Bruselas obliga a las alimentarias a especificar el origen de los productos

La industria alimentaria deberá especificar a partir del próximo 1 de abril de forma clara y precisa no solo el país de origen de los productos, sino también el de su ingrediente primario, evitando así cualquier tipo confusión al consumidor, tal y como está ocurriendo en los últimos meses con la venta en los supermercados, por ejemplo, de miles de jamones polacos que se venden como si fueran españoles al ser curados aquí.

Es lo que establece un Reglamento aprobado por la Comisión Europea, que modifica otro previo del año 2011, en el que se establecía ya la obligatoriedad de indicar el origen del alimento, pero no de su ingrediente principal y siempre y cuando la falta de tal indicación pudiera «inducir a engaño a los consumidores en cuanto al verdadero país de origen o lugar de procedencia de dicho producto».

A partir de ahora, «la información facilitada respecto del ingrediente primario (…) debe completar la información facilitada al consumidor en relación con el país de origen o el lugar de procedencia del alimento, y debe ser fácilmente visible y claramente legible, y, en su caso, indeleble», algo que no estaba ocurriendo, por ejemplo, en el caso de los jamones.

La especificación del país de origen de ambos, bien sea de un Estado miembro de la UE o de un país tercero, se debe hacer, además, de una forma «que sea fácilmente comprensible para los consumidores medios normalmente informados».

En caso de que las empresas alimentarias opten por indicar únicamente que el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario es distinto al del alimento debido a que existen fuentes de suministro múltiples o variables, el nuevo reglamento dice que hay que «establecer un marco que tenga en cuenta las diferentes circunstancias de la transformación de alimentos», pero garantizando siempre una información comprensible.

La entrada en vigor del nuevo reglamento europeo se produce en un momento especialmente delicado en el sector cárnico. La Asociación de Productores de Jamón de Trevelez y La Alpujarra acaban de ganar la batalla legal a Comapa, la empresa que, bajo el anterior equipo gestor, vendía jamón polaco con ofertas de hasta 25 euros la unidad, como si procediera en realidad de esta comarca granadina. La cárnica madrileña, proveedora de cadenas como Carrefour o Ahorramás, presentó una demanda en el juzgado de lo Mercantil número 11 de la capital de España, para solicitar que se eliminara la marca Jamón de la Alpujarra, algo que el tribunal ha desestimado por completo. El juez dice que esta denominación «tiene por objeto distinguir el referido producto alimenticio, informando al consumidor que el mismo procede de una zona geográfica concreta».

Comapa estaba vendiendo jamones polacos bajo las enseñas Sierra Alpujarra y Trevedul, enfrentándose así a los productores de la zona, que la acusaron de confundir a los consumidores. En la sentencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, el juez deja ahora claro que la marca Jamón de La Alpujarra «tiene por objeto identificar únicamente aquellos productos que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de uso de la marca de garantía, certificando que los productos identificados con ella tienen unas condiciones, características y calidad que los diferencian de aquellos productos que no resultan amparados por la marca titularidad de la demandada», por lo que desestima íntegramente la solicitud de Comapa.

A diferencia del jamón de Trevélez, los jamones de La Alpujarra no tienen una Indicación Geográfica Protegida, pero sí que están reconocidos como Marca de Garantía y sometidos, por lo tanto, a un reglamento aprobado por la Junta de Andalucía. La sentencia dictada ahora resulta de una gran importancia porque los productores de Granada han denunciado también a Comapa por un presunto fraude al tratar de confundir a los consumidores españoles.

Pero el jamón no es el único caso. En los último años, los productores españoles están en pie de guerra contra la Administración por permitir un etiquetado que, en la mayoría de los casos, no especifica claramente el origen del lechón. La ambigüedad de las etiquetas confunde al consumidor, que cree que compra un cordero de calidad de la tierra, cuando en realidad adquiere, por un precio superior, un sobrante de ganaderías francesas enfocado a otro tipo de aprovechamientos.

eleconomista.es

Share

Los grandes despachos admiten ‘sotto voce’ que el riesgo de contrarreforma laboral ha acelerado un puñado de procesos de ajuste de plantilla.

