 bancos de alimentos repartidos por toda España multiplicaron en 2015 su actividad, hasta el punto de que batieron su récord histórico de reparto de comida no perecedera, con 152,9 millones de kilogramos que llegaron a 1,57 millones de beneficiarios, lo que supone una media de 97,4 kilos por persona.

Fesbal no había entregado nunca antes tanta comida a personas necesitadas desde que nació en 1996, después de que en Barcelona se creara la primera entidad de este tipo (1987) y posteriormente surgieran otras, hasta alcanzar las 55 organizaciones actuales.

En noviembre del pasado año, lainformacion.com transitó junto a voluntarios, integrantes de las ONG y a los más humildes (que reciben las ayudas) cada uno uno de los pasos que constituyen un fenómeno solidario sin precedentes. Entonces ya informábamos que los bancos de alimentos estaban por batir el récord histórico de ayuda en España.

A finales del pasado año, 110.000 voluntarios de todo el país consiguieron recoger en apenas tres días 21 millones de kilos de alimentos, para entregar 115 kilos de comida a cada español necesitado al año.

En la actualidad hay más de 300.000 familias que necesitan asistencia básica como la provisión de alimentos para poder subsistir, según datos del Banco de Alimentos de Madrid.

Los últimos datos de Fesbal, a los que tuvo acceso Servimedia, señalan que los bancos de alimentos repartieron el año pasado un total de 152.932.197 kilogramos de comida no perecedera, que entregaron a 8.488 instituciones benéficas y que llegaron a 1.571.932 personas a través de 2.932 voluntarios.

El reparto de comida de 2015 supone 10.807.629 kilogramos más que el año anterior, esto es, un incremento del 7,6%. Además, el crecimiento en la actividad de los bancos de alimentos en España ha sido exponencial desde el comienzo de la crisis económica.

Así, distribuyeron 64.358 toneladas en 2008, que subieron a 66.379 en 2009; 83.273 en 2010; 103.517 en 2011; 102.799 en 2012; 118.331 en 2013; 142.125 en 2014 y 152.932 en 2015.De esta forma, los 55 bancos de alimentos españoles han visto incrementado el reparto de comida no perecedera en un 137,6% desde que la crisis económica estallara en España en 2008.

Algo similar ocurre con las personas que han recibido esta ayuda, ya que han pasado de 910.274 en 2008 a 777.336 en 2009; 980.296 en 2010; 1.072.670 en 2011; 1.292.247 en 2012; 1.496.062 en 2013; 1.667.474 en 2014 y 1.571.932 en 2015, que supone el primer descenso. El incremento en este ciclo es del 72,7%.

Respecto a las entidades benéficas que recibieron los alimentos, fueron 6.556 en 2008; 4.978 en 2009; 6.727 en 2010; 7.281 en 2011; 8.217 en 2012; 8.386 en 2013; 8.652 en 2014 y 8.488 en 2015, también con una primera bajada el año pasado.

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Felipe González pidió a un criminal de guerra favores para un empresario amigo

El expresidente del Gobierno Felipe González firmó en 2009 sendas cartas dirigidas a los presidentes de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, ySudán del Sur, Salva Kiir, para facilitar que el polémico empresario hispanoiraní Farshad Zandi –que aparece en los llamados «Papeles de Panamá»- se hiciera con un yacimiento petrolífero, según informa El Mundo.

El exlíder socialista redactó la misiva el 2 de septiembre de 2009, seis meses después de que la Corte Penal Internacional ordenara el arresto de Al-Bashir por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

González se ha implicado personalmente en contactos al más alto nivel para que Farshad Zandi diera un pelotazo en Sudán y otros países africanos. El empresario fundó en 2005 la sociedad Star Petroleum en Luxemburgo para proyectos energéticos y dio años después con uno gigantesco, pero necesitaba apoyo. Para ello, recabó la ayuda de su amigo español, quien no sólo se prestó en 2013 a grabar un vídeo de loa a Zandi: cuatro años antes, escribió en persona a quienes tenían poder de adjudicar el llamado «Bloque E«, un yacimiento de 45.000 kilómetros cuadrados con entre 500 y 2.000 millones de barriles de petróleo estimados y un coste de extracción de apenas ocho dólares por barril.

