Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron millones en sobornos del Cártel de Sinaloa: abogado de “El Chapo”

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán declararon que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón recibieron miles de millones de pesos en sobornos de parte del Cártel de Sinaloa.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante el jurado en el juicio que se sigue al narcotraficante que el Cártel de Sinaloa habría pagado sobornos multimillonarios al actual presidente de México y a su antecesor.

Agregó que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa es su coacusado Ismael “El Mayo” Zambada, quien actualmente está prófugo de la justicia y que sería quien pagó millones de dólares en sobornos a Peña Nieto y a Felipe Calderón.

Felipe Calderón dijo en sus redes sociales que las afirmaciones de la defensa de “El Chapo” eran “temerarias… Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”.

Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia también respondió en redes sociales que la administración de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias.

economiahoy.mx

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Si el gas o la luz llaman a tu puerta, tú avisa a la policía

La venta directa al público puerta a puerta se ha convertido en una práctica mucho menos habitual que hace décadas y, en algunos casos, además prohibida. El Gobierno aprobó hace poco más de un mes un real decreto ley en materia energética que, entre otras medidas, prohíbe expresamente a las empresas que comercializan electricidad y gas natural que vendan sus productos mediante visitas domiciliarias, salvo que sean concertadas, por lo que esta práctica debería estar erradicada del todo. Por eso, en caso de que alguien llame a nuestra puerta identificándose como un comercial de la luz o del gas, en el mejor de los casos, estará cometiendo una ilegalidad; en el peor, quizá perpetrar de cometer un delito.

Así lo advierte la Policía Nacional, que a través de sus redes sociales alerta del riesgo de abrir a quien llame a nuestra puerta con esa frase tan habitual en otros tiempos: «Vengo a hacerle una oferta de luz y gas…». La respuesta, según el cuerpo policial, no debe ser solamente desconfiar y no abrir. Lo mejor es coger el teléfono y llamar al 091. «La ley prohíbe desde octubre la contratación de luz y gas ‘puerta a puerta’. Así que si alguien acude a tu casa bajo ese pretexto y sin aviso previo DESCONFÍA porque puede ocultar una motivación delictiva. No lo dudes y llámanos en seguida 091», advierten en sus redes.

La nueva normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes fue aprobada después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia destacase en varios de sus informes los engaños que se han producido con las visitas domiciliarias para la comercialización de energía y llegaron incluso a pedir a las compañías que no enviasen a sus comerciales a los hogares, algo que finalmente ha tenido que prohibirse expresamente.

lavozdegalicia

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La banca pagará todos los gastos de formalización de la hipoteca excepto el de tasación

Los partidos políticos han acordado que la nueva Ley Hipotecaria establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente. Así las entidades financieras tendrán que abonar la escritura de la hipoteca, la gestoría y el arancel notarial. Será el banco el que tenga que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, deberá pagarlo él. .

Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario.

La ponencia de la Ley Hipotecaria ha vuelto a reunirse este martes en la Comisión de Economía del Congreso una vez que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley que estipula que el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) sea pagado por la banca y no por el cliente.

La nueva Ley Hipotecaria recoge esta decisión y deja claro que la entidad financiera pagará la primera copia de escrituras del notario y el cliente las que solicite, mientras que los gastos registrales también correrán a cargo del banco y el prestatario abonará los gastos de tasación ya que lo podrá elegir libremente.

No obstante, quedan por acordar otros asuntos de relevancia como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca y que permite ejecutar la vivienda según la deuda que haya adquirido el prestatario.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Gonzalo Palacín, ha confiado a los medios del Congreso que pueda llegarse la próxima semana a un acuerdo en este ámbito, aunque el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral sigue advirtiendo de que debería eliminarse una disposición adicional transitoria que aparece en la ley y que es contraria a los tribunales europeos. Mayoral incide en que en caso de que se mantenga esta disposición transitoria podrían desbloquearse muchas ejecuciones hipotecarias que están ahora paralizadas. Al respecto, el PSOE propone que la cláusula de vencimiento anticipada vinculada a determinados pagos de cuotas sólo afecten a sentencias judiciales ya firmes y no a las que pudieran estar en proceso. Unidos Podemos propone que sólo se pueda ejecutar una vivienda cuando el capital deudor es del 10 % del préstamo hipotecario.

