Coronavirus: ¿cuál es la distancia de seguridad recomendable para evitar contagiarse de covid-19?

El ministro de Salud de Argentina recomienda «tomar dos metros de distancia» con las personas, pero ante la pandemia del coronavirus, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no han establecido ninguna medida precisa sobre la distancia que debemos mantener los unos de los otros.

En el resto del mundo, el gobierno australiano recomienda mantener una separación con otras personas de al menos 1,5 metros como una de las medidas de «distanciamiento social» pensadas para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Pero, ¿por qué 1,5 o 2 metros? ¿Es nuestra mejor estimación o hay alguna evidencia científica sólida que respalde estas distancias?

El coronavirus se transmite de persona a persona cuando alguien con el virus tose o estornuda. Por lo tanto, las personas que mantienen un contacto cercano con alguien infectado presentan un alto riesgo de contagio.

Y es que las gotas respiratorias pueden caer en su boca o nariz. Alternativamente, también podrían caer en la cara y, por consiguiente, la próxima vez que se la toque podría infectarse.

Sabemos que el virus de la influenza se transmite de manera similar.

Un estudio muestra que cuando los profesionales de la salud están a 1,8 metros de pacientes con gripe, su riesgo de infectarse aumenta.

El Pentágono manteniendo distanciamiento social en medio de una reunión.
Image captionLos CDC estadounidenses recomiendan que se debería establecer «una distancia» con otros individuos.

Mientras más cerca se esté, más grande será el chorro

Si realizas una rápida búsqueda en internet encontrarás una gran cantidad de videos que muestran la expulsión de gotas que ocasiona un estornudo.

Pero carecemos de una buena evidencia que nos permita saber con certeza qué tan lejos viajan las gotitas infecciosas y cuál sería una distancia «segura».

Los estudios en laboratorios no se traducen automáticamente a situaciones de la vida real. Luego existen las variables sobre el número de partículas infecciosas; cuánto sobreviven en el aire; cuánto influye la humedad; y por último cuál es la velocidad de expulsión de este tornado de gérmenes.

Por qué debemos mantener la distancia social.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) aseguran que la gripe puede propagarse a una distancia de hasta 1,8 metros. El mensaje clave es que mientras más cerca se esté, más grande será el chorro.

Hasta el momento, aún no se han hecho investigaciones similares sobre el coronavirus. Pero la similitud en la forma en que se propaga la influenza significa que podemos aplicar lo que sabemos de ella en la forma de propagación del coronavirus.

Gente caminando en Oxford Street, en el centro de Londres.
Image captionEl Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda que mantengas una distancia de al menos dos metros con otras personas si presentas síntomas del nuevo coronavirus.

¿Qué se recomienda?

La recomendación de 1,5 metros no solo se basa en nuestro conocimiento de la gripe sino que también se trata de una distancia práctica que nos permite sobrellevar nuestra vida diaria.

Obviamente no es una medida precisa, ni garantiza absolutamente que evitaremos la propagación del virus. Pero una distancia aproximada es mejor que no mantener ninguna distancia.

La falta de rigor científico detrás de estas recomendaciones se confirma en los variados consejos que se dan en todo el mundo.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda que las personas con síntomas se mantengan al menos a 2 metros de las demás.

Los CDC recomiendan que se debería establecer «una distancia» con otros individuos, sin especificar cuánta.

Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud aconseja mantener al menos 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude.

Entonces, la idea general es: no te acerques.

Reducir contagio coronavirus

¿Qué significa esto en términos prácticos?

Pero, ¿cómo nos mantenemos a 1,5 metros de distancia, sin llevar una cinta métrica?

Puedes tener en cuenta que la medida es el equivalente a dos brazos aproximadamente, pero no te preocupes por eso. Un poco menos está bien, un poco más es mejor.

Para resumir, en este momento, evitar el contacto cercano con las demás personas es importante y mantenerse a 1,5 metros de distancia no es una ciencia exacta. Lo relevante es que mantengas una distancia sensata y práctica con los demás.

Es solo una de las estrategias que podemos usar fácilmente para ayudar a frenar la propagación de este virus.

Y, por supuesto, lavarse las manos y quedarse en casa.

Philip Russo es profesor asociado y director del Departamento de Investigación en Enfermería de la Universidad Cabrini Monash

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y es reproducido aquí bajo licencia Creative Commons

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España recibe hoy 10.000 equipos de protección individual de República Checa

Un total de 10.000 equipos de protección individual (EPI) llegarán este domingo a España en un avión procedente de la República Checa en respuesta a la petición del Gobierno a la OTAN para que los aliados suministraran material sanitario con el que hacer frente al coronavirus.

España alcanza una nueva marca en muertes diarias por coronavirus pero estabiliza los nuevos casos, como explica Fernando Simón. En la foto, recogida de muestras en el Hospital Militar de Sevilla.

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Está previsto que el avión que lo transporta, un C-130, aterrice por la tarde en la Base Aérea de Torrejón, donde será recibido por el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, y el general José Pérez, del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE).

La petición se realizó el pasado lunes al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres de la Alianza Atlántica e incluía material como batas desechables, respiradores, mascarillas quirúrgicas y equipos de protección.

El pasado martes, un avión procedente de China con más de 100 toneladas de suministros médicos, incluidos respiradores y millones de mascarillas, aterrizó en la República Checa para ayudar a combatir el covid-19. El vuelo fue gestionado por el Gobierno checo a través de la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN, un programa en el que actualmente participan nueve países aliados: la República Checa, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Noruega, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 

Este material se sumará al cargamento de 1,2 millones de mascarillas que llegó a Madrid el sábado procedente de China en una compra centralizada del Ministerio de Sanidad. En las últimas horas también ha llegado un envío de 400.000 mascarillas para Catalunya, compra gestionada por la Generalitat.

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Los Juegos comenzarán el 23 de julio del 2021, según el ‘New York Times’

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos por la pandemia del coronavirus, dieron a conocer que el evento podría inaugurarse el sábado 23 de julio del 2021, de acuerdo a una información publicadapor el ‘New York Times’. La fuente periodística asegura que esa es la fecha tentativa y la información fue suministrada por autoridades de Comité Olímpico Internacional (COI), que este domingo van a tener una reunión de urgencia con la posibilidad de que oficialicen la fecha.

El portavoz del COI, Mark Adams, consideró el informe como «especulación» cuando el ‘New York Times’ pidió la versión oficial del asunto. Pero los máximos dirigentes del COI si tendrán una reunión de emergencia el domingo para discutir la decisión, según el informe y que el portavoz del máximo organismo olímpico no negó.

Un año después
 

El COI anunció originalmente que una decisión final sobre una nueva fecha podría tomarse en cuestión de semanas.
El informe filtrado el sábado implica que los organizadores tienen la intención de anunciar una decisión mucho antes.
La fecha es casi exactamente un año después de la que inicialmente estaba programada para este año, el 24 de julio y concluyen el 9 de agosto como la ceremonia de clausura.

Después de una protesta abrumadora por parte de los atletas y de los comités organizadores nacionales de todo el mundo, el COI anunció el pasado martes que posponía los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a una fecha «a más tardar en el verano del 2021» debido a la pandemia del coronavirus.

elperiodico

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A las 21 horas, homenaje a los mayores fallecidos

Una cadena difundida por redes sociales ha convocado un minuto de silencio con velas encendidas este domingo 29 de marzo a las 21 horas para homenajear a las personas mayores fallecidas por coronavirus. De este modo, los ciudadanos que participen en la iniciativa saldrán a sus balcones, terrazas o ventanas con una vela encendida y ofrecerán un minuto de silencio por las personas mayores «que se están marchando sin poderse despedir».