Sudán del Sur no fue reconocido como Estado independiente hasta 2011, pero en 2009 ya contaba con un Gobierno autónomo. Para no correr riesgos, González firmó sendas cartas, tanto al citado presidente del Norte de Sudán –sin que le contuviera la orden de arresto internacional- para que apoyara la adjudicación al hispanoiraní, como al de Sudán del Sur, Salva Kiir. Fueron idénticas, y en ellas, González aseguraba «que (Zandi) es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel»

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La UE pondrá una multa récord al cártel de fabricantes de camiones

Según informa Financial Times, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE, ya emitió un pliego anunciando los cargos que se iban a imputar a DAF, Daimler, Iveco, Scania, MAN y Volvo / Renault en 2014. De momento, cuatro de ellas ya han provisionado una cantidad total de 2.600 millones de dólares ante la posibilidad de ser multados. Personas cercanas a las discusiones sobre la sanción han asegurado que están esperando que la multa se produzca este año, posiblemente en cuestión de semanas, a menos que haya una reversión de la Comisión Europea.

La multa prevista superará el récord anterior de la UE, que se encontraba en los 1.400 millones de euros que se impusieron a un cártel que producía tubos y monitores de televisiónen 2012. Vestager ha comparado la acción contra los fabricants de camniones con las acciones antimonopolio emprendidas contra Google o Gazprom, en este último caso por el monopolio de exportación de gas de Rusia.

¿EN QUÉ SE BASARÁ LA SANCIÓN?

La UE está analizando el comportamiento de las seis empresas entre 1997 y 2011, de acuerdo con los documentos a los que ha accedido el diario británico. Los cargos describen varias formas en las que los fabricantes supuestamente habrían pactado precios, y además, tras el escándalo de las emisiones de Volkswagen, las empresas también han sido acusadas de acordar el «tiempo y el incremento de los precios para la introducción de las nuevas tecnologías de emisión».

Las compañías han dicho que están cooperando con la investigación de la UE, pero avisan: podrían apelar cualquier decisión negativa en su contra

En este sentido, Vestager ha hecho hincapié en que Europa tiene 600.000 transportistas -en su mayoría pequeñas empresas- y sostiene que la existencia de un pacto de precios entrelos fabricantes de camiones habría llevado al alza los precios de todo, desde la comida a los muebles. Las compañías que están en el punto de mira han dicho que están cooperando con la investigación de la UE, aunque también han avisado de que podrían apelar cualquier decisión negativa en su contra.

Como preparación para un a posible multa importante, DAF ha provisionado 945 millones de dólares, Iveco 500 millones de dólares, mientras que Daimler ha apartado 672 millones de dólares. Por su parte, Volvo ha apartado 444 millones de dólares. El delator de los hechos, MAN, que es propiedad del Grupo Volkswagen, es muy posible que escape a una multa. Sólo Scania, que también es propiedad de Volkswagen, es la única que no ha provisionado ninguna cantidad. Entre los seis tienen el control casi total del mercado.

Pese a la postura adoptada por las compañías, abogados especializados han advertido de que ello no significa que la Comisión no vaya a imponer una multa superior a las estimaciones que se han hecho ahsta ahora. La legislación de la UE permite sancionar a las empresas con multas de hasta el 10% de su facturación global. En este caso podría ascender a un máximo de 10.700 millones de euros.

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Jubilación digna: las alternativas para salvar el sistema público de pensiones

Llueve a cántaros en la Gran Vía de Madrid un día a mediados de febrero y las ráfagas de viento añaden una desagradable dimensión horizontal a las precipitaciones. Dentro de la sucursal de una gran entidad financiera el temporal no amaina. “Está cayendo China, está cayendo Estados Unidos, hay problemas en Europa, está el mundo muy jodido”, cuenta María, una de las gestoras que atiende a la clientela. Vaya, parece ser mal momento para abrir un plan de pensiones. “Al contrario”, asegura, “es buen momento porque si las bolsas están abajo sólo pueden subir, y un plan de pensiones hay que verlo a largo plazo”. Recomienda un producto de riesgo “moderado” con una aportación mensual a partir de 50 euros que se pueden desgravar del IRPF gracias a los beneficios fiscales que da el Estado a estos vehículos de ahorro para la vejez. “Es nuestro producto estrella, casi todos los clientes aquí lo tienen”, afirma María y zanja contundente: “El que no tenga plan de pensiones, muy mal”.

Hace tiempo que los bancos y aseguradoras hacen campaña para convencer a la ciudadanía de queahorre para su jubilación a través de estos instrumentos de inversión privados. A la vez, presionan a los gobernantes para otorgar más ventajas a estos productos. El sector financiero juega con los graves problemas que experimenta el sistema público de pensiones, uno de los principales pilares del llamado Estado de bienestar. El futuro de las pensiones está en el limbo si no se hace nada. Con las últimas dos reformas del sistema, la del gobierno del PSOE en 2011 y la del PP en 2013, la retribución de los futuros jubilados no hará más que descender con el declarado fin de lograr estabilizar la caja de la Seguridad Social. Entre otras medidas, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años, en línea con lo que hicieron otros países como Alemania, Francia o Italia. Mariano Rajoy introdujo el llamado factor de sostenibilidad, según el cual la cantidad a percibir en el futuro se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida del jubilado y la situación socioeconómica en general.