Trasposición de una directiva

Por otra parte, los partidos políticos también tendrán que decidir sobre la entrada en vigor de la norma, ya que el sector financiero pide que haya un margen de seis meses frente a los 15 días que plantea el proyecto de ley.

La Ley Hipotecaria, que es una transposición de una directiva europea, persigue dar mayor protección al consumidor e impulsar la transparencia en la concesión de hipotecas, por eso los partidos políticos han consensuado que los tasadores puedan ser independientes, personas físicas y jurídicas.

Los gastos que suponen la constitución de un préstamo hipotecario dependen principalmente del importe del préstamo, tal y como recuerdan desde la OCU. Para un préstamo de 150.000 euros con una responsabilidad hipotecaria de 270.000, los gastos aproximados pueden ser muy variables. En este caso, serían de unos 600 euros por el arancel notarial, 400 por la gestoría, 200 por el registro y 300 por la tasación.

abc.es

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La «estafa del CEO» genera pérdidas por valor de dos millones de euros en 40 empresas

La Ertzaintza ha alertado hoy de la proliferación de la denominada «Estafa del CEO», un engaño informático que este año en el País Vasco ha generado pérdidas por valor de casi dos millones de euros en los 40 casos registrados y cuyas víctimas son empresas y organizaciones.

La fórmula utilizada por quienes cometen la estafa consiste en conseguir el acceso a la cuenta de correo electrónico de algún cargo principal de la empresa afectada, mediante la infección de un ordenador o mediante técnicas de «phising».

A partir de ahí, el estafador hace un seguimiento del correo de la víctima, de manera que cuando detecta pagos pendientes o periódicos suplanta la identidad de la persona afectada y ordena desviar esos pagos a cuentas controladas por él o sus cómplices.

Además, el control que se ejerce sobre el correo de la víctima le puede permitir averiguar la existencia de deudas con terceras personas y el código de la cuenta bancaria de la víctima, lo que a su vez le permitiría extender su actividad de usurpación de identidad a más entidades u ordenar transferencias de dinero a sus cuentas.

Durante todo el tiempo que dura el control del correo electrónico usurpando su identidad, la víctima no es consciente de que esté ocurriendo nada anormal, ya que sigue con su habitual rutina de comunicaciones informáticas.

La Ertzaintza ha explicado que en estos tipos de estafas la probabilidad de recuperar el dinero una vez conocido el ataque es «muy baja», por lo que recomienda extremar las medidas de precaución y seguridad.

Pérdidas millonarias

En Guipúzcoa, la Policía autonómica ha recogido un total de 21 denuncias en 2018 y el montante total de lo estafado superaría los 800.000 euros, además de otros cuatro hechos, en grado de tentativa, en los que habrían intentado apropiarse de otros 230.000 euros.

En Álava, los datos conocidos por la Ertzaintza este año indican que las denuncias presentadas por este tipo de delito ascienden a 12 y la cantidad estafada a los 900.000 euros. De esas 12 denuncias interpuestas, tres fueron intentos no consumados.

En Vizcaya, se han registrado siete estafas con un montante total de 145.000, una cantidad que se habría disparado en un millón y medio más de euros, de haberse consumado los 3 intentos de estafas detectados por personal de empresas afectadas.

abc

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Coca Cola pretende reducir el azúcar de sus bebidas un 12% para 2020

Coca-Cola ha fijado reducir para 2020 un 12% el azúcar en sus bebidas, después de que hasta 2015 haya conseguido reducirla un 6,8%, según ha informado la compañía este martes en un comunicado. Se trata de una de las seis áreas de actuación de la iniciativa ‘Avanzamos’, la estrategia de sostenibilidad conjunta de The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners para Europa Occidental, que ha cumplido un año.

Entre sus prioridades, la firma ha apuntado a 2025 como el año para llegar al 50% de ventas en productos bajos en calorías o sin calorías, cuando este 2017 ha alcanzado el 40%.

La directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola European Partners Iberia, Ana Callol, ha remarcado que el «100% de los envases continúa siendo reciclable», y ha enumerado medidas en esta línea como las botellas de vidrio rellenables -el 92% que están en el mercado lo son-, recortes en el uso de materia prima para fabricarlas y la limpieza de playas junto a Fundación Ecomar, entre otras.