«El domingo 29 a las 21.00 horas ofreceremos un minuto de silencio con una vela encendida en cada balcón, terraza o ventana en homenaje a todos nuestros mayores que se están marchando sin poderse despedir», dice la convocatoria.

Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad este sábado, el 86,2 por ciento de los fallecidos tenía más de 70 años, grupo de edad que ha registrado el 42 por ciento de los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el 48,7 por ciento de los hospitalizados.

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EEUU: “En los Estados Unidos no existe un verdadero sistema de salud pública”

El doctor Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), que es prácticamente el único funcionario de la administración Trump al que se le puede tener confianza para decir la verdad sobre el coronavirus, dijo el jueves pasado (13 de marzo de 2020): «El sistema no está realmente adaptado a nuestras necesidades actuales… Tenemos que admitirlo, es un fracaso».

Ya que estamos, admitamos algo fundamental. El sistema fallaría, incluso con un presidente medianamente competente. El pequeño secreto, que pronto será una evidencia para todos, es que no hay un verdadero sistema de salud pública en los Estados Unidos.

La respuesta ad hoc, preparada específicamente el viernes pasado (13 de marzo) por los demócratas de la Cámara de Representantes y por la Casa Blanca podría ser útil, aunque sea muy parcial, como lo explicaré más abajo.

La epidemia de coronavirus en los Estados Unidos sigue la misma trayectoria siniestra de crecimiento exponencial que tuvo lugar en Wuhan (China) antes de que se adoptaran medidas drásticas para frenar su propagación en ese país, pero los Estados Unidos se dan cuenta de que prácticamente no tienen ninguna capacidad pública para hacerle frente.

En lugar de contar con un sistema de salud pública, tenemos un sistema privado con fines de lucro para los que tienen la posibilidad de pagarlo y un sistema de seguridad social deficiente para quienes tienen la suerte de tener un empleo a tiempo completo.

En el mejor de los casos, ambos sistemas satisfacen las necesidades de los individuos más que las necesidades de la población (pública) en su conjunto. En Estados Unidos, el término «público» -como en salud pública, educación pública o bienestar público- significa una suma total de necesidades individuales, no el bien común.

Esto contrasta con el sistema financiero estadounidense. La Reserva Federal se preocupa por la salud de los mercados financieros en su conjunto. A finales de la semana pasada la Reserva Federal puso un millón de millón de millones de dólares a disposición de los bancos, al menor indicio de dificultades para hacer negocios, sin que nadie se inmutara.

Cuando se trata de la salud de la población en su conjunto, esos fondos no están disponibles. Y no hay instituciones similares a la Reserva Federal que supervisen y gestionen la salud del público y que sean capaces de sacar una chequera gigante en un momento dado para evitar no una catástrofe financiera sino una catástrofe humana.

Incluso si se hubiera desarrollado y aprobado a tiempo un test para el Covid-19, no existe ninguna institución que pueda realizarlo de forma gratuita a decenas de millones de estadounidenses [como fue hecho en Corea del Sur]. Los servicios de salud estatales y locales se encuentran en una situación crítica, ya que han perdido casi una cuarta parte de su personal desde 2008, según la Asociación Nacional de responsables de Salud de los Condados [una división territorial más pequeña que un estado pero más grande que una ciudad] y las ciudades.

En los Estados Unidos, la atención sanitaria es brindada principalmente por empresas privadas con fines de lucro que, a diferencia de las instituciones financieras, no están obligadas a mantener una capacidad de reserva [base de capital, encaje, para un banco]. En consecuencia, la reserva nacional de respiradores artificiales dista mucho de ser suficiente para atender al número previsto de víctimas de coronavirus gravemente enfermas y con dificultades respiratorias serias. Las 45.000 camas existentes en las unidades de cuidados intensivos están lejos de satisfacer los 2,9 millones de camas probablemente necesarias.

La Reserva Federal puede cerrar los bancos, dictar una cuarentena en caso de crisis financiera, pero los EE.UU. no pueden cerrar los lugares de trabajo porque el sistema de seguridad social nacional depende de la gente que va a trabajar.

Aproximadamente el 30% de los trabajadores estadounidenses no tienen licencia por enfermedad pagada por su empleador, incluyendo el 70% de los trabajadores de bajos ingresos que ganan menos de 10,49 dólares por hora [la reivindicación de 15 dólares por hora se ha venido generalizando]. Muchos trabajadores autónomos no pueden permitirse tomar una licencia por enfermedad. El acuerdo alcanzado el viernes 13 de marzo entre los demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca no tendrá mucho efecto porque exceptúa a los grandes empresarios y otorga derogaciones a los más pequeños.

La mayoría de los desempleados estadounidenses  no tienen derecho al seguro de desempleo porque no han trabajado tiempo suficiente en un trabajo estable y el acuerdo ad hoc [del 13 de marzo] no cambia en absoluto esa exigencia para los trabajadores en el paro. Por otra parte, más de 30 millones de estadounidenses no tienen seguro médico. Para poder beneficiar de la Medicaid, de cupones de alimentos y otras ayudas públicas es necesario tener un trabajo o justificar que se lo está buscando activamente.

Es difícil cerrar las escuelas públicas porque la mayoría de los padres que trabajan no pueden pagar el cuidado de los niños. Muchos niños pobres dependen de lo que comen en la escuela, a menudo la única verdadera comida del día. En Los Ángeles, alrededor del 80 por ciento de los estudiantes tienen derecho a comidas gratuitas o con descuento y unos 20.000 carecen de vivienda en un momento u otro del año escolar.

Para resumir, no existe un sistema de salud pública en los Estados Unidos porque el país más rico del mundo es incapaz de proteger al público en su conjunto, aparte del gasto en defensa nacional. Los remedios específicos como el acuerdo entre Demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, obtenidos el viernes pasado, son mejores que nada. Pero no van a llenar ese vacío sanitario en un futuro próximo.

Traducción para Correspondencia de Prensa: Rubén NavarroRobert Reich  economista y profesor en la Universidad de California, en Berkeley. Fue Secretario (ministro) de Trabajo en el gobierno de Bill Clinton, entre 1993 y 1997.hizo parte del consejo asesor de transición del presidente Barack Obama en 2008.Fuente:https://www.theguardian.com/, 15 de marzo 2020

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La Gran Recesión generó una enorme presión entre la política democrática y las exigencias de la gobernanza económica. Ahora padecemos sus contradicciones.

En 2014, durante el periodo más duro de la Gran Recesión, se conmemoró el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se repitieron algunas de las preguntas planteadas un siglo atrás y que seguían siendo pertinentes: cómo termina un periodo de gran moderación económica; cómo crecen riesgos colosales que se comprenden poco y apenas resultan controlables; cómo se desarrollan los grandes movimientos tectónicos del orden global y se transmutan en terremotos repentinos; cómo ocurre que marcos de referencia anacrónicos imposibiliten entender qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Entramos en una crisis sin darnos cuenta, o había fuerzas que empujaron hacia ella? ¿Cómo afectan las pasiones de la política popular –los animal spirits de John Maynard Keynes– a las decisiones que adoptan las élites? En definitiva, ¿se puede alcanzar una paz y estabilidad perpetuas?