Con este panorama, varios estudios, algunos patrocinados por las aseguradoras, prevén que las prestaciones bajarán un 30% o 35% de aquí a 2050, con la pensión mínima cayendo de 634 euros mensuales hasta unos 450 euros a precios de hoy. Los jubilados actuales se han manifestado en muchas ocasiones contra los recortes recientes de los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero y Rajoy. Sin embargo, mucho peor lo tendrán los jóvenes de hoy, la generación del 15-M y de los movimientos de protesta contra el desmantelamiento y la privatización del Estado de bienestar. Entre la gente de menos de 50 años está cundiendo cada vez más la sensación de que apenas van a cobrar una pensión pública al final de su vida laboral. También muchos de quienes empezaron a ahorrar para su jubilación han sufrido un revés por culpa de la crisis. Desde 2009 las cotas de desempleo récord han obligado a medio millón de personas a retirar dinero de su fondo de pensión privado, algo que la ley permite sin penalización fiscal en situaciones graves como el paro de larga duración.

Hay algunos datos irrefutables que amenazan la sostenibilidad del sistema tal y como está diseñado ahora. El envejecimiento de la población –el famoso cambio demográfico en el lenguaje de economistas y sociólogos– hace aumentar la proporción de jubilados sobre trabajadores. Habrá cada vez menos asalariados que tendrán que sostener a cada vez más pensionistas a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es un sistema de reparto en el que, en principio, sólo puede salir de la caja lo que entra.

En el caso de España, las altas tasas de paro y la creciente precariedad laboral están haciendo mella en esta caja de la Seguridad Social. El Gobierno del PP alardea del aumento de cotizantes por el descenso del paro en los últimos dos años, pero la inmensa mayoría de estos nuevos puestos de trabajo son temporales o a tiempo parcial, normalmente con salarios bajos. Por ello, el número de cotizantes está subiendo más que las aportaciones medias a la Seguridad Social ya que los trabajadores y trabajadoras precarios sólo pueden pagar la cuota mínima. Lo mismo vale para los autónomos, otra apuesta del Gobierno conservador para reducir el paro. El 86,3% de los trabajadores por cuenta propia sólo cotiza por la base mínima de 264 euros al mes, según datos de la Revista Seguros que edita El Economista. Por ese motivo la pensión que reciben los autónomos hoy ya está un 30% por debajo de la media, unos 691 euros al mes frente a los 1.026 que reciben los trabajadores por cuenta ajena. “No cabe esperar que en el futuro inmediato las cotizaciones sean suficientes para financiar unas prestaciones crecientes”, reza un informe del catedrático de Hacienda Ignacio Zubiri para la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

No hay que esperar al futuro inmediato. En los últimos tres ejercicios, el Gobierno metió mano en la caja del Fondo de Reserva, que fue acordado en 2000 como fruto del Pacto de Toledo entre los grandes partidos para disponer de un colchón durante las épocas de vacas flacas. El año pasado, el Ejecutivo retiró 7.750 millones de euros de la hucha para pagar las pensiones porque los ingresos por cotizaciones no alcanzaban la cantidad que se tenía que pagar a los jubilados. Actualmente, el Fondo de Reserva tiene 32.000 millones de euros, una cantidad apenas suficiente para cubrir cuatro meses de prestaciones, según el citado estudio de Funcas.

Los costes laborales

¿Qué hacer? Subir las cotizaciones de los trabajadores y las empresas está descartado por la gran mayoría de políticos y expertos porque encarecería la mano de obra, lo cual desincentivaría la contratación. Otra opción sería financiar las pensiones con los ingresos generales del Estado, es decir, asignar una partida en los presupuestos para tapar el déficit de la Seguridad Social. Por ahora, el Estado ya se hace cargo, sin tocar la caja de las pensiones, de las llamadas prestaciones no contributivas. En otras palabras, garantiza las ayudas asistenciales para aquellas personas que no han podido cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión mínima.