BRUNO PÉREZDomingo, 13 Octubre 2019, 04:30Actualizado: 14/10/2019, 04:30

Gráfico evolución trabajadores afectados por ERE

¿Cuál es el precio de la inestabilidad política? Analistas, instituciones internacionales, agencias de calificación crediticia e incluso  informes de resultados de empresas del Ibex han incorporado desde hace meses el factor ‘inestabilidad política’ a sus análisis sobre España, advirtiendo de sus perniciosos efectos sobre el desempeño económico del país y de su negativa influencia sobre las decisiones de los agentes económicos. Una ‘amenaza invisible’ que de vez en cuando se materializa en indicadores económicos y en las decisiones reales de las empresas. Así se atestigua en los despachos de algunas de las principales firmas legales del país, que desde hace meses observan un especial interés por parte de las empresas en sustanciar lo antes posible los procesos de ajuste de plantilla que ya tenían planificados, según reportan a La Información.

«No vemos empresas que hayan decidido hacer un ERE únicamente por la posibilidad de que se cambien las normas que lo regulan, pero sí nos hemos encontrado con muchas empresas, algunas muy importantes, que ya tenían previsto hacer un ajuste de plantilla y que han decidido acelerarlo por lo que pudiera ocurrir«, aseguran desde una firma que ya ha asesorado más de una regulación de empleo en empresas del Ibex.

Desde los despachos se apunta a los anuncios de ‘contrarreforma laboral’ deslizados desde el entorno del Gobierno y a la negociación abierta con Podemos y los sindicatos para endurecer el tratamiento de los Expedientes de Regulación de Empleo, que preveía reimplantar la autorización administrativa previa e incluso empoderar a la Inspección de Trabajo para prohibir la realización de un ajuste de plantilla si no consideraba cumplidos determinados requisitos, como los desencadenantes de este fenómeno cuyo inicio sitúan a finales del año pasado -cuando se desarrolló la negociación entre el Gobierno y Podemos para la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2019- y cuyas réplicas todavía se perciben en la actualidad.

Agentes sociales

Mira tambiénEl gran golpe a la reforma laboral del PP será dificultar los ERE masivos por crisis

No se trata de un fenómeno novedoso. Un exalto funcionario del Ministerio de Trabajo asegura que ya se percibió un fenómeno similar tras el acuerdo PSOE-Ciudadanos de 2016 que también preveía modificar alguno de los aspectos de la reforma laboral de 2012, un texto que el mundo de la empresa defiende como la clave de bóveda de la recuperación económica de los últimos años. Según su relato, el mero anuncio de un acuerdo que podría tumbar algunos aspectos de la reforma laboral provocó una ralentización de las contrataciones y un repunte de los ajustes de plantilla.

Fuentes sindicales admiten que en los últimos meses se ha producido un repunte significativo de las regulaciones de empleo, pero no la vinculan tanto a eventuales amenazas regulatorias como a un cierto empeoramiento de las expectativas a futuro de los empresarios sobre la situación económica. Una situación, dicen, que no solo se ha traducido en un repunte de los ERE sino también en una paralización de la negociación colectiva, a la espera de lo que pueda ocurrir con el Salario Mínimo en 2020 y con la relación de prevalencia entre el convenio de empresa y el de sector, en la actualidad inclinada hacia los convenios de empresa pero que el Gobierno quiere reequilibrar hacia la tradicional prioridad aplicativa del convenio sectorial

Los ERE se disparan en la ‘era Sánchez’

Santander, Telefónica, Acerinox o DIA son algunas de las grandes empresas del país que han activado un ajuste de plantilla a lo largo de 2019, pero más allá de los grandes nombres las cifras que con regularidad mensual publica el Ministerio de Trabajo a través de la Estadística de Regulación de Empleo revelan que en efecto se ha producido una intensificación de los procesos de ajuste de plantilla en el tejido empresarial español.

Los últimos datos oficiales publicados sobre el particular, que acumulan información hasta el mes de julio de 2019, revelan que en lo que va de año los trabajadores afectados por regulaciones de plantilla ascienden a 44.745, una cifra que supera en un 40% el número de afectados registrados en el periodo enero-julio de 2018: 31.958. Se trata del primer repunte en esta cifra desde la crisis.

Pero hay un dato aún más llamativo y que apunta a un cambio de percepción sobre la estabilidad normativa en el país tras la moción de censura. Mientras que en los últimos doce meses de la era Rajoy (junio 2017-junio 2018) la cifra de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo apenas superó los 50.000, desde el cambio de inquilino en La Moncloa y coincidiendo con el cambio de discurso respecto a la normativa sobre los ERE en los siguientes doce meses esa cifra se ha disparado hasta los 86.683 afectados, casi un 70% más.