El historiador británico Adam Tooze ha dedicado un enorme esfuerzo a tratar de responder estas y otras cuestiones en su libro Crash. Abundando en páginas cuyo contenido solo podrá ser entendido por especialistas en economía es, paradójicamente, un texto que va más allá de la economía: plasma la Gran Recesión de principios del siglo XXI, así como el comienzo de un cambio global. En 2009, el presidente de Toyota reconocía: “El cambio que ha afectado a la economía global es de tal magnitud que solo sucede una vez cada 100 años (…) Nos enfrentamos a una emergencia sin precedentes”.

portada crash tooze

Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo
Adam Tooze
Barcelona: Crítica
2018, 782 págs

Tooze, profesor en las universidades de Yale y Columbia que se autodenomina “historiador de izquierdas”, ha escrito un libro que merece figurar entre los textos de referencia para explicar lo sucedido a partir del verano de 2007. En ese frontispicio también deberían estar, entre otros, Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera, de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart; Austeridad. Historia de una idea peligrosa, de Mark Blyth; La economía desenmascarada, del heterodoxo Steve Keen; y El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty.

La tesis principal de Tooze es que, durante estos años de crisis profunda, extensa y compleja se produjo, sin teorización previa, una mutación desde el capitalismo de mercado hacia el de Estado, con la más formidable intervención de dinero público de la que se tiene memoria para salvar el sistema económico (el mercado) y el sistema político (la democracia). Al día siguiente de la quiebra de Lehman Brothers –parece haberse olvidado el ambiente apocalíptico de aquellas semanas–, el neoconservador George W. Bush, que había hecho del laissez faire el principio rector de la economía, planificaba las primeras intervenciones de centenares de miles de millones de dólares para salvar Wall Street: nacionalizando bancos, aseguradoras, compañías hipotecarias y fábricas de coches.

Es paradójico que al mismo tiempo, en la sede de Naciones Unidas, se abriese el periodo correspondiente de sesiones con Luiz Inácio Lula da Silva como primer orador. El presidente brasileño denunció el caos especulativo que había provocado la caída de Lehman Brothers. A continuación le tocó intervenir a Bush, que pareció desconectado de la realidad. Su discurso se centró en el terrorismo; la crisis financiera, que se extendía como un reguero de pólvora, solo ocupó dos párrafos finales, pese a que su epicentro se encontraba unas calles más allá. Una semana después, el secretario del Tesoro suplicaba al Congreso estadounidense instrumentar el primer paquete de ayudas al sistema financiero –700.000 millones de dólares– con el siguiente argumento: “Si no hacemos esto hoy, el lunes ya no habrá economía”. Los neocons tuvieron que practicar una enorme contorsión ideológica para salvar al sistema de su suicidio. El Consenso de Washington, construcción teórica del neoliberalismo –disciplina fiscal y monetaria– pasó a ser en aquellos días y los años posteriores una piadosa jaculatoria.

«Durante estos años de crisis profunda, extensa y compleja se produjo, sin teorización previa, una mutación desde el capitalismo de mercado hacia el de Estado»

Los dos gobernadores de la Reserva Federal (Fed) que hicieron frente a la gran convulsión que suponía el capitalismo de Estado reaccionaron de distinta manera. Alan Greenspan declaró permanecer en un “estado de conmoción” porque “todo el edificio intelectual se había hundido”. Su sucesor, más soberbio, explicó que no había necesidad de revisar la teoría económica como resultado de la crisis. Inventándose una coartada retórica, Ben Bernanke distinguió entre ciencia económica, ingeniería económica y gestión económica… para continuar en el mismo sitio: “La reciente crisis financiera ha tenido más que ver con un fallo en la ingeniería económica y en la gestión económica que en lo que yo he llamado ciencia económica (…). Las deficiencias en materia de ciencia económica (…) fueron en su mayor parte menos relevantes de cara a la crisis; es más, aunque la mayoría de los economistas no previeron el casi colapso del sistema financiero, el análisis económico ha demostrado ser –y lo seguirá haciendo– de una importancia crítica a la hora de entender la crisis, desarrollar políticas para contenerla y diseñar soluciones de más largo plazo para prevenir su recurrencia”.

Steve Keen rebatió en su ya citado libro estas posiciones autoexculpatorias. La economía neoclásica y su secuela de la “austeridad expansiva” contribuyeron a multiplicar la calamidad que intentaba prever. Si su único fallo hubiera sido no anunciar con tiempo la crisis financiera para que los ciudadanos pudieran guarecerse de la misma, sus portavoces no se diferenciarían de los meteorólogos que no avisan de la llegada de un tsunami: responsables de no haber dado la alerta, pero no de la tormenta misma. La economía neoclásica tiene, según Keen, una responsabilidad directa en la tormenta. Convirtió lo que podía haber sido una crisis del montón en una sistémica, comparable a la Gran Depresión y las dos guerras mundiales. La Gran Recesión fue mucho peor de lo que podría haber sido sin la intervención de los economistas ortodoxos.

Uno de los aspectos menos reconocidos del capitalismo de Estado, que Tooze considera especialmente relevante, fue la respuesta de EEUU (desde Bush a Barack Obama) a la Gran Recesión fuera de sus fronteras. Nunca antes, ni en los años treinta del siglo pasado, un sistema tan grande e interconectado había estado tan cerca de sufrir una implosión global. Cuando se puso de manifiesto la magnitud del riesgo, la Fed introdujo una novedad espectacular: se erigió en proveedora de liquidez en última instancia al sistema bancario mundial (no solo el nacional). A través de las líneas swap de liquidez (crédito para que los bancos centrales pudieran prestar dinero), la Reserva Federal autorizó a un grupo escogido de bancos centrales importantes a conceder créditos en dólares, según la demanda del mercado. En un enorme despliegue transatlántico, con el Banco Central Europeo a la cabeza, se inyectaron billones de dólares al sistema bancario global. Ello contradecía las bases del discurso convencional de predominio del mercado, del “cada palo que aguante su vela” y la reducción del intervencionismo estatal.

«La Fed introdujo una novedad espectacular: se erigió en proveedora de liquidez en última instancia al sistema bancario mundial, no solo el nacional»

Así, las bases del sistema monetario moderno son irreductiblemente políticas. La decisión de la Fed tuvo una trascendencia histórica, pues las líneas swap fueron una de las innovaciones decisivas de la crisis. Y sin embargo, en el debate público han pasado desapercibidas. Pronto se vieron desplazadas por controversias en torno a rescates de instituciones concretas y por las posteriores oleadas de intervenciones de los bancos centrales nacionales o regionales, que recibieron el nombre de “expansión cuantitativa”.

Tooze afirma que estas inyecciones globales de liquidez implicaron “entregar billones de dólares en préstamos a una camarilla de bancos, a sus accionistas y a sus directivos con remuneraciones escandalosas (…) No es un secreto que vivimos en un mundo dominado por oligopolios empresariales, pero durante la crisis y sus secuelas esta realidad y sus implicaciones para las prioridades de gobierno se revelaron abiertamente. Es esta verdad, difícil de digerir y explosiva, con la que se han atragantado las políticas a ambos lados del Atlántico”.

Como medida para estabilizar el sistema capitalista, la respuesta del Tesoro y la Fed fue exitosa: restauró la viabilidad de la banca mundial. También proporcionó un estímulo monetario y una liquidez extraordinaria a todo el sistema financiero, basado en el dólar, a Europa y a los mercados emergentes, cuyas consecuencias aún no han conseguido desmigarse del todo.

Los europeos, mientras tanto, estaban en otro relato, construido en torno a la deuda pública, fundamentalmente de países pequeños como Grecia. La política de la deuda soberana se presentó como el culpable al que cargar todas las responsabilidades. Como admitieron posteriormente altos funcionarios de la UE, aquello no tenía base en la economía. La sostenibilidad de la deuda pública puede ser un problema a largo plazo y Grecia era insolvente, pero el denominador común de la crisis de la zona euro no fue el déficit público excesivo, sino la peligrosa fragilidad de un sistema financiero sobreapalancado, que dependía en exceso de financiación basada en el mercado a largo plazo.