Financiar más prestaciones para los jubilados con los impuestos es lo que proponen tanto el PSOE como Podemos en los planes que presentaron en febrero, donde trazan sus respectivas líneas programáticas para sondear un gobierno de centroizquierda. “La introducción del factor de sostenibilidad ha provocado la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, y perpetuará esta tendencia en los años venideros. Además, el incremento del paro, la precarización, la temporalidad y el descenso de los salarios han puesto de manifiesto las debilidades del sistema público de pensiones; debilidades que persistirán si no se mejoran los mecanismos actuales de financiación”, refleja el documento de la formación liderada por Pablo Iglesias. Su solución: “Introducir progresivamente la financiación por vía impositiva, tanto para las pensiones de muerte y supervivencia como para el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida”. Con Podemos la factura subiría ya que propone volver a bajar la edad de jubilación a los 65 años y restituir la indexación de la prestación al IPC, así como aumentar la pensión no contributiva hasta el salario mínimo interprofesional. Las propuestas de Izquierda Unida van en la misma dirección.

El Partido Popular, por su parte, prometía en su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre que “avanzaremos y consolidaremos el fortalecimiento del sistema de pensiones”, pero no ofreció ningún detalle de cómo piensa conseguirlo. Eso sí, hablaba de favorecer el ahorro de las familias con más deducciones en el IRPF, lo cual es justo lo que reclama el sector financiero. De asumir parte del gasto de las jubilaciones con los ingresos generales del Estado no se decía nada en el programa. Sin embargo, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, dejó una puerta abierta en los Presupuestos Generales de 2016 para que algunas pensiones que hoy se financian sólo con las cotizaciones, como las de viudedad, pasarán a ser pagadas con otras partidas presupuestarias. En la presentación de los PGE en agosto pasado –en pleno verano por las prisas del PP de dejar las cuentas aprobadas antes de ir a las urnas–, Montoro propuso que “el Estado financie con impuestos la parte menos contributiva de la Seguridad Social”.

Albert Rivera, de Ciudadanos, sugería, indirectamente, que se podría tapar el agujero en la caja de la Seguridad Social con dinero del presupuesto general al comentar recientemente que le parecía “una barbaridad proyectar líneas de AVE mientras no puedes pagar las pensiones o la dependencia o la sanidad o tienes que subir impuestos a los ciudadanos”.

El discurso dominante

En el discurso dominante, que reina en España y otros países, las pensiones son consideradas principalmente como una carga para las arcas públicas, un gasto tan inevitable como molesto. De ahí que las soluciones que se están debatiendo e implementando pasan casi siempre por reducir el coste del sistema con más y más recortes. Sin embargo, otra mirada es posible. “El debate político sobre la sostenibilidad de las pensiones se queda solamente en el lado del gasto que suponen pero no se suele tener en cuenta el impacto económico que tienen estas prestaciones”, afirma Fernando Bermejo, profesor ayudante del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Junto con su colega de la UCLM Eladio Febrero, acaba de publicar a través de Funcas un informe que mide el efecto que tuvieron las pensiones durante la última recesión económica en España. Basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los dos economistas han calculado que el consumo de todos los hogares cayó un 12% entre 2006 y 2014. No obstante, el gasto de los hogares donde vivía por lo menos un jubilado aumentó durante la crisis en un 19,3%. Esto se debe al incremento tanto del número total de jubilados como del importe medio de la prestación porque en estos años se retiró gente que había cotizado más durante su vida profesional que la generación anterior. Además, muchos pensionistas se convirtieron en el sostén de su familia por culpa de la explosión del paro.

Es más, el gasto de la gente mayor crea más empleo, según este estudio. “Como sus ingresos son menores, los jubilados no suelen gastar en productos de lujo sino en artículos de primera necesidad y también en servicios, especialmente tratamientos médicos y cuidados, los cuales requieren mucha mano de obra”, explica Bermejo. ¿Las pensiones como plan para estimular la demanda y crear empleo? Los cálculos de los dos economistas de la UCLM concluyen que el número de empleos en sectores que dependen más del consumo de los pensionistas subió en 122.300 personas entre 2006 y 2011, en plena crisis.

Mientras los dirigentes políticos debaten sobre formas para salvar las pensiones públicas, hay quien no ve con malos ojos que bajen las prestaciones y que se cuestione día sí y otro también la sostenibilidad del sistema. El sector financiero está ejerciendo mucha presión, con todo el poder de su lobby, para que los gobernantes favorezcan a sus productos de inversión para la jubilación. El dinero de los ahorradores es fundamental para la industria, es la sangre que hace funcionar el sistema.