Un cambio de tendencia tan acusado que es difícil de justificar desde las cifras macro. España ha continuado creciendo a un ritmo superior al 2%, los beneficios empresariales han aumentado -aunque a menor ritmo desde principios de año- y no ha sido hasta los dos últimos meses cuando se ha empezado a hablar de una ralentización más significativa de la situación económica. Otro indicio más parece desvincular el repunte de los ERE de la situación económica y es que las reducciones de jornada, una de las primeras medidas paliativas que aplican las empresas cuando su situación se deteriora de forma relevante, no solo no han aumentado en este periodo sino que se han reducido a la mitad (ver gráfico). 

lainformacion

Share

El temor de los empresarios: ‘Tsunami Democràtic’ reúne a 140.000 agitadores

«Cuando salga la sentencia, respuesta inmediata«. Es la carta de presentación del llamado ‘Tsunami Democràtic‘, una organización compuesta por partidos independentistas, entidades soberanistas y ciudadanos anónimos que buscan provocar acciones de boicot y desobediencia a partir de que el Tribunal Supremo dé a conocer el fallo más esperado de los últimos tiempos. Están organizados para pasar a la acción este mismo lunes y ya suman más de 140.000 seguidores. Este movimiento ha provocado una sensación de alarma entre los empresarios.

El mundo de los negocios teme que estas acciones previstas perjudiquen a sus negocios. Su preocupación es que los agitadores puedan bloquear calles de ciudades ciudades y pueblos catalanes, lo que tendría consecuencias directas en su día a día. Los efectos en las empresas serían aún mayores si ‘Tsunami Democràtic’ consigue prolongar sus acciones de boicot durante días o semanas. En la gran empresa el temor es que el boicot pueda llegar a instalaciones estratégicas, como son el aeropuerto de El Prat, donde ya ayer hubo una sentada que fue desalojada que ellos llamaron «picnic», o el Puerto de Barcelona

De momento pocos empresarios han hablado sobre la sentencia del ‘procés’. Solo se ha mojado Foment del Treball, que la semana pasada emitió un comunicado pidiendo que las «reacciones políticas» a la sentencia del Supremo sean «administradas con responsabilidad» para «garantizar por encima de todo la convivencia y evitar que la legítima manifestación de la protesta afecte el normal desarrollo de la actividad económica y cohesión social». La organización que preside Josep Sánchez Llibre añadía que a partir de ahora «se abre una nueva etapa política para que desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Cataluña y el resto de España y, a través del pacto, se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional».

'Operación sentencia': 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil, listos en Cataluña

Mira también‘Operación sentencia’: 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil, listos en Cataluña

​Las concentraciones se prevén pacíficas, en general, pero no hay que descartar conatos violentos en algunas zonas de Cataluña. Para eso Interior ha enviado a más de 1.500 agentes de unidades ‘antidisturbios’ con la orden de que no sabrán cuándo volverán a sus respectivas bases. La información que maneja el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska es que los alborotadores prolonguen durante días sus protestas, por eso no han definido en las órdenes de servicio cuándo será el regreso de estos policías y guardias civiles.

Desde ‘Tsunami Democràtic’ llevan varios días insistiendo a sus seguidores que las protestas deben ser pacíficas. Han difundido un vídeo citando a Gandhi y a Martin Luther King para recordar que las grandes acciones de protesta siempre han dejado a un lado las vías violentas. «Desde mediados del siglo XX la no violencia se ha convertido en una poderosa herramienta en manos de la población para conseguir profundas transformaciones sociales«, recordaban este domingo. 

Tsunami Democràtic@tsunami_dem

ATENCIÓ: fes arribar aquest fil a tothom abans de dilluns: quan tot comença!

Des de mitjans del s.XX la #noviolència ha esdevingut una poderosa eina en mans de la població per aconseguir profundes transformacions socials.

Embedded video

3,5698:03 AM – Oct 13, 2019Twitter Ads info and privacy3,928 people are talking about this

En ‘Tsunami Democràtic’ ya son casi 150.000 personas (cifra a primera hora de la mañana) informadas y convocadas de las movilizaciones. Sus promotores les han pedido que salgan a la calle con poco: «Una radio, calzado cómodo y agua para pasar un día fuera de casa«. El epicentro de sus protestas se prevé que sea Barcelona porque dijeron a los habitantes de fuera de la ciudad que tuvieran preparado el coche o el transporte público para llegar al centro nada más conocerse la sentencia. «Este juicio marcará el umbral de los derechos y libertades en toda Europa«, les recuerdan.