¿Cómo se explica la transformación de una crisis de prestamistas (los bancos) en 2008 en una crisis de acreedores (los ciudadanos) después de 2010? Mientras los contribuyentes europeos lo pasaban muy mal, los bancos y otras entidades de crédito se financiaban con dinero inyectado en los países rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y, en otra modalidad, España. Es fácil concluir, opina Tooze, que la lógica oculta de la crisis de la zona euro después de 2010 fue una repetición de los rescates bancarios de 2008, pero esta vez encubiertos. Fue el mayor “gato por liebre” de la historia.

«La crisis del euro después de 2010 fue una repetición de los rescates bancarios de 2008, pero encubiertos. El mayor ‘gato por liebre’ de la historia»

La redistribución a la inversa de los sacrificios está en la base de los cambios políticos que se han multiplicado en muchas sociedades: desde las crisis de representación de partidos políticos tradicionales a la emergencia de los populismos (muchas veces calificados así abusivamente y equiparados a los que sobrevinieron en los años treinta del siglo pasado) o fenómenos como el Brexit, pasando por el crecimiento de la extrema derecha y la victoria de Donald Trump. En el análisis de Tooze, la pérdida de credibilidad del sistema es flagrante y el daño profundo.

El economista Abba Lerner decía que “la economía se ha ganado el título de reina de las Ciencias Sociales eligiendo como dominio problemas políticos ya resueltos”. Cuando se habla de economía política hay que tomarse en serio las exigencias de la política. Esta es una de las partes más finas de Crash: los reveses económicos que dieron lugar a la Gran Recesión se produjeron en muchas ocasiones de modo repentino e inesperado. Además de las tentaciones estructurales de desarrollo lento que genera la integración global, también aparecen rupturas repentinas: sucesos que no se pueden explicar del todo, crisis difíciles de predecir porque no hay avisos previos y, cuando los hay, son de una gran complejidad. Para solucionarlos, lo que se necesita es a veces intangible: nada menos que acción política y liderazgo. En 2008, el sistema necesitaba un rescate a un lado y otro del Atlántico, pero en el plano político hizo falta una frágil y a veces indeterminada coalición entre partidos, forjada por una élite republicana y los líderes demócratas para mantener la cohesión en EEUU y hacer posibles las iniciativas de estabilización global. La posterior polarización política y la elección de Trump en 2016 volvieron a poner de manifiesto la importancia histórica de aquella coalición implícita.

¿Cómo se pueden formar estas coaliciones capaces de tomar decisiones esenciales pero impopulares? El hasta hace poco presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en un alarde de sinceridad: “Sabemos lo que hay que hacer para salir de la crisis, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después”. La existencia de coaliciones específicas que respondan a ocasiones concretas es un requisito para la gobernanza democrática del sistema capitalista. Es lo que diferenció, por ejemplo, el Tratado de Versalles del Plan Marshall, o la forma en que respondieron a la Gran Depresión dos presidentes tan distintos como Herbert Hoover y Franklin Roosevelt.

La escala de la crisis durante la Gran Recesión ha sido tan empinada que ha generado una enorme presión entre la política democrática y las exigencias de la gobernanza económica. Ahora padecemos sus contradicciones. ●

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Remedios de masas para enfermedades de masas. Una renta básica de urgencia para toda la población

Con la declaración del estado de alerta por la pandemia del Covid 19 y las medidas de confinamiento de la población decretadas por el gobierno, la situación de precariedad y de inseguridad económica acelerada de muchos millones de personas en el reino de España es un hecho. Antes de la pandemia ya sufríamos altas tasas de pobreza junto a un elevado desempleo y empleo temporal, por no insistir en el aumento en los últimos años de la población trabajadora pobre, los hasta ahora 15% de working poor, es decir, trabajadores con contrato legal por debajo del umbral de la pobreza.

En el reino de España, la sucesión de datos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estos primeros días del estado de alerta ya es escalofriante: incontable es la cantidad de empresas que ocupan a muchos miles de trabajadores como Pikolin, Seat, Wolkswagen, Burger King, Nissan, Norweggian, etc. que ya los han anunciado. Hay quien documenta de un retroceso de 10 años en los próximos días en cuanto a cifras de desempleo y que se va a superar la barrera psicológica de los cuatro millones de desempleados. Y algunas previsiones en cuanto a la caída de la producción mundial, de cumplirse, señalan un panorama de recesión al que no se había enfrentado la economía mundial desde la segunda gran guerra.

El pasado 17 de marzo el gobierno español anunció la “mayor movilización de recursos de la historia”, una cifra de 200.000 millones de euros. De los cuales, 117.000 millones de dinero público y el resto, 83.000 millones, a través del sector privado, aunque para estos últimos no se ha dado ninguna concreción de cómo iban a conseguirse. Por lo que hace a la parte pública la proporción es de 100.000 millones para las empresas y de 17.000 para “gasto social”. Entre algunas medidas claramente positivas de este gasto público se enumeran: la congelación de los desahucios, la moratoria de suministros básicos (agua, luz y gas) para colectivos vulnerables y las ayudas para el desempleo —tanto para asalariados como para autónomos— que se prevé va a generar la crisis en la que empezamos a adentrarnos.

Pero la cuestión clave es si con estos recursos —y vale la pena aclarar que se trata de 17.000 millones de ayudas reales en subvenciones, porque los restantes 100.000 millones son avales—se conseguirá paliar la situación en la que va a encontrarse a partir de ahora una inquietante proporción de hogares que ya sobrevivía en condiciones muy precarias aun disponiendo de un empleo, cuando dejen de tenerlo, como parece indicar que va a suceder dada la cascada de ERTE que se avecina. Y decimos esto porque la anterior crisis ya se saldó en lo social con un crecimiento de la desigualdad y un deterioro de las condiciones de vida para la población no rica, pero también con una enorme transferencia de recursos públicos a las entidades financieras. Las cifras que se manejan son distintas según las fuentes: aceptemos los algo más de 60.000 millones de euros que avala el Banco de España y que coincide básicamente con el Tribunal de Cuentas, pero indiquemos que éste es el coste final para las arcas públicas, pero el dinero público movilizado en forma de avales, esquemas de protección de activos y créditos fiscales diferidos, para que la banca haya tenido una amplia zona de confort asegurada con dinero público ha sido sin lugar a dudas muy superior a los 117.000 millones de los que ahora se habla. Por lo que la “mayor movilización de recursos de la historia” es una exageración.

En la actual crisis, parece que el peso se pondrá en sostener las empresas como forma de mantener en lo posible la actividad económica, reducir el impacto de la recesión en ellas y confiar que eso se traslade a un cierto mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Con esta acertada frase se sintetiza lo que queremos decir: “No hace mucho que regalamos miles de millones de euros a la banca, no falta nada para que se le dan cariñitos a las grandes empresas, pero para que quien se quede sin trabajo reciba un triste subsidio, para que las familias accedan a una mínima ayuda, vamos a necesitar horas de negociaciones a cara de perro en el gobierno, porque hoy, en este estado, la supervivencia material de la población no es un derecho”.

Esta movilización de tantos recursos económicos supone aproximadamente un 20% del PIB y van sobre todo destinados a mantener el tejido empresarial e intentar frenar el impacto de la sangría de despidos que se avecina. Se quiere preservar la oferta cuando lo que la sostendrá en primer lugar es la demanda: empezando por el sector servicios, que va a recibir un mazazo bestial con la caída del turismo extranjero.