En noviembre pasado, en plena precampaña electoral, Pilar González de Frutos, la presidenta de la patronal de las aseguradoras, Unespa, arremetió contra los partidos de izquierda que cuestionaban la idea de dar más ventajas fiscales a los planes de pensiones privados. “Estoy segura de que piensan que trabajan para la igualdad, pero no es verdad. En realidad, su postura favorece la desigualdad socioeconómica”, dijo en un foro del diario ABC en Madrid. “Si hoy ya hay una desigualdad entre ganancias salariales, la que habrá dentro de décadas entre las pensiones generadas por esos salarios será mucho mayor”, subrayó González de Frutos. De nuevo, en referencia a estos partidos de izquierda, la presidenta de la patronal del seguro afirmó que “prometen a su votante que el sistema de reparto será lo suficientemente potente para rellenar esta brecha en una proporción razonable, pero ¿y si no pasa?”. Como ejemplo a seguir citó a Alemania, donde el Estado aporta dinero a los planes de pensiones privados en función de lo que destina a estas cuentas la persona trabajadora, un sistema conocido como “Riester-Rente”. Suena bien, pero en la página web de la propia Unespa se da cuenta del principal problema para que los ciudadanos en España empiecen a meter más dinero en la hucha de las aseguradoras: “Evidentemente, para ahorrar hay que tener renta disponible, algo que para la mayoría de las personas en estos momentos es muy complicado”.

Aunque el volumen de dinero que los españoles destinan a fondos de pensiones privados ha subido mucho en las últimas décadas, el país sigue en la cola a nivel internacional. En España, el 18,6% de la población tiene un plan privado frente a la media del 31% en la Eurozona, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para cambiar esto, las entidades financieras, además de actuar como lobby, emplean dos métodos: la presión y la persuasión. Lo primero consiste básicamente en contribuir a reforzar la idea de que el sistema público está irremediablemente roto y que en el futuro no habrá más prestaciones. Este es el mensaje que se repite en un sinfín de estudios académicos, como uno de 2013 de la Fundación Edad & Vida, integrada por las principales aseguradoras como Mapfre, VidaCaixa, Allianz o DKV, así como empresas que prestan servicios para gente mayor como el grupo Eulen o las clínicas Quirón. Entre otros aspectos, el informe comenta las ventajas e inconvenientes de las pensiones mínimas. “[…] Garantizan un nivel de vida mínimo para los mayores y son uno de los componentes básicos de los Estados de Bienestar. Pero tienen el inconveniente de que crean desincentivos para el trabajo”, afirma el estudio hecho por los profesores del IESE Business School, Antonio Argandoña, Javier Díaz-Giménez, Julián Díaz-Saavedra y Beltrán Álvarez, y patrocinado por la aseguradora Zurich. En España, uno de cada tres jubilados recibe sólo la prestación mínima. Los expertos de la Fundación Edad & Vida proponen limitarla al 20% de los salarios. “En cualquier caso, parece razonable pensar que la principal forma de incentivar el ahorro voluntario es que las pensiones mínimas y las pensiones obligatorias sean poco generosas”, concluyen los autores.

La otra vía es la persuasión de las ventajas de tener un plan de pensión privado. Para eso están las campañas publicitarias. En un publireportaje en la ya citada revista Seguros de El Economista, Metlife, una de las grandes aseguradoras de EEUU que opera también en España, se afirma en tono autoreflexivo que “es nuestra responsabilidad educar a la población para instaurar una cultura del seguro desde edades tempranas”. Y cita una encuesta del instituto ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras) que revela que el 34% de los menores de 35 años “no es consciente de la importancia de proteger su futuro”.

Pero la mentalidad ya está cambiando, en opinión de Tomás Muniesa, el consejero delegado de VidaCaixa, la aseguradora de la gran entidad financiera catalana, que el año pasado superó a Mapfre como líder del sector en España. En la presentación de resultados el 16 de febrero –en 2015 tuvo un beneficio neto de 340 millones de euros– se destacó que la crisis ha hecho entender a la ciudadanía que su pensión ya no se acercará al último salario, ni que la compra de vivienda sea una garantía. Los españoles “son cada vez más conscientes de la necesidad de ahorrar para su jubilación”, resumió Muniesa.

Estrategia comunicativa

En la página web de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) también se promociona este producto de ahorro: “Ante la incertidumbre sobre la evolución futura de las pensiones públicas, los Planes de Pensiones se configuran como un instrumento óptimo de ahorro a largo plazo, que complementen nuestra pensión pública de jubilación, con ventajas relevantes frente a otros productos de ahorro-previsión”. Entre estas ventajas, se citan la supervisión de los fondos, con fuertes límites y normas acerca de los activos en que pueden invertir, así como los beneficios fiscales. Lo último ha cambiado: Montoro bajó la cantidad de dinero que se puede desgravar del IRPF por tener un plan de pensiones de 10.000 a 8.000 euros anuales, lo cual no sentó nada bien en el sector. Curiosamente, en su programa electoral del 20-D propone lo contrario.