Gabinete de crisis convocado en Moncloa

En Moncloa, por su parte, este lunes es un día marcado en rojo, con un gabinete de crisis convocado para la ocasión y con la plana mayor del Gobierno en funciones movilizada para calibrar las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo y dar una respuesta oportuna. Pedro Sánchez se la juega -así lo reconocen en su equipo- y por eso quiere ofrecer una contestación a los independentistas que sea contundente y, a la par, que no provoque el efecto contrario. El objetivo es evitar el llamado ‘efecto Estatut’ y que el fallo, a pesar de que pueda asumir el criterio de la Abogacía y condenar a los procesados por sedición y no rebelión, no se convierta en una fábrica de secesionistas tanto en Cataluña como en País Vasco.

En el gabinete del presidente tienen previsto leer con calma la sentencia y analizarlo para, a continuación, ofrecer esa valoración política tan esperada. Podrían pasar horas, por tanto, entre la comunicación del Supremo y la reacción de Moncloa. Pero habrá respuesta, aseguran las fuentes consultadas, descartando mantener el silencio que decidió adoptar el Gobierno de Rajoy tras el 1-O. Solo entonces habló con contundencia el Rey en su ya famoso discurso del 3-O.

lainformacion

Share

¿Cuánto subirá la pensión del jubilado? En el mejor escenario, 20 euros al mes

PENSIONES REVALORIZACIÓN

Aunque en público el Gobierno en funciones se resiste a concretar cuánto presupuesto destinará a la subida de las pensiones del próximo año, el Ministerio de Trabajo contempla desde hace semanas un escenario base de revalorización del 1,8%, según reveló La Información. Esto, en dinero directo al bolsillo, se traduce en un incremento de algo más de 20 euros en la paga mensual del jubilado medio, que ahora cobra una pensión de 1.140,7 euros, de acuerdo con la última nómina mensual de septiembre. Eso, en el mejor de los casos. De momento, en ausencia de un mecanismo legal que habilite al Ejecutivo en funciones para subir las prestaciones más de lo que marca la ley, el alza será solo del 0,25%, o lo que es lo mismo para la paga media de los jubilados: menos de tres euros.

Encarando ya el último trimestre del año, la incertidumbre en torno a la subida de las pensiones en 2020 es total. Pero hay algo que el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dejado claro: en diciembre los pensionistas verán cómo se aprueba la revalorización de sus prestaciones para el año que viene en base al IPC real. El cómo, por ahora, es un misterio. Si se consigue formar Gobierno antes de que acabe el año se garantizará por real decreto ley; en cambio, si persiste el bloqueo a la investidura se buscará la fórmula legal que permita activar la subida estando en funciones y, si no es posible, se aplicará ya entrado el próximo año con carácter retroactivo a 1 de enero.

Fotografía de un pensionista con sus dos nietos.

Mira tambiénEstas son las pensiones que no pagan impuestos en la declaración del IRPF

¿Cuánto subirán las pensiones? Es el otro gran misterio, y el que tiene en vilo a nueve millones de pensionistas (y votantes). La clave está en la evolución de los precios, el problema es que en estos momentos el Gobierno no dispone de estimaciones oficiales de IPC. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha pedido esperar a la previsión de inflación para cifrar la subida. Sin embargo, su departamento trabaja ya en una referencia del 1,8%, según consta en los proyectos normativos en los que han venido avanzando a nivel interno a la espera de la actualización del cuadro macro. Desde la Seguridad Social recalcan que se trata simplemente de una proyección a futuro de la subida media que se espera que experimenten las pensiones en los próximos años.

Esa cifra, en cualquier caso, se situaría muy por encima de la previsión de inflación del consenso de los analistas de Funcas, que se queda en el 1%. También es más elevada que el deflactor del consumo privado (el indicador más parecido para medir la evolución de los precios) que comunicó el Gobierno a Bruselas en abril: 1,4%. Y, por supuesto, rebasa de largo el 0,25% que marca la ley que deben subir las pensiones siempre que persista el déficit del sistema de la Seguridad Social, como es el caso. Y, ¿cómo quedarían las pensiones en cada uno de esos escenarios?