Callol ha destacado el uso del agua, otra de las seis áreas de ‘Avanzamos’, que con la mejora de sistemas y procesos se ha conseguido ahorrar «un 12,4% de la ratio de consumo de agua por litro de producto producido desde 2010».

Asimismo, en la lucha contra el cambio climático, Coca-Cola ha determinado reducir a la mitad sus emisiones directas de carbono y utilizar electricidad proveniente de fuentes renovables, aunque el 100% de sus fuentes ya son renovables y desde 2010 se han reducido un 38,6% las emisiones de gases de efecto invernadero en operaciones básicas y un 26,1% en la cadena de valor. Además, con respecto a la cadena de suministro, la compañía se asegurará que para 2020 el 100% de sus ingredientes agrícolas provengas de recursos sostenibles.

Otro de los objetivos de la iniciativa es potenciar el talento femenino dentro de la empresa, especialmente en los niveles de dirección. En Coca-Cola Iberia en 2017 alcanza el 38% y en Coca-Cola European Partners Iberia, el 23%.

abc.es

 

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Black Friday 2018: el comercio realizará 28.400 nuevos contratos en España, según Randstad

Randstad prevé que el Black Friday y el Ciber Monday generarán en España un total de 28.400 contratos, un 16% más que en 2017, cuando se firmaron 24.477 contratos.

Según estás previsiones, todas las comunidades autónomas registrarán incrementos en el último año, aunque “con grandes diferencias entre ellas” y con incrementos que oscilan entre el 26% de Castilla-La Mancha y el 10% de Andalucía.

Así, Castilla-La Mancha (26,7%) y Madrid (20,3%) serán las regiones en las que más aumentarán las contrataciones en el undécimo mes del año.

Le siguen Canarias (19,3%), Cataluña (17,9%), Cantabria (17,6%), Aragón (17,5%), Galicia (17,3%), Comunidad Valenciana (16,3%), Murcia (14,8%) y Baleares (14,4%).

Con incrementos en la contratación inferiores al 14% se encuentran Castilla y León (13,9%), Asturias (13,7%), Navarra (13,3%), Extremadura (13%), La Rioja (12,8%), País Vasco (12,7%) y Andalucía (10%).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones que generan un mayor volumen de contratos, ya que las tres acumulan casi 13.700, un 48% del total.

Los perfiles más demandados para estas jornadas de grandes ofertas en este periodo serán los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, aunque también aumentarán los profesionales destinados a atención al cliente, tanto para atención online como telefónica.

Según Randstad, los sectores que impulsan la generación de empleo durante esta campaña son el comercio, transporte y logística, “directamente relacionados con el incremento del consumo por las promociones y rebajas”.

Asimismo, afirma que la incorporación de trabajadores durante este periodo se realiza mediante contratos de duración determinada, ya que las empresas deben reforzar sus plantillas de manera transitoria debido al aumento puntual de la demanda, pero también por la cercanía de la campaña de Navidad.

El director de relaciones institucionales de Randstad, Luis Pérez, apunta que el incremento de la popularidad de ambas campañas comerciales en España está repercutiendo directamente en el mercado laboral.

“Durante los últimos años, el mes de noviembre, un mes con un consumo reducido en España por la cercanía de la Navidad, ha experimentado un incremento, gracias a las ofertas y promociones que se aplican en ambas iniciativas, lo que se ha traducido en un aumento de contrataciones en los sectores de comercio, logística y transporte”, según Pérez.

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Los estudiantes quieren decidir: al menos nueve universidades convocan consultas sobre la monarquía

Comenzó a mediados de octubre en el césped que se extiende frente a la Facultad de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante las horas muertas que deja el programa lectivo, un grupo de alumnos e investigadores fantaseaba en torno a la posibilidad de impulsar un referéndum sobre monarquía o república, en las aulas de la universidad. La idea, aparentemente remota, se convirtió enseguida en un proyecto realizable. La maquinaria se puso a funcionar y el éxito fue rotundo. La consulta se celebrará el próximo 29 de noviembre y a la iniciativa se han sumado, al menos, otras ocho universidades: la Universidad de Zaragoza, la Universitat Pompeu i Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidade de Vigo y la Universidad de Asturias.