Otro reclamo de los fondos de pensiones es que supuestamente son absolutamente seguros, a la vez que ofrecen una buena rentabilidad. “La inmensa mayoría de nuestros productos son auténticas huchas, donde tu dinero siempre está protegido, no se pierde pase lo que pase en los mercados financieros y, además, va creciendo día a día con la rentabilidad que ofrece el Seguro”, incide la propaganda de la patronal Unespa. Sin embargo, esta rentabilidad ha quedado en entredicho ante la actual convulsión en los mercados. Los planes de pensiones, en parte por requerimiento legal, suelen destinar la mayor o buena parte del dinero a la renta fija. Pero los intereses de los bonos han bajado mucho, mientras las bolsas han caído en los últimos meses y reina el desconcierto sobre la marcha de la economía global, por lo menos a corto plazo. No en balde todos los productos de ahorro-previsión, incluso los llamados “prudentes”, incluyen la siguiente cláusula en el contrato: “El Plan de Pensiones no garantiza rentabilidad, pudiendo incurrir en pérdidas, en función del comportamiento de los mercados financieros”. Sea por la crisis, el trabajo precario, el recorte fiscal de Montoro o las dudas sobre la bolsa, el dinero que los españoles aportaron a sus planes cayó el año pasado un 7% frente a 2014, según datos de Inverco.

“Las categorías seguras se han visto lastradas por una coyuntura global de tipos de interés bajos, que tampoco cambiará mucho tras la subida a finales de año de tipos en Estados Unidos”, escribió el analista Antonio Gallardo en el diario económico Cinco Días en febrero. “El resultado es que las categorías tradicionalmente seguras hay muchas que apenas mantienen el patrimonio o incluso ni eso, lo cual complica la situación de muchos inversores”, advierte este experto y recomienda “mantener la calma y pensar en el largo plazo”, igual que María, la empleada de la sucursal de la Gran Vía madrileña.

Conseguir una rentabilidad interesante se está haciendo cada vez más difícil y la cantidad de dinero a disposición de los inversores institucionales en el mundo, los bancos, aseguradoras y fondos, no deja de crecer.

Otro día, a mediados de febrero, en la recién inaugurada Ciudad Financiera del BBVA en el barrio de Las Tablas al norte de Madrid. Hace un sol radiante de invierno pero la temperatura ha bajado sensiblemente. En la sala de uno de los edificios que rodean el flamante rascacielos central, La Vela, los expertos de BBVA Global Markets Research presentan el informe estratégico de 2016. Se muestran razonablemente optimistas y creen que los precios actuales en los mercados ya tienen en cuenta todos los riesgos posibles tras la última corrección y que los datos fundamentales de la economía, la deuda de empresas y hogares, están mejor que cuando estalló la gran crisis en 2008. “Hay muchísima liquidez en el mercado y tiene que invertirse”, afirma Antonio Pulido, el director de este servicio de estudios. Ahí surge la duda: ¿Se invertirá en cosas meramente especulativas como ocurrió en el pasado y provocó la crisis, o en empresas productivas? “No se puede perder la distancia de lo que pasa en el mundo financiero y lo que pasa en la economía real”, admite Ana Munera, la directora de Global Equity del BBVA. Su compañero Pulido coincide: “Es importante que este exceso de liquidez no vaya al carry trade(operaciones puramente especulativas) sino a la economía real. Es lo que se está intentando hacer, construir puentes”.

Gigantes del dinero

Los ahorros de millones de personas en todo el mundo forman parte de los mercados, son su alimento fundamental. Las aseguradoras y bancos españoles son minúsculos comparados con los líderes del sector. Empresas como la californiana Pimco gestionan los patrimonios de fondos de pensiones y mutuas, desde los profesores de Arkansas hasta los bomberos de Chicago, y también opera en España. Blackrock, también norteamericana, es la indiscutible número uno de los fondos de inversión en el mundo, con un patrimonio bajo gestión de 4,6 billiones –con b– de dólares, cuatro veces el tamaño del PIB español.

En los últimos tiempos, estos inversores institucionales han pasado a adoptar estrategias más agresivas –o proactivas según como se mire– al tomar importantes posiciones en las empresas cotizadas que les permite entrar en los órganos de administración para velar por sus intereses. Lo hacen también entidades españolas como Santander, BBVA o Caixabank, que están entre los principales accionistas de varias empresas del Ibex-35, como Telefónica o Gas Natural. Ahí es donde puede surgir un conflicto de intereses que, de cierta manera, está en el centro de la batalla por las pensiones. Las empresas, por un lado, tienen que controlar sus costes, incluyendo los laborales, por lo cual presionan para que las cotizaciones a la Seguridad Social no suban o, mejor aún, que bajen. Por otro lado, deben asegurar dividendos suculentos para sus inversores que buscan la máxima rentabilidad, entre otras cosas para los fondos de pensiones.