‘Resucitar’ el 0,25%

En el estado actual de las cosas, si el Gobierno no consigue concretar sus aspiraciones en una herramienta legal antes de que acabe el año se verá obligado a ‘resucitar’ el 0,25%. Hay que recordar que las pensiones subieron excepcionalmente con el IPC en 2018 y 2019 porque Mariano Rajoy alcanzó un acuerdo ‘in extremis’ con el PNV para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero ahora, tal y como estableció la reforma de 2012, tendría que aplicarse otra vez la subida por la mínima. Esto supondría un incremento de la pensión media del sistema de apenas 2,5 euros al mes, desde los 993 actuales a poco más de 995 euros, y de la pensión media de jubilación de 2,85 euros, de 1.140,7 a 1.143,5 euros. 

Los expertos apuntan al 1%

Ahora bien, en un escenario en el que Sánchez gane las elecciones y consiga formar Gobierno antes de que acabe el año o en otro en el que la Abogacía del Estado dé por buena la aprobación de un real decreto ley aunque esté en funciones en diciembre, las pensiones subirán con el IPC. ¿Cuánto? Los analistas esperan como mucho una media anual del 1%, lo que elevaría la pensión media en 10 euros mensuales, hasta 1.003 euros, y la de jubilación en un promedio de 11,4 euros, hasta los 1.152 euros.

Pablo Casado

Mira tambiénCasado apoyará subir las pensiones pese al anuncio «electoralista» de Sánchez

El cuadro macro dibuja un 1,4%

En ausencia de previsiones oficiales de inflación –el Gobierno español tiene que remitir a Bruselas el nuevo cuadro macro que acompañará al proyecto de Presupuestos para 2020 antes del próximo martes, 15 de octubre– el indicador que más se asemeja al IPC es el deflactor del consumo privado. En el Plan de Estabilidad elaborado en abril el departamento de Economía plasmó una proyección del 1,4% para el próximo año. En base a este escenario la pensión media subiría en 14 euros, hasta los 1.007, y la de jubilación en 16 euros, hasta 1.156,6.

Trabajo valora un 1,8%

Fuentes cercanas a Valerio confirmaban esta misma semana a La Información que en el marco de la actualización de las tablas de esperanza de vida están trabajando en un escenario de subida del 1,8%, en línea con las previsiones de la Comisión Europea, si bien matizaban que esta cifra no determina el alza real que vayan a experimentar las pensiones en 2020, entre otras cosas porque es algo que decidirá el próximo Gobierno. De cualquier manera, ese 1,8% inyectaría en los bolsillos de los jubilados 20,5 euros más mensuales, lo que dejaría la pensión media de jubilación en 1.161,2 euros. Para el total del sistema, la prestación media alcanzaría los 1.010,9 euros, 17,8 euros más al mes.

¿Cuánto costará?

Hay que tener en cuenta que cada décima de subida de las pensiones tiene un coste aproximado para las arcas públicas de unos 107 millones de euros. Esto implica que si la revalorización es del 0,25% el gasto subirá en 267 millones de euros; si es del 1% se incrementará en más de 1.000 millones; si es del 1,4% el repunte rozará los 1.500 millones; y si finalmente el alza es del 1,8%, como está valorando Trabajo, el desembolso anual se disparará en casi 2.000 millones de euros.

Cuanto más suban las pensiones, y en ausencia de una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema, más difícil será rebajar el déficit de la Seguridad Social. Pero el Gobierno socialista está decidido a seguir garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas. Es más, para este año se aprobó una subida del 1,6% a sabiendas de que superaría de largo la inflación. Así lo reconoció el propio Sánchez, que por aquel entonces estimaba que la inflación anual media se situaría en 2019 en el 1%. Ahora los analistas estiman entre un 0,7% y un 0,8%, lo que significa, en la práctica, que el Gobierno se ha gastado entre 800 y 900 millones de euros más de los necesarios para que los jubilados mantengan intacta su capacidad de compra.

lainformacion

Share

¿Por qué sedición y no rebelión?

¿Rebelión o sedición? Fuentes jurídicas dan por hecho que el Tribunal Supremo condenará por sedición en concurso con malversación a los principales acusados en el juicio del procés. Daría así la razón a la Abogacía del Estado frente a la Fiscalía, que pedía la condena por rebelión, que conlleva penas mucho más duras. Los expertos consultados por La Voz explican las diferencias entre ambos delitos.

¿Qué diferencias hay entre rebelión y sedición?