Así lo explica Lucía Nistal, una de las portavoces de la plataforma ReferéndumUAM y artífice del proyecto. La idea, tal y como señalan los miembros de la organización, consiste en impulsar un referéndum sobre la monarquía “para visibilizar cuál es la opinión de la juventud acerca de ser súbditos de una institución anacrónica, corrupta y vinculada al régimen franquista“. Enseguida, dice Nistal, comenzaron a “recibir todo tipo de mensajes por redes, gente que quería sumarse para votar y para formar parte de la organización”. Se trata de “estudiantes en su mayoría”, pero también “algunos profesores se han involucrado más directamente”, sobre todo a través de ayuda logística, explica la portavoz. Las preguntas que se plantearán en las papeletas son las siguientes:

  1. ¿Estás a favor de abolir la Monarquía como forma de estado e instaurar una República?
    2. En caso afirmativo, ¿estás a favor de la apertura de procesos constituyentes para decidir que tipo de República?

Desde el año 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no ha lanzado ninguna cuestión relacionada con la monarquía. En abril de aquel año, el barómetro revelaba que el 21,7% de la población no tenía ninguna confianza en la institución, mientras que el 5,1% admitía un nivel máximo de confianza. En mayo del presente año, una encuesta realizada por Ipsos Global Advisor mostraba que el 37% de los españoles encuestados está a favor de abolir la monarquía, frente al 23% que lo estima negativo y al 40% que no cree que su eliminación pueda derivar en cambios significativos.

De los barrios a las universidades

La iniciativa comenzó a tener un impacto mediático importante y desde entonces no ha dejado de crecer. Hasta la fecha, son nueve las universidades que se han sumado, pero otras tantas lo están debatiendo en estos instantes. El proyecto, sin embargo, no surge por generación espontánea, sino que bebe de otras consultas similares, también simbólicas, que se reprodujeron en barrios madrileños como Vallecas o Vicálvaro o en municipios como Móstoles. La petición de un referéndum ha aterrizado asimismo en el Parlamento de Navarra y la demanda de abolición en la Cámara de Cataluña.

Pero también, repara Lucía Nistal, se inspira en otras fórmulas como el referéndum del 1 de octubre. La universidades catalanas, de hecho, abrazaron la iniciativa y se sumaron no con la intención de organizar un referéndum similar en sus pasillos, sino como forma de apoyo. “En un primer momento la idea llegó con la lógica de que aquí ya se había hecho el referéndum“, explica Verónica Landa, miembro de la plataforma Fora el Borbó de les universitats catalanes. Tras una primera asamblea, sin embargo, se constató que había sectores que sí querían celebrar un referéndum, de manera que varios campus de la Universitat de Barcelona y la Pompeu i Fabra se han terminado sumando. “Se decidió que se haría el 4 de diciembre y está abierto a que se sumen otras facultades y universidades, aunque sea para hacerlo más adelante”, detalla Landa.

El planteamiento original de las universidades catalanas, aunque ahora ampliado, se mantiene a través de sus demandas. “La idea es que las universidades rompan relaciones con la monarquía”, y para ello el estudiantado llama a “retirar simbología del rey, que los claustros y las juntas se posicionen y digan que el rey es persona non grata y que los representantes de las universidades catalanas no acudan a actos en los que esté el rey”.

Abrir el debate

Con la proliferación de las consultas y las campañas en la misma línea, docentes, investigadores y personal de diversas universidades del país emitieron un comunicado de apoyo. “Casi dos terceras partes de la población que hoy tiene derecho a voto no pudo participar en el referéndum de 1978 que aprobó la Constitución española y que ampara la monarquía”, reza el texto. Precisamente en este punto se detienen los estudiantes. “Es una pregunta que planteamos nosotros porque nadie nos la ha hecho”, asegura Jorge Remacha, miembro de la plataforma ReferéndumUNIZAR, de la Universidad de Zaragoza.

El Estado “no quiere debatir su estructura”, denuncia el joven, al tiempo que pone en valor el derecho a decidir de la juventud sobre cuestiones clave como la sanidad o el pago de la deuda. “Hay que abrir esos debates”, subraya. “Los jóvenes no pudimos participar en la Constitución de 1978, donde la monarquía se incluyó en el pack bajo amenaza de volver a la dictadura”, continúa. “En Zaragoza queremos que se participe desde todas las sensibilidades políticas“, agrega, porque es “una medida democrática que el Estado no facilita”.