En ocasiones, estos grandes inversores financieros hacen caja a costa de las empresas de la llamada economía real. El verano pasado, Blackrock tomó posiciones a corto en Abengoa, uno de los líderes mundiales en energía solar. Es decir, el fondo apostaba a que las acciones de la empresa sevillana cayeran, que es lo que pasó cuando llegaron a conocerse los problemas financieros del grupo de renovables. Estas posiciones a corto, short selling, suelen acelerar el derrumbe de su objetivo. En noviembre, Abengoa tuvo que solicitar un concurso de acreedores, el mayor en la historia empresarial de España. Al cierre de esta edición aún no había solución para el rescate. Para Blackrock fue un negocio redondo, y por ello para sus inversores, entre los que hay numerosos fondos de pensiones. Por cierto, poco antes de apostar contra Abengoa, Blackrock había fichado al ex consejero delegado de la empresa, Manuel Sánchez Ortega, recién despedido.

Buscar rentabiliad en los mercados financieros, pues, tiene su truco. De ahí que algunos países apuestan por un sistema mixto de reparto y de capitalización, es decir, una parte de las pensiones se paga con las cotizaciones y otra sale de un fondo de inversión. En Suecia, por ejemplo, los trabajadores ceden un 16% de su salario a la caja de la Seguridad Social y dedican un 2,5% adicional a un fondo obligatorio, eso sí, gestionado por el Estado.

Hay muchas maneras, pero una forma obvia de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por mejorar las condiciones de los trabajadores para que puedan contribuir más a su jubilación, sobre todo en España. “Es cierto que la población es cada vez mayor, pero la clave es el mercado laboral”, dice Bermejo, de la UCLM: “En vez de recortar pensiones los esfuerzos deberían centrarse en crear más y mejores puestos de trabajo. Si aumenta la productividad, las cotizaciones serán mayores”. Una persona que encadena trabajos temporales mal pagados o un autónomo con ingresos bajos sólo aporta el mínimo a la Seguridad Social y difícilmente tendrá dinero a final de mes para meterlo en un plan de ahorro. “Los que defienden un mayor incentivo a las pensiones privadas no dejan de ver en esto una oportunidad de mercado”, continúa el economista: “Si fiamos el futuro de las pensiones al ahorro privado va a haber problemas sociales porque mucha gente se quedará al margen”.

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Los chicles «made in Spain» para pasar la resaca y aumentar el rendimiento sexual

Salir, beber, el rollo de siempre… y dos versos después, el vocalista de Extremoduro nos remite en su famosa canción al día siguiente al grito de: «¡Ya no me acuerdo de nada!». Es más que probable que a la mañana siguiente de haber ingerido una gran cantidad de alcohol los recuerdos de la noche anterior sean algo borrosos, pero, lo que es más probable todavía es que al levantarse uno padezca la temida resaca. Esa sensación de malestar general cuyos síntomas incluyen cefaleas, náuseas, dolor muscular y una impresión de cansancio que sólo permite pensar en pasar el día tumbado en el sofá.

Muchos son los remedios caseros recomendados para pasar la penitencia del día después. Desayunar con una cerveza o un «Bloody Mary», atiborrarse de comida antes de acostarse para empapar el alcohol o beber enormes cantidades de agua para rehidratar el organismo, son algunos de los consejos más utilizados para intentar paliar los efectos de la resaca. Para aliviar el sufrimiento de aquellos que hicieron suyo el eslogan de «quemar la noche», una marca española de chicles ha desarrollado una goma de mascar que promete acabar con los efectos de la resaca.

Se trata de WUGum Functional Gums, y el producto en cuestión se llamaWUG After Party: un chicle fabricado con extractos de distintos principios activos, como el licopeno y el guaraná, vitaminas –C, B6 y B12– y con sabor a piña y limón. Estos compuestos, con propiedades antioxidantes, estimulan las reacciones enzimáticas del estómago acelerando la digestión del alcohol. Además, la piña y el guaraná facilitan la eliminación de unas toxinas –acetaldehído y malondialdehído– que genera el organismo tras el consumo de alcohol gracias a su efecto diurético.

Otro síntoma que trae de cabeza a quienes lo padecen es la falta de apetito sexual. Se dan situaciones en las que uno no tiene ganas de practicar el acto sexual, ya sea por cansancio o por experimentar un descenso en los niveles de libido, y esto puede desencadenar problemas con la pareja. Para aumentar el deseo sexual y ayudar a mejorar las relaciones sexuales WUGum tiene suslíneas Vigor y Passion. Estas contienen una gran cantidad de compuestos afrodisiacos, vigorizantes y estimulantes, como el ginseng, la maca andina o la damiana que favorecen la secreción de estrógenos y testosterona, las hormonas que generan la pasión necesaria para alcanzar el orgasmo.