Que la situación es de emergencia sanitaria parece fuera de toda duda. Como se apuntaba recientemente, la mortalidad y la contagiosidad de este coronavirus, hacen de él un tema de salud de primera magnitud y, por tanto se requieren de medidas sanitarias contundentes. En este punto, las diferencias entre sistemas sanitarios e incluso, políticos, puede marcar el desarrollo y la extensión de la pandemia y, por ende, sus consecuencias sociales y económicas.

El pasado 12 de marzo, el presidente francés Macron dijo que «esta crisis del coronavirus nos ha enseñado una cosa. Hay cosas que no deben pertenecer al mercado. Confiar nuestras vidas en manos de privados es una locura”. Parece que el subconsciente siempre traiciona a los presidentes franceses en los momentos iniciales de una crisis. No podemos menos que recordar a su antecesor Sarkozy cuando en la del 2008 hablaba de la necesidad de refundar el capitalismo sobre bases éticas. Tras tan pomposas palabras, que parecieran anunciar una defensa decidida frente a las barbaridades más evidentes del sistema capitalista, en realidad no hay más que una mera (y huera) reacción visceral a las peores consecuencias inmediatas de la crisis, quizá para justificar las medidas que apuntalen su funcionamiento, pero sin ánimo de pergeñar medidas estructurales que mejoren y garanticen las condiciones materiales de las personas. Sin olvidar que con la pandemia desatada ya en Italia, el mismo Macron decidió mantener la convocatoria de la primera vuelta de las elecciones municipales, a las que la población francesa, con bastante más sentido común, respondió con una abstención del 60%. 12 años más tarde que las de Sarkozy, las palabras de Macron suenan menos creíbles aún. Y el gurú del momento Sarkozy, Joseph Stiglitz, parece anclado en el pasado y sigue en su último libro defendiendo recetas antiguas y esperando volver a los 30 años dorados.

Sin querer entrar en análisis geoestratégicos, la respuesta China a la coyuntura actual, se ha contrapuesto en muchos extremos a la de la Unión Europea, donde ante la inoperancia de las instituciones europeas del momento (alguien podría pensar que afortunadamente, vista las consecuencias de su intervención en la crisis del 2008) reina un sálvese quien pueda, con Alemania a la cabeza e Italia o el reino de España (de momento sin noticias de Grecia) a la cola, por lo que a afectados se refiere y, también en la toma de decisiones. En el inicio de la crisis el Banco Central Europeo hizo poco más que el anuncio de un programa de emergencia para la adquisición de activos públicos y privados de 750.000 millones de euros, para tranquilizar los ánimos de las principales bolsas europeas, en estos momentos a unos niveles de muchos años atrás. Un poco mas tarde la Comisión europea propuso suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Medidas lentas y tímidas, pero que ya de por sí dan una idea de la magnitud de lo que hay y de lo que vendrá. De la salida de esta crisis (primero la sanitaria, luego la social y económica) puede depender la correlación de fuerzas a nivel global. Las imágenes de aviones chinos (y ¡médicos cubanos!) llegando primero a Italia y pronto al reino de España, son una primera prueba de que las cosas quizá cambien en este punto.

En situaciones de emergencia como la actual, suele florecer lo mejor y lo peor de la especie humana. Estos días van llenos de reconocimientos a los trabajadores de la sanidad (pública) por el abnegado esfuerzo que están realizando en condiciones adversas, por la magnitud de la pandemia, pero también por arrastrar años de recortes y de recursos escasos (algunos dirán que no es el momento de recordar estos extremos, pero cuando si no, se va a recordar a los responsables de esta situación su mal hacer político, y recordemos que los recortes desde 2010 han venido tanto del PSOE como del PP). Sin olvidar a otros tantos colectivos de trabajadores de servicios esenciales en esta situación: como el personal de atención domiciliaria a personas dependientes, de residencias de gente mayor (el colectivo más vulnerable), de limpieza, suministro de alimentos, etc. que, paradojas de la vida, suelen ocupar una posición baja en la escala salarial y están totalmente feminizados. Nos cuidan en casa sin cobrar y nos cuidan a todos con salarios muy bajos. Por no olvidar a tanto trabajador público que, de la noche a la mañana y con incertezas por doquier, ha tenido que improvisar sistemas de teletrabajo y organizarse y organizar equipos para atender a las necesidades de la población, otra vez, sin los recursos organizativos y económicos que serían deseables. O las diferentes movilizaciones sociales y comunitarias, articulando colectivos, propuestas y mecanismos de ayuda mutua que, por momentos permiten reconciliarse con la condición humana.

Y al lado de este escenario o, mejor dicho, frente a él, comportamientos egoístas: acaparamientos, subidas abusivas de precios o, muy significativamente, posicionamientos empresariales, especialmente los de empresas que registraron abundantes beneficios y que, a las primeras de cambio, socializan las potenciales pérdidas. Si a esto le añadimos la destrucción de empleo derivada de la no renovación del ingente volumen de contratos temporales y precarios (un dato: más del 40% de la contratación en el reino de España es de menos de un mes, y un 25% de menos de una semana) o las penosas condiciones retributivas y de trabajo, agravadas estos días por las condiciones sanitarias, nos queda un panorama, como poco, desolador.

Y por medio, multitud de actuaciones descoordinadas de diferentes agentes que, cuando son públicos, provocan la zozobra de servidores públicos que se ven enfrentados a problemas ingentes con instrumentos jurídicos, organizativos y económicos escasos. Heterogéneas medidas anunciadas, por ejemplo pizzas o tarjetas para los beneficiarios de becas comedor ahora suspendidas, diferentes exenciones de tasas o impuestos, bonificaciones o subvenciones anunciadas para diferentes colectivos, complementarias o no, medidas todas ellas que, sin tiempo para evaluar ex ante su eficacia y eficiencia en función de los objetivos perseguidos (básica pero no únicamente, porque no se sabe a ciencia cierta cuales son, más allá de hacer algo) y que supondrán un ingente esfuerzo (y gasto) de muchas personas con unos resultados, en términos de impacto social, modestos. Lo que no obsta para que, en algunos casos se reconozca su necesidad.

En ese equilibrio entre el tiempo liberado que permitiría hacer todas esas cosas (aunque solo fuera una parte) que de cotidiano no nos es posible y la intemperie a la que pueden verse abocadas millones de personas que no tendrán garantizadas las condiciones materiales de existencia, es donde ha explotado desde muy distintos lugares y ámbitos (menos los gubernamentales) con más fuerza que nunca la propuesta de la renta básica.

La renta básica universal e incondicional debería ser una de las principales medidas para poder contener los efectos devastadores que va a tener en la vida y la existencia material de muchas familias como ya se ha apuntado en diferentes artículos y medios, pero todo indica que este gobierno no va a estar a la altura de las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Parece que no se dan cuenta que millones de personas no trabajadoras con contrato o con contratos superprecarios que les impide tener un subsidio de desempleo de subsistencia, van a quedarse al pairo completamente, sin capacidad de generar ingresos en negro, con redes de apoyo informal exhaustas, en fin, un desastre sin precedentes en un país donde las rentas mínimas condicionadas cubren alrededor del 10% de la población pobre. Sí, ¡el 10%!

Cómo algunos salubristas saben “con las enfermedades de masas se requieren remedios de masas” y es aquí donde una medida cómo la renta básica en esta situación de emergencia al ser universal e incondicional simplificaría muchas de las ayudas existentes y que se van a recibir a partir de ahora, a la vez que reduciría las grandes desigualdades sociales que ya tenemos y que se van a intensificar y agudizar en los próximos años. Frente a la creciente desigualdad, la precarización galopante de las condiciones de trabajo, los problemas de vivienda, en definitiva, el deterioro de las condiciones materiales de vida, parece que, en esta ocasión, al menos de momento, la opción elegida ha sido insuflar liquidez y dar ayudas a las empresas, confiando que esto conllevará un mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Había otras propuestas con más vocación de poner el foco en las personas: prohibición de ERTEs en empresas con beneficio, más subsidios y seguros de desempleo, permisos retribuidos para cuidados, etc.; y con propuestas fiscales para financiarlas, pero la voluntad gubernamental, más allá de las grandes declaraciones, ha optado por otro camino.