«Son delitos que se parecen en que, en ambos, se exige la existencia de un alzamiento, se diferencian en todo lo demás: en el tipo de alzamiento (el de la rebelión ha de ser violento; el de la sedición, tumultuario), y en el bien protegido (en la rebelión es el orden constitucional, incluida la integridad territorial del Estado, y en la sedición la aplicación de las leyes y la ejecución de órdenes judiciales o administrativas», explica el magistrado Miguel Pasquau. «La rebelión habría de predicarse de todo el procés en su conjunto, considerando que hubo una estrategia para obtener la independencia de Cataluña mediante el uso de medios violentos», señala. «La sedición, en cambio, no iría referida a un alzamiento para obtener la independencia, sino para impedir la actuación de jueces y fuerzas de orden público en casos concretos: los incidentes del 27-S y del 1-O», distingue.

«La rebelión, incluida entre los ‘Delitos contra la Constitución’, consiste en el alzamiento violento y público para conseguir fines que suponen la alteración del sistema institucional diseñado en la Constitución, entre los que se encuentra ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’», explica la catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán. «Es necesario que se lleve a cabo con violencia, pero esta debe ser proyectada con anterioridad, preordenada, puesto que se vincula a la consecución de determinados fines», añade. «A mi juicio, no basta con que la violencia apareciera accidentalmente o fuera probable, sino que debe ser el medio elegido por los autores para conseguir su objetivo», sostiene. En cambio, «la sedición se cataloga entre los ‘Delitos contra el orden público’, y los fines del alzamiento son más modestos: impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, el ejercicio de la autoridad o el cumplimiento de las resoluciones judiciales». «No es necesario utilizar la violencia ni tener la intención de hacerlo», afirma.

«Son dos delitos muy diferentes», asegura el abogado penalista José María de Pablo. «Los tumultos del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía para impedir los registros ordenados por el juez podrían encajar en la sedición», señala. «Para condenar por rebelión es necesario que se califiquen los hechos de aquellos días como un alzamiento violento, por ejemplo si se interpreta que las murallas humanas que se formaron para impedir por la fuerza a la policía el acceso a los colegios electorales son actos de violencia; pero, además, es necesario que se haya probado que esa violencia era necesaria para alcanzar la declaración de independencia», sostiene.

«El elemento diferencial es la existencia o no de violencia», afirma Roberto L. Blanco Valdés, que destaca que hay un tipo de rebelión agravado, que requiere que se hayan esgrimido armas, habido combate, causado estragos o ejercido violencias graves contra las personas, lo que significa que «para que se cometa rebelión en su tipo no agravado no es necesario que se hayan producido todas o alguna de esas circunstancias o tipos de violencia, que es el caso de lo sucedido en Cataluña», concluye.

¿Se probó en el juicio la existencia de violencia?

García Arán estima que «no es aconsejable pronunciarse sobre la prueba de los hechos antes de la sentencia, porque es una función exclusiva del tribunal». Sin embargo, «con tal precaución, en este caso no se trataba de acreditar solo si hubo o no violencia, sino, muy especialmente, si los acusados planificaron su actuación con la intención de utilizarla en los hechos». «Tengo la impresión de que se dedicaron más esfuerzos a probar el hecho objetivo de la violencia y quiénes la ejercieron que al elemento subjetivo de la rebelión, consistente en la intención de utilizar la violencia para conseguir fines contrarios a la Constitución», asegura.

De Pablo remite a lo que diga el tribunal y destaca que «la acusación versa sobre delitos, como rebelión y sedición, de los que apenas hay jurisprudencia, de modo que esta sentencia va a ser la primera en interpretar algunos de sus elementos, como el alzamiento violento, imprescindible en la rebelión», explica. Y pronostica: «Parece claro que va a haber una condena a penas elevadas, pues de lo contrario el tribunal habría acordado la libertad provisional de los acusados en prisión».

«Sí, sin duda», responde Blanco Valdés. «Se acreditó que hubo un asedio ilegal y violento, con daños para los bienes y peligro para las personas, con la finalidad de evitar que la comisión judicial competente hiciera su trabajo en la Consejería de Economía de la Generalitat en septiembre del 2017; se acreditó también que los independentistas organizaron numerosos actos de resistencia a la autoridad en la jornada del referendo ilegal, cuya finalidad no era otra que evitar por todos los medios que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumpliesen la misión que les había ordenado la autoridad judicial: evitar su celebración», añade.

«De hecho, los propios dirigentes de los Mossos habían advertido de la inevitabilidad de enfrentamientos violentos a la Generalitat, que hizo caso omiso, haciéndose así responsables de la violencia que se derivó de su ciego empeño de llevar a cabo un referendo ilegal», recuerda Blanco Valdés.