Chicles de inspiración militar

Fue durante un viaje a los Estados Unidos en 2012, cuando a dos de los fundadores de WUGum –José Luis Rojano y Jordi Claramonte, ya que el tercer socio, Federico Calzado, se incorporó al proyecto un tiempo después– se les ocurrió la idea de comercializar chicles con distintas aplicaciones. «Vimos que los Marines llevaban en su kit de supervivencia unos chicles con dosis muy altas de cafeína y empezamos a investigar porqué los utilizaban en lugar de barritas o bebidas energéticas. Así, encontramos unos estudios científicos que avalaban que los principios activos se asimilan de manera mucho más efectiva e inmediata a través de la mucosa bucal», cuenta Rojano.

Así, en noviembre de 2014, WUGum sacó al mercado su primera gama de chicles energéticos, con una alta concentración de cafeína, para mejorar el rendimiento de los deportistas. Una de las complicaciones que encontraron en la fabricación de sus chicles fue conseguir que tuvieran un buen sabor, cosa que les costó su tiempo pero que al final lograron a través de un recubrimiento nacarado de la goma mascar. «Al principio nuestros chicles estaban malísimos, pero cuando conseguimos un sabor agradable nos planteamos ampliar nuestra gama de productos», reconoce Rojano. Desde entonces, la empreas se convirtió en la primera en crear la categoría de chicles funcionales, cuyas aplicaciones son, además de las mencionadas: reducir el apetito, potenciar el bronceado y ayudar a conciliar el sueño.

http://www.abc.es/

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Llamazares hará campaña por Unidos Podemos pese a sus críticas al pacto de IU con Iglesias

El excoordinador federal de IUGaspar Llamazares hará campaña con Unidos Podemos en Asturias para las elecciones generales del 26 de junio pese a sus críticas al acuerdo de coalición alcanzado con el partido de Pablo Iglesias.

Llamazares tiene previsto participar activamente en la campaña electoral en los actos que se realicen en su territorio, donde es portavoz en el Parlamento regional, y pedir el voto para la coalición de Podemos, IU y Equo.

IU trabaja en una campaña propia que después se solapará con actos comunes con el partido morado. Llamazares participará en los actos de IU defendiendo su proyecto y el programa electoral de la organización de izquierdas. Lo que aún no sabe es si también compartirá escenario en alguna ocasión con Podemos.

El que fuera líder de IU entre los años 2000 y 2008 ha sido la voz más crítica dentro de la organización con el acuerdo con Podemos. Durante su negociación advirtió de los peligros de que IU acabase desapareciendo dentro del partido morado y, después de su firma, ha mantenido sus críticas lamentando que el pacto no sea más «integrador».

Pero la coalición no sólo ha provocado el enfado de Llamazares, sino que ha sido muy criticada por toda la federación de IU en Asturias, donde la relación con Podemos es muy tensa y sus enfrentamientos en la Asamblea regional son frecuentes.

El pacto estatal relegaba al número tres de la lista por Asturias al candidato de IU, un puesto de difícil salida que provocó el enfado de toda la federación, que incluso se planteó no presentar ningún nombre para ocupar ese puesto.

Una vez superado ese enfado, la polémica llegó por el sexo del elegido. IU dijo que su candidato era su coordinador regional, Manuel González Orviz, elegido además en primarias. Sin embargo, Podemos exigía que la candidata de IU fuera una mujer para respetar las listas cremallera, ya que ellos habían elegido como ‘número uno’ a Sofía Castañón.

IU se negaba a este punto y ofrecía al partido morado alterar el nombre de sus dos primeros candidatos para respetar la lista o cremallera o, sino, alterar esta condición igual que se estaba haciendo en otras circunscripciones.

IU, en el número 3

Esta segunda solución fue la finalmente adoptada debido a que ninguna de las dos formaciones quería cambiar a sus candidatos, aunque el acuerdo se hizo de rogar y la lista se presentó a última hora del plazo legal previsto. Finalmente, la candidata será Castañón, seguida por Segundo González, también de Podemos, y González Orviz en tercer lugar.

Todas estas polémicas hacen difícil la campaña conjunta de Podemos e IU en Asturias, aunque la federación de la organización de izquierdas asegura estar disponible para aquello que la requieran. En cualquier caso, ambos partidos pueden hacer sus propios actos pidiendo el voto para la coalición.

http://www.elcomercio.es/

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