Mención aparte merece el despliegue del ejército español por muchas calles en un intento de hacer útil una organización costosa para el erario público, además de ultrareaccionaria. Lo apuntaba este centro especializado en los estudios por la paz: “Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, queremos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.”

Efectivamente, hay quien defendiendo la centralización de la crisis, ha confundido la técnica con la política. Y no hay duda que el gobierno español ha aprovechado para una ultracentralización política.

Desde la perspectiva de las respuestas inmediatas como de las que deberían atender a los elementos estructurales de la situación, la renta básica se muestra pertinente. Respecto al primero, como se apuntaba recientemente, los Estados “deberían proporcionar a la gente corriente los medios para tener más resiliencia. La mejor forma sería garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad económica básica.” Es decir, a corto plazo la apuesta por lo que ya se ha venido en llamar Renta de Cuarentena, una renta básica incondicional y universal, por ejemplo en lo que queda de año y por un importe mínimo a determinar (al estilo de esta propuesta), combinado con una congelación del pago de alquileres además del de hipotecas1, pondría el peso de las medidas, no en la banca o las empresas, sino en las personas con lo que se conseguiría “mantener la demanda agregada y proporcionar más resiliencia a las personas, las familias y las Comunidades”. Evidentemente, no estamos diciendo que debiera ser la única medida, sino acompañada de elementos regulatorios (algunos mencionados anteriormente como la prohibición de ERTEs en empresas con beneficios, o control de precios moratorias en alquileres, hipotecas, etc.) podría amortiguar mucho los efectos de la crisis en la mayoría de la población no rica, especialmente a los más pobres.

Porque, no nos engañemos, donde no parece que vaya a haber variaciones es en el sistema económico, más allá de la grave recesión económica, que si ya apuntaba antes de la pandemia, ahora parece inevitable. Y, en este sentido, si de lo que se trata es de afrontar la crisis sistémica y avanzar en la transformación social, lo que se hace necesario son medidas estructurales, claramente de izquierdas, entre las que la renta básica ocupa un lugar prominente, junto a servicios públicos universales como la sanidad o la educación. El gobierno tiene los recursos para una intervención fiscal. Esta pandemia global requiere de una respuesta contundente por las repercusiones que va a tener y con la tecnología actual sería posible inyectar liquidez a la mayoría de domicilios. ¡No perdamos esta oportunidad! No es oportunismo, es cambio de objetivos. “Rescatar a la gente” quiere decir precisamente eso: apostar por la mayoría de la población. Algo que resulta ajeno a aquellos que consideran que la política es solo el arte de lo “posible”, entendiendo por lo “posible” aquello que no molesta, ni perturba el normal funcionamiento de los grandes poderes privados. Como sostiene, entre otros muchos, este oportuno artículo: “A corto plazo es una cuestión de supervivencia elemental. A la larga, es la gran ocasión para poder plantar batalla y empezar a recuperar la sensatez republicana”.

Nota:

1 Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 25,4% de los hogares del reino de España paga hipoteca y el 17,5% paga un alquiler, concentrado en sectores jóvenes y de bajos ingresos.Jordi Arcarons  es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Daniel Raventós y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017).Paco Ramos  doctor en derecho es Director Ejecutivo de Estrategias de Empleo de Barcelona Activa en el Ayuntamiento de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.Daniel Raventós  es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, «Against Charity» (Counterpunch, 2018).Sergi Raventós  es doctor en Sociología y Trabajador social de una Fundación de salud mental en Barcelona. Es miembro de la Junta de la Red Renta Básica.Lluís Torrens  es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra y Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Colabora con la asociación REVO prosperidad sostenible. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017).Fuente:www.sinpermiso.info, 22-3-20

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Como la élite mundial tratará de beneficiarse de la pandemia. Entrevista a Naomi Klein

La entrevista la realizó Marie Solis

El coronavirus es oficialmente una pandemia mundial que hasta ahora ha infectado diez veces mas personas que el SARS de 2003. En EE.UU., escuelas, universidades, museos y teatros, cierran sus puertas; y pronto, ciudades enteras, harán lo mismo. Los expertos advierten de que algunas personas, sospechosas de estar infectadas por el virus en EE.UU: prosiguen su rutina cotidiana. Porque su empleo no les permite bajas pagadas dadas las deficiencias del sistema privatizado de salud norteamericano.

La mayoría de entre nosotros (NT.: para los ciudadanos norteamericanos) no saben qué hacer ni a quién escuchar. El presidente Donald Trump ha rechazado las recomendaciones de los centros de control y de prevención de enfermedades; y estos mensaje contradictorios han reducido nuestro margen de maniobra para atenuar los daños causados por este virus tremendamente contagioso.

Son las condiciones perfectas para que los gobiernos y la élite mundial desplieguen programas políticos, que de otra forma, encontrarían gran oposición si no estuviéramos todos tan desorientados. Esta cadena de acontecimientos no es exclusiva de la crisis creada por el coronavirus; es el proyecto que los políticos y los gobiernos persiguen desde hace décadas, conocido con el nombre de “doctrina del shock”, término inventado por la activista y autora Naomi Klein en un libro del mismo nombre de 2007.

La historia es una crónica de “shocks”: los de las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas, y de sus consecuencias. Estas consecuencias se caracterizan por el “capitalismo catástrofe”; mediante “soluciones” calculadas y de libre mercado para las crisis que estallan y exacerban las desigualdades existentes.

Según Klein, asistimos ya a un capitalismo catastrófico en el terreno nacional; para responder al coronavirus, Trump ha propuesto un plan de estímulo de 700 millardos de dólares que incluye reducción de cargas sociales (que devastarán la seguridad social) y proporcionará una ayuda a las industrias faltas de oportunidades de negocio causadas por la pandemia: “No lo hacen porque crean que es el medio más eficaz para paliar el sufrimiento causado por la pandemia; formulan tales ideas porque ven una oportunidad para desplegarlas”, ha declarado Klein.

VICE ha preguntado a Klein sobre la forma como el “shock” del coronavirus cede su lugar en la cadena de acontecimientos que describió hace ya más de diez años en La doctrina del shock.

VICE: Empezemos por lo esencial. ¿Qué es el capitalismo de catástrofe? ¿Cuál es su relación con la “doctrina del shock”?

La forma como defino el “capitalismo catástofe” es muy simple: describe la manera como las industrias privadas emergen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La especulación sobre las catástrofes y la guerra no es un concepto nuevo, pero se ha profundizado claramente con la administración Bush a partir del 11 de setiembre, cuando el gobierno declaró este tipo de crisis de seguridad sin plazo, y simultáneamente la privatizó y externalizó; esto incluyó el Estado de seguridad nacional en la privatización, así como la invasión y ocupación (privatizada) de Irak y Afganistán.

La “doctrina del shock” es la estrategia política que consiste en emplear las crisis a gran escala para hacer avanzar políticas que profundicen sistemáticamente las desigualdades, enriqueciendo a las élites y debilitando a los demás. En tiempos de crisis, la gente tiende a concentrarse en las urgencias cotidianas para sobrevivir como sea y tiende a contar sobre todo con los que están el poder. En épocas de crisis, desviamos un poco la mirada, lejos del juego real.

VICE: ¿De dónde viene esta estrategia política? ¿Cómo trazar su historia en la política norteamericana?