Lucía Nistal cree que “la desafección” es común entre la sociedad general, al tratarse de “una cuestión que nunca se decidió, algo antidemocrático”. Esa desafección, no obstante, “es más aguda en las nuevas generaciones“. “Se nos impone una institución medieval y con conexión directa con el franquismo”, lamenta la activista.

Referéndum estatal

Con la celebración de los referéndums, el movimiento estudiantil aspira a crear tendencia. Y que lo simbólico dé un salto a lo oficial. “Entendemos que es una acción simbólica, aunque con mucha fuerza”, reflexiona Nistal, quien apuesta por “abrir un debate público, con información encima de la mesa, y poder ya no sólo opinar, sino decidir al respecto“. Objetivo, añade, que será posible partiendo de “un proceso de organización y movilización estudiantil”.

La activista cree que los representantes políticos “no van a tener más remedio que reaccionar”. El motivo, dice, es que “cuando un debate público se instala de esta manera y la exigencia social es tan mayoritaria“, los líderes políticos “no tienen más remedio que escuchar”.

Con ella coincide Verónica Landa. En ocasiones anteriores, observa, “se ha visto que cuando hay cierta presión y movilizaciones, los representantes políticos se posicionan”. La oleada de universidades por el referéndum y los movimientos en barrios y municipios, unida a diversas mociones reprobando la monarquía en ayuntamientos catalanes, hace que “el impacto esté siendo muy grande”. Aunque el estudiantado reconoce que no es tarea fácil, confía en que el calado social sea suficiente para empapar también a las instituciones y partidos políticos.

El día de después

Y para ello, los organizadores de las consultas reconocen tener vocación de continuidad. “La idea es que este movimiento se siga extendiendo”, dice Jorge Remacha, y se constituya como el “punto de partida para motorizar a la juventud y a los trabajadores, en este caso con una demanda democrática, pero también para pensar que tenemos derecho a decidir sobre el resto de cuestiones”.

En el caso de Barcelona, la hoja de ruta todavía está por madurar. “De momento en la primera asamblea sólo se ha debatido sobre el referéndum”, explica Landa, quien sí reconoce, por la actividad cotidiana dentro de la plataforma, una voluntad por que la iniciativa “se transforme en movilizaciones y consultas en barrios”. La activista concibe también al movimiento estudiantil “como catalizador de muchas movilizaciones“, de manera que “no es una locura pensar que todo eso pueda llevar a acciones futuras”.

Así lo confirma también Nistal. “En la UAM no se acaba el 29 de noviembre con el referéndum, sino que empieza ahí”, asevera. Lo ideal, estima, es que “el movimiento estudiantil se organizara y coordinara a nivel estatal”. En ello confía, con el fin último no sólo de plantear la cuestión sobre el modelo de gobierno, sino también, en cierta manera, con el firme objetivo de “impugnar un régimen” del que no se sienten partícipes.

infolibre

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Sanidad prohibirá incinerar a obesos mórbidos y los crematorios estarán a 200 metros como mínimo de viviendas

La Conselleria de Sanidad ha preparado una nueva normativa que introducirá novedades en el ámbito de los crematorios, como por ejemplo q prohibido incinerar a personas con obesidad mórbida y que no se podrán ubicar a menos de 200 metros de viviendas. Horas después de conocerse esta controvertida iniciativa este mismo martes, Sanidad ha rectificado.

El borrador de la orden sanitaria sustentada en el reglamento de prácticas de policía sanitaria mortuoria de la Comunitat, incluye algunas definiciones novedosas, como los espacios vulnerables, la población de especial susceptibilidad, el riego sanitario, o el cociente de peligro HQ (cociente entre la dosis de exposición a una sustancia y la concentración máxima admisible).

Incineración de personas obesas

En concreto, la norma introduce que los hornos crematorios de nueva construcción se ubicarán preferentemente en suelos de clasificación industrial. En el radio de 200 metros, contados a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio, no deberá haber núcleos poblacionales o espacios vulnerables. En el caso de que no se cumpla la distancia de 200 metros a espacios vulnerables, el titular de la instalación deberá presentar un estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones esperadas en el horno crematorio, utilizando modelos matemáticos reconocidos por algún organismo internacional.