¿Qué delitos se habrían cometido?

«La comisión de varios delitos de rebelión, y en su caso de sedición, si el Supremo decide que no ha habido una violencia suficiente como para calificar lo sucedido en Cataluña de rebelión; y también delitos de desobediencia a la autoridad y malversación de caudales públicos», señala Blanco Valdés. «Habiendo un debate entre especialistas sobre si la violencia, que indudablemente existió en el procés, es suficiente o no para la calificación penal de rebelión o si el tipo más ajustado es el de sedición, la inmensa mayoría creen que no existe duda alguna sobre la comisión de los delitos de desobediencia y malversación», añade.

JUICIO DEL 1-O

El Tribunal Supremo condenará por unanimidad a los líderes del procés por un delito de sedición

GONZALO BAREÑO

Conspiración y tentativa, las otras dos opciones del tribunal

La conspiración y la tentativa para la rebelión y la sedición eran otras dos opciones del Supremo. «Veo complicada la condena por conspiración para la rebelión porque parece claro que los autores no se habrían quedado en la mera ideación del delito, sino que, como mínimo, habrían comenzado su ejecución», sostiene De Pablo. «Tampoco veo fácil la condena por tentativa, pues al fin y al cabo se llegó a declarar la independencia, aunque solo sea por unos segundos», añade. Y concluye: «Por tanto, para mí, la discusión no está en si la rebelión lo fue en grado de conspiración, tentativa o consumación, sino en si hubo o no hubo rebelión».

«Tanto la rebelión como la sedición se consuman cuando se produce el alzamiento, aunque no se consigan los fines propuestos, lo que ocurra antes de tal consumación puede encajarse en actos de conspiración, proposición o provocación al alzamiento», afirma García Arán. «En la rebelión cabe aplicar la conspiración, pero al ser un acto preparatorio de lo que se quiere hacer después, debe estar presidido por la misma intención de utilizar violencia», destaca. «En cuanto a la conspiración para la sedición, está prevista en el artículo 548 del Código Penal, pero ahí se dice que no se aplicará la conspiración si ha llegado a tener efecto la sedición», afirma.

«Algo más»

«Tanto en uno como en otro caso la sentencia debería identificar, respecto de cada condenado, cuándo y cómo se adhirió a un pacto para obtener la independencia que incluyera algo más que la aprobación de leyes inconstitucionales, la celebración de un referendo ilegal y un posterior reconocimiento internacional», explica Pasquau. «Ese ‘algo más’ sería el empleo de métodos violentos concretos en caso de ser necesarios», añade. «No creo que contar con la actuación de masas de ciudadanos sobre las que no se tiene dominio efectivo pueda incluirse en esa noción de ‘métodos violentos concretos’», manifiesta. «La tentativa requeriría haber intentado el alzamiento violento, sin haber desistido voluntariamente, cosa que no parece fácil por cuanto una vez aplicado el artículo 155 el procés se detuvo», concluye.

«La conspiración y la tentativa no son delitos en sí mismos sino formas de comisión de un delito; de hecho, lo que el Supremo tiene que decidir en relación con los delitos de rebelión y sedición no es solo si se han cometido, sino el grado en que sus respectivos responsables lo son», señala Blanco Valdés.

lavozdeasturias.es/

Share

Condenas de hasta 13 años de cárcel para los líderes del «procés» por sedición

El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición en el «procés», en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad, que no irán a prisión.

En concreto, la Sala de lo Penal impone la condena más alta a Junqueras por sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía, seguido de los 12 años para los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los mismos delitos.

Condena a 11 años y seis meses a Forcadell; a 10 años y medio a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, a quienes absuelve del delito de malversación; y a nueve años a los Jordis. Todos ellos condenados por sedición.

El tribunal ha absuelto del delito de malversación a los tres exconsellers que estaban en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, a quienes condena por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros. 10.40

Iglesias llama a «arremangarse» por la «reconciliación» tras sentencia procés

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que la sentencia del procés pasará a la historia como «símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia» y ha hecho un llamamiento a «arremangarse» y trabajar por «reconstruir puentes» en Cataluña y buscar «imprescindible reconciliación».