La estrategia de la doctrina del shock fue una respuesta de Milton Friedman al programa del New Deal. Este economista neoliberal creía que todo estaba equivocado con el New Deal en Estado Unidos: para responder a la Gran Depresión y al Dust Bowl (NdeT: Tormenta de polvo) un gobierno mucho más activo surgió en el país, que se propuso resolver directamente la crisis económica en la época creando empleos públicos y ofreciendo ayudas directas.

Si Vd. es un economista del libre mercado, comprenderá que cuando los mercados quiebran, hay preparado un cambio progresivo que es mucho más orgánico que el tipo de políticas de desregulación que favorecen a las grandes empresas. La doctrina del shock se desarrolló como un medio de evitar que las crisis cedan el lugar a momentos orgánicos en los que surjan políticas progresistas. Las élites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son la ocasión para hacer avanzar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo.

VICE: Actualmente estamos confrontados con múltiples crisis: una pandemia, falta de infraestructuras para resolverla y hundimiento de la bolsa. ¿Podría explicarnos como cada uno de estos elementos se inscribe en el esquema que Vd. ha descrito en la Doctrina del shock?

El shock en realidad es el mismo virus. Se le ha tratado de manera que maximice la confusión y minimice la protección. No creo que sea una conspiración; es justo la forma como el gobierno norteamericano y Trump han gestionado, completamente mal, esta crisis. Hasta ahora Trump ha tratado esta situación, no como una crisis de salud pública, sino como una crisis de percepción y un problema potencial para su reelección.

Es el peor de los escenarios, máxime si se tiene en cuenta el hecho de que Estados Unidos no dispone de un programa nacional de salud y que la protección de la que se benefician los trabajadores es muy mala: por ejemplo, la ley no establece prestaciones por enfermedad. Esta combinación de fuerzas ha provocado un choque máximo. Va a explotarse para salvar industrias que están en el núcleo de las crisis más extremas a las que hemos de enfrentarnos, como la crisis climática: la industria aérea, la petrolera y gasística, la de los cruceros, y quieren consolidar todo esto.

VICE: ¿Cómo hemos visto esto antes?

En La doctrina del shock hablo de lo que pasó después del huracán Katrina. Grupos de expertos de Washington como la Heritage Foundation se reunieron creando una lista de soluciones “pro libre mercado” para el Katrina. Podemos estar seguros de que ahora se hará el mismo tipo de reuniones. De hecho, la persona que presidió el grupo Katrina fue Mike Pence (NT: la persona que preside ahora el dossier Coronavirus). En 2008, ese movimiento se tradujo en el salvamento de los bancos, cuando los países les entregaron cheques en blanco, que finalmente se elevaron a varios millardos de dólares; pero el coste real de esta situación tomó la forma de amplios programas de austeridad económica (reducciones ulteriores de servicios sociales). Así que no se trata tan solo de lo que pase ahora, sino también de la forma como lo pagarán en el futuro, cuando se presente la factura de todo lo que se debe.

VICE: Si nuestros gobernantes y la élite mundial van a beneficiarse de esta crisis para sus propios fines, ¿qué puede hacer la gente para apoyarse mutuamente?

“Voy a cuidar de mí y de los míos, podemos adquirir la mejor póliza de seguro privado de enfermedad, y si Vd. no la tiene, probablemente es su error, no es mi problema”: he aquí lo que una economía de vencedor mete en nuestros cerebros. Lo que revela en un momento de crisis como ahora, es nuestra interrelación de unos con otros. Comprobamos en tiempo real, que estamos mucho más interconectados de lo que nuestro brutal sistema económico nos permite creer.

Podemos pensar que estaremos seguros si obtenemos buenos cuidados médicos, pero si la persona que prepara o suministra nuestros alimentos, o que envuelve las cajas, no tiene acceso a cuidados médicos y no puede permitirse los análisis, y aún menos quedarse en casa porque no tiene prestación por enfermedad, no estaremos seguros. Si no nos cuidamos unos a otros, ninguno estará seguro. Estamos atrapados.

Las diferentes formas de organizar la sociedad favorecen o refuerzan diferentes partes de nosotros mismos. Si está en un sistema que, como sabe, no cuida de la gente, y no distribuye los recursos de manera justa, entonces nuestro impulso por la acumulación estará en alerta. Piense esto y reflexione en cómo. En vez de empecinarse en pensar en cómo pueden cuidarse a sí mismos y a su familia; Vd. puede cambiar y reflexionar sobre la forma de compartir con sus vecinos y ayudar a las personas más vulnerables.Naomi Klein  Autora, entre otros libros, de ‘La doctrina del shock’ y ‘No Logo’.Fuente:https://zintv.org/naomi-klein-comment-lelite-mondiale-va-tenter-dexploiter-la-pandemie/Traducción:Ramón Sánchez Tabarés

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Un rescate financiero para todos los ciudadanos

No podemos esperar que ni siquiera políticas como las espectaculares medidas monetarias anunciadas por la Reserva Federal y otras similares vayan a terminar con esta crisis. Necesitamos un rescate financiero para las personas. Y lo necesitamos ahora.

Esta pandemia no es solo una emergencia médica y económica global. Podría convertirse en un punto decisivo para el sistema actual de cooperación política y económica. En relación con el llamamiento que hemos hecho Robin Niblett, Creon Butler y yo en favor de una respuesta global a la pandemia del Covid-19, las espectaculares medidas de política económica anunciadas por los líderes de las grandes economías son clarividentes. Puede que esta respuesta no esté garantizada en todas las naciones del G20, aunque dada la incertidumbre de la situación y el deseo de mostrar iniciativa colectiva, debería ser impulsada desde este grupo.

Necesitamos algún tipo de apoyo a la renta para todos nuestros ciudadanos, ya sean empleados o empleadores. Quizá podríamos llamarlo un verdadero rescate financiero de las personas (una relajación cuantitativa o QE para las personas).

En el contexto de la crisis económica de 2008 y las aparentes dificultades de las  medidas de estímulo tradicionales para ayudar a las economías y a los ciudadanos –especialmente en un entorno de bajo crecimiento salarial y de desigualdad creciente, tanto real como percibida– han surgido otras ideas.

Tanto la teoría monetaria moderna (TMM) como la renta básica universal (RBU) hunden sus raíces en el convencimiento de que las políticas económicas convencionales no han servido de ayuda. En el centro de estas visiones está la idea de proporcionar dinero a las personas, especialmente a las de bajos ingresos. Este dinero lo suministrarían directamente los bancos centrales, con su capacidad para imprimir moneda. Hasta hace poco, yo mismo tenía escasa simpatía hacia estas ideas, pero la crisis del Covid-19 me ha hecho cambiar de opinión.

Esta crisis es extraordinaria en la medida en que es tanto un shock colosal de demanda como uno aún mayor de oferta. El epicentro de la crisis se ha desplazado de China, y quizá del resto de Asia, a Europa y Estados Unidos. No podemos esperar que ni siquiera políticas tan impresionantes como las medidas monetarias anunciadas por Reserva Federal y otras similares –por poco convencionales que sean en los tiempos modernos– vayan a contener esta crisis.

Estamos pidiendo conscientemente a nuestros ciudadanos que dejen de salir, de viajar, que no vayan a sus oficinas; es decir, que reduzcan toda forma de vida económica normal. Los únicos que no se ven afectados son aquellos que trabajan completamente a través del ciberespacio. Pero incluso ellos tienen que comprar algunos bienes de consumo, como alimentos, e incluso si hacen un pedido en línea, alguien tiene que entregarlo.