Entre las nuevas condiciones sanitarias que propone la norma, apunta que antes de la cremación se extraerán los elementos termo-activos y se retirarán de los féretros los herrajes y demás elementos metálicos (especialmente, aquellos fabricados con plomo o zinc), así como adornos fabricados en resinas, plásticos o cualquier compuesto susceptible de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos, tras su combustión. También apunta que los cadáveres que van a ser incinerados no deben vestir ropas o abalorios que contengan elementos metálicos, así como resinas o plásticos, al ser introducidos en el horno crematorio. Los materiales de las ropas no deben contener elementos que sean susceptibles de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos tras su combustión. Preferentemente se utilizarán sudarios fabricados con materiales biodegradables.

Asimismo, quedará prohibida la cremación de cadáveres que hayan recibido tratamientos contra el cáncer mediante inserción de agujas radiactivas, la de personas con obesidad mórbida y la de féretros de plomo o cinc. Las instalaciones de almacenamiento de ataúdes deben estar cerradas bajo llave, refrigeradas, ser a prueba de roedores y aves y contar con un sistema de control de olores.

También establece que los hornos crematorios existentes a la entrada en vigor de esta orden deberán adaptarse a lo establecido en ella en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor. No obstante, estarán obligados a presentar el informe sobre vigilancia ambiental anual a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la orden.

Desde la Conselleria de Sanidad han indicado que, precisamente, la primera novedad es la existencia de la norma. «Con ella se pretende dar a conocer a los ciudadanos y a los titulares de estas instalaciones los condiciones que deben cumplir a fin de minimizar en los posible su impacto en la salud», han explicado.

Otras novedades son que introduce la documentación a aportar para el informe sanitario, incluyendo los contaminantes a considerar; las condiciones para la ubicación de los hornos, para la cremación, las condiciones sanitarias para los hornos, el contenido del informe sanitario, y las medidas correctoras.

lasprovincias.es

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Los accidentes domésticos y de ocio dejan más de 86.000 discapacitados al año

Los accidentes que se producen dentro del hogar o durante las prácticas deportivas y recreativas producen la discapacidad de unas 86.000 personas al año en España, según el estudio ‘Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapacidad y costes de cuidados de larga duración en España’, realizado por el Riskcenter de la Universidad de Barcelona. «En esta investigación analizamos las lesiones físicas no intencionales que se producen dentro del hogar o en actividades recreativas, de ocio o deportivas, y vemos cómo esos factores inciden en la dependencia de larga duración», explica Mercedes Ayuso, coautora del trabajo, presentado este martes en Madrid. «En la Unión Europea, casi 25 millones de personas han sufrido accidentes domésticos o de ocio; entre los españoles, cinco de cada cien, y el 63% de las lesiones ocurre en el hogar o al practicar deportes», explica la especialista, que avisa de que «el cambio en el estilo de vida y la mayor longevidad va a generar también un aumento en este tipo de accidentes».

La investigación compara estos imprevistos con los que ocurren en la carretera, que dejan una estela de 66.000 personas con discapacidad todos los años, 20.000 menos que los producidos por los siniestros deportivos u hogareños. «La prevalencia de la dependencia derivada de estos contratiempos, del 0,23%, es superior a la de los accidentes de tráfico, estimada en un 0,17%», dice el informe, que hace énfasis en las repercusiones posteriores: «El análisis del impacto en las diferentes limitaciones para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria revela una mayor incidencia de ambas causas en todas aquellas discapacidades asociadas a problemas de movilidad y a la realización de esfuerzo físico». Según los investigadores, casi el 60% de las personas discapacitadas por un percance dentro de su casa y el 45% de los lesionados durante los ratos de divertimento tienen dificultades para caminar o desplazarse fuera de su vivienda sin ayuda. Otro 42% y 33%, respectivamente, tienen escasa movilidad en el interior, al tiempo que presentan dificultades para mantener su cuidado e higiene personal.

Todas las edades

Aunque el tipo de discapacidad es similar según una u otra tipología de accidente, difieren en la edad en que la que se producen. Mientras los domésticos suelen sucederle a las personas mayores, los de ocio o deportivos recaen en los jóvenes. «El número de dependientes como consecuencia de haber sufrido un accidente de ocio es mayor en las personas más jóvenes, especialmente hasta los 34 años, en que puede llegar a ser hasta cinco veces superior a las que sufrieron uno doméstico», mantiene el análisis. «A partir de esa edad, la tasas son mucho más significativas en las del hogar», ratifica Ayuso. «A los 54 años las tasas de prevalencia por accidentes domésticos aumentan de forma más pronunciada que las asociadas al resto de causas».

La dependencia más extrema surge en las personas menores de 24 años, afectadas por accidentes ocurridos en la práctica deportiva o recreativa, mientras que los cuidados de larga duración se requieren a partir de los 45 años, pero en fase moderada o severa. Ahora bien, si el accidente dentro del hogar se sufre a partir de los 75 años, el 70% requerirá ayuda de terceras personas para todo aquello relacionado con su vida diaria. «Hay una correlación entre la edad y los accidentes del hogar», mantiene Ayuso. «Al calcular cuánto puede costar la ayuda a estas personas encontramos cifras nada desdeñables. El informe estima que el coste de los cuidados según el grado de dependencia se encuentra entre los 14.000 euros y los 19.000 al año por persona», asegura. estas estimaciones suponen unos 781 millones de euros en 2016 sólo en el coste de los cuidados a personas que han sufrido accidentes domésticos o de ocio.

ideal.es

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Usar el móvil al volante, seis puntos menos

La Dirección General de Tráfico no está dispuesta a dejar pasar ni una en lo que respecta al móvil: pretende retirar seis puntos del carné por «utilizar, sosteniendo o sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil conduciendo, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a la anterior, o conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación». Equipara así en su propuesta de modificación de la Ley de Tráfico, que se prevé que entre en vigor el año que viene, el uso del teléfono al volante con el consumo de alcohol o drogas, que se penaría con el mismo número de puntos.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en septiembre que se perseguiría tal comportamiento aumentando el castigo -actualmente, tres puntos menos-, pero no había llegado a fijar esta sanción. Ahora tira por lo alto: conducir con el smartphone será tan grave como hacerlo con drogas en el organismo, superando la tasa del alcohol permitida, hacerlo de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido, participar en carreras o competiciones no autorizadas, o utilizar mecanismos de detección de radares. «De esta forma, estas infracciones quedan claramente identificadas como los comportamientos más reprochables en materia de seguridad vial, y el mensaje a los conductores es nítido en este sentido», señala el borrador, recogido por Europa Press, que insiste en que los cambios se centran en aquellos comportamientos que los expertos identifican como «los más peligrosos en la actualidad».

Recuperación de puntos

Contempla también el texto del anteproyecto de ley premiar a los que cambien de actitud. Lo hace con un aumento en el número de puntos que se recuperan tras la superación de los cursos de sensibilización y reeducación vial, buscando «compensar aspectos que aumentan la presión punitiva a los conductores» con «medidas que favorecen el cambio de comportamiento de los conductores, y que recompensan a aquellos que se adaptan e interiorizan una conducción que minimiza los riesgos». Así, el borrador propone incrementar el número de puntos que se pueden recuperar a través de esta vía, pasando el máximo de 6 a 8 puntos. Los cursos quedarían regulados en una orden ministerial que se espera que entre en vigor el 1 de julio del 2019. Según el proyecto, los de restauración de puntos tendrán una duración de 12 horas, mientras que los de recuperación del permiso constarán de 24 horas.

Cursos de conducción segura, dos puntos extra

La modificación legislativa quiere que los cursos de conducción segura, que según el texto «han ganado prestigio con el tiempo», sirvan para bonificar al conductor con dos puntos adicionales, pudiendo tener hasta un máximo de 15 puntos y con una frecuencia máxima de un curso cada dos años. Además, se unifica a dos años el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos, desapareciendo la distinción existente hasta ahora entre dos años cuando constan sanciones graves y tres años cuando constan sanciones muy graves, siempre y cuando durante esos dos años el conductor no haya sido sancionado.

Otro aspecto que sufre una modificación es la llamada conducción profesional. El primer cambio a destacar es que se habilitará un sistema telemático que permitirá comunicar a las empresas de transporte de personas o de mercancías las declaraciones de pérdida de vigencia de los conductores profesionales que tienen empleados, al considerar la DGT «lógico» que la empresa tenga conocimiento de ello. También se prevé desarrollar un sistema on line que favorecerá que las empresas de transporte puedan conocer si un conductor profesional que trabaja en estas empresas se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte.

lavozdeasturias

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