Como resultado, los mercados están lógicamente preocupados por un colapso de la actividad económica y, derivado de ello, por un colapso de las empresas, no solo de los beneficios. La expansión de los balances de los bancos centrales no servirá para solucionar ese temor, a menos que sean solo los bancos, estamos preocupados por el ahorro.

Lo que se necesita en las circunstancias actuales son acciones para que cada uno de nosotros confíe en que, si seguimos el consejo de los expertos médicos, especialmente si nos aislamos –restringiendo con ello deliberadamente nuestros ingresos personales–, los gobiernos podrán hacerlo bien. En esencia, necesitamos un rescate financiero de las personas. Un rescate inteligente y persuasivo.

Tras discutir esta idea con un par de expertos económicos, existen considerables dificultades para ir más allá del simple concepto. En EEUU, por ejemplo, la Reserva Federal tiene restricciones legales para hacer transferencias directas de efectivo a personas o empresas, y esto podría ser cierto en otros países. Pero las autoridades fiscales pueden superar este impedimento a través de un bono especial, cuyos ingresos podrían transferirse a individuos y empresarios. Los bancos centrales están en condiciones de financiar fácilmente dichos bonos.

Una decisión de este tipo, además, redundaría en la percepción y la realidad de la independencia del banco central. Yo estoy entre quienes sostienen que los bancos centrales solo pueden ejercer su independencia si lo hacen con prudencia. Otros argumentarán que, en medio del debate sobre la igualdad, cualquier apoyo a los ingresos debe estar dirigido a aquellos con ingresos muy bajos, mientras que los que ganan más o las grandes empresas no deben recibir nada, o muy poco. Comprendo este planteamiento, pero ignora la centralidad del actual shock económico. Todos nuestros cafés y restaurantes, así como muchas de las aerolíneas y otros sectores están en riesgo de no poder sobrevivir, y todos ellos son grandes empleadores.

En este momento, lo esencial es el tiempo, y necesitamos que los responsables políticos actúen lo antes posible. De lo contrario, los mecanismos de transmisión, incluidos los que garantizan el funcionamiento de nuestra forma de vida surgida tras la Segunda Guerra Mundial, pueden verse desafiados.

Necesitamos un rescate financiero inteligente para las personas. Y lo necesitamos ahora.

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Los grandes propietarios piden al Gobierno que no apruebe una moratoria en los alquileres

Los grandes propietarios inmobiliarios han salido en defensa de sus intereses y de las familias con propiedades en alquiler al pedir al Gobierno que no establezca una moratoria en el residencial en arrendamiento, debido a la crisis del coronavirus, porque pondría en peligro ese mercado en un futuro y también el ahorro privado de las familias.

Socimis como Merlin, Colonial, GMP, Intu, La Finca y Unibail, aseguradoras como Allianz y Mutua Madrileña o inmobiliarias como Azora, Klepierre e Iberdrola Inmobiliaria han emitido un comunicado este viernes a través de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) dirigido al Ejecutivo.

«Advertimos del grave riesgo a medio y largo plazo que supone adoptar medidas gravosas y discriminatorias como la condonación del pago del alquiler de viviendas a costa del ahorro privado. Un grave riesgo, sobre todo para jóvenes y familias de renta baja que verán comprometido el acceso a una vivienda en el futuro inmediato, una vez superada esta crisis», señala en el comunicado.

Desde Asipa cree que adoptar este tipo de medidas supondría «un serio atentado contra la necesaria seguridad jurídica del sector, poniendo en riesgo la supervivencia económica de muchos ahorradores privados». Por eso, estas empresas creen que es importante dejar claro, una vez más, que el ahorro institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales, frecuentemente a través de planes de pensiones, que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo.

En los últimos tiempos, formaciones políticas como Unidas Podemos han puesto el foco en este tipo de sociedades como socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) y fondos inmobiliarios para acusarles de ser el causante de la subida de precios de los alquileres. Una aseveración unánimemente refutada por el sector debido a que este tipo de grandes propietarios apenas controlan el 5% del parque conjunto del alquiler, que se encuentra, sin embargo, en manos de familias.

El Gobierno ha estudiado diferentes medidas que pudiesen beneficiar a los afectados por el parón económico sin precedentes por la crisis del coronavirus, entre ellas establecer alguna moratoria en los pagos de rentas del alquiler. Sin embargo, desde el equipo económico del Ejecutivo, hasta ahora se ha descartado esta opción.

Grandes empresas propietarias de viviendas como Blackstone, tal como adelantó Cinco Díasestudian medidas para flexibilizar esos pagos, o establecen moratorias como ya ha realizado Azora, entre otras inmobiliarias. «Queremos recordar que los propietarios privados tomaron la iniciativa y desde el comienzo de la crisis sanitaria están ofreciendo ayudas a aquellos inquilinos cuya situación económica se haya visto afectada por Covid-19, demostrando su compromiso y responsabilidad social, de forma solidaria y adaptada a la capacidad de cada uno para no poner en riesgo su viabilidad», aseveran desde esta asociación de grandes empresas.

De hecho, en el comunicado, las empresas agrupadas en Asipa apuntan a que el ataque a estas compañías es «es injusto, interesado y contradictorio hablar de fondo buitre para referirse a estas sociedades de ahorro colectivo que financian y mantienen grandes parques de vivienda a largo plazo, tan necesarias para dar acceso a la vivienda a miles de familias. El ahorro institucional no es parte del problema, sino parte de la solución».

«Creemos que el uso de este término solo busca justificar la aplicación arbitraria de medidas discriminatorias a este tipo de ahorro, que son más cosméticas que reales, pues este tipo de ahorro solo representa un 2% del total de viviendas en alquiler en España», destaca el comunicado de Asipa.

Algunas de estos grandes empresas patrimonialistas agrupadas en esta asociación empresarial no son propietarias de vivienda, como es el caso de Merlin, Colonial, Unibail o Mutua. Azora, sin embargo, sí es uno de los grandes impulsores de este mercado en España desde 2003, cuando lanzó el vehículo de inversión Lazora, actualmente propiedad de CBRE Global Investors, además de ejercer como gestor de este tipo de casas en arrendamiento. El presidente de la asociación Asipa es Fernando Lacadena, experimentado ejecutivo del sector y actualmente director financiero de Merlin.

Desde Asipa ven con preocupación algunas informaciones aparecidas en medios de comunicación hablan de aplicar la obligación de condonar el pago de las rentas a cualquier ahorrador privado con más de dos viviendas, ampliando la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga más de ocho. «Esta campaña contra el ahorro privado busca ya extenderse, también de forma injusta, hacia pequeños ahorradores«.

En los últimos meses, el sector inmobiliario ha venido recordando al Gobierno la escasez de oferta de vivienda asequible en alquiler que hace que se dispare los precios ante la fuerte demanda de jóvenes y familias que no pueden acceder a los créditos hipotecarios por falta de ahorro. Y exige que con fórmulas de colaboración público-privadas se ponga en el mercado más de 100.000 viviendas al año a bajo coste para los inquilinos.

«Este tipo de medidas tendrían efectos colaterales negativos, porque el verdadero problema de fondo en materia de vivienda en España es la escasez de vivienda disponible para alquilar, sobre todo para los jóvenes y para familias de rentas bajas», recuerdan las empresas.  «Y es el ahorro privado el único que puede financiar el 1,5 millones de viviendas que hacen falta de aquí a los próximos 10 o 15 años, y acudir a la llamada de colaboración de las administraciones públicas para crear el parque social y asequible que se necesita. Y es por ello, que debilitarlo con medidas como las citadas, afectaran a dicha capacidad poniendo en riesgo el acceso a la vivienda de millones de ciudadanos en el medio plazo»

cincodias

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