En un mensaje en las redes sociales, Iglesias ha considerado que «todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia», de la que hace solo una valoración, el consenso del tribunal sobre que no hubo violencia, algo que era «evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo». 10.38

El presidente del Parlamento catalán califica la sentencia de ataque a la democracia

Roger Torrent @rogertorrent

Avui ens condemnen a tots, no només a 12 persones. Aquesta sentència és un atac a la democràcia i als drets de tota la ciutadania. Empresonen a la Presidenta del Parlament, al Vicepresident i als Consellers del Govern i a líders socials, però també a les nostres llibertats.8788:35 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads389 personas están hablando de esto 10.35

Junqueras acusa al Estado de moverse por venganza

El líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se reafirma en sus «convicciones democráticas y republicanas» en una carta difundida tras conocer la sentencia que le condena a 13 años de prisión, y acusa al Estado de «moverse por venganza».

En una carta dirigida a la militancia de ERC, Oriol Junqueras afirma que «la independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática» y considera que, con la sentencia, «hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad» 10.29

En Comú Podem tilda la sentencia de aberración

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado este lunes de «aberración indignante» la sentencia del procés y ha subrayado que «convertir un ejercicio de derechos fundamentales en sedición es un grave ataque a la democracia».

Asens ha expresado en un mensaje en Twitter «toda la solidaridad con las personas condenadas y sus familias ante esta aberración indignante».

Jaume Asens@Jaumeasens

Tota la solidaritat amb les persones condemnades i les seves famílies davant d’aquesta aberració indignant. Convertir un exercici de drets fonamentals en sedició és un greu atac a la democràcia. Ara més que mai la nostra prioritat serà guanyar la seva llibertat.1.1929:01 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads451 personas están hablando de esto 10.26

Controles policiales en las infraestructuras básicas

Agentes de la policía se han desplegado en las principales infraestructuras catalanas como aeropuertos y estaciones de metro y tren para garantizar el trasporte.

Controles policiales en el aeropuerto de El Prat

 10.25

La respuesta de Europa sobre la inmunidad de Junqueras sigue vigente

El presidente del tribunal del desafío secesionista, Manuel Marchena, ha remitido un oficio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que le traslada que su futura decisión sobre la inmunidad alegada por Oriol Junqueras sigue teniendo «interés» y «eficacia» con «independencia» de la condena al exvicepresidente de la Generalitat.

Lo ha hecho minutos después de notificar la sentencia en la que condena a Junqueras a 13 años de prisión por sedición en concurso con malversación y otros tantos de inhabilitación en la causa del «procés». Hace unos meses, el Supremo pidió al TJUE que clarificase el alcance de la inmunidad alegada por Oriol Junqueras, que fue elegido en las pasadas elecciones europeas pero se le impidió salir de prisión para cumplir con los trámites necesarios para adquirir la plena condición de eurodiputado.

Un asunto que, según deja claro Marchena, no decae con la pena de prisión e inhabilitación que le ha sido impuesta a Junqueras, sino que «sigue manteniendo su interés y vigencia» y, es más, «tendrá eficacia con independencia» de la condena. 10.18

«No procede hablar de indultos», dice Ábalos

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que la sentencia del desafío secesionista se tiene que acatar «sí o sí» y ha asegurado que «no procede hablar de indulto» porque no está en la voluntad del Ejecutivo.

En una entrevista en Los desayunos de TVE, Ábalos, que ha hecho la primera valoración del Ejecutivo sobre la sentencia del procés, se ha congratulado de la actuación del Tribunal Supremo que ha actuado con justicia «y no se ha dejado llevar por pasiones ni por presiones políticas».

En esta primera valoración, Ábalos ha dicho que el Gobierno «acata y respeta» la sentencia y ha hecho hincapié en que en España el Estado de Derecho funciona y la justicia actúa con «templanza y con rigor». 10.11

Torra comparecerá a las 11:30 horas

El presidente catalán comparecerá a las 11.30 horas en el Palau de la Generalitat para pronunciar una declaración institucional tras la sentencia del «procés». 10.09

Despliegue de los Mossos en la estación de Sants

Mossos d’Esquadra y Policía Nacional se han desplegado desde primeras horas de este lunes en la estación de tren de Sants de Barcelona, uno de los puntos calientes donde se pueden producir incidentes tras conocerse la sentencia del «procés» y donde se ha cortado el acceso a la línea 5 del metro. 10.08

La reacción de Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este lunes, tras hacerse pública la sentencia del juicio del «procés», que «el Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya».

Gabriel Rufián@gabrielrufian

El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya.#SentenciaProces2.8328:39 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads2.326 personas están hablando de esto 10.03

Cuixart: «Lo volveremos a hacer»

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado este lunes que contestará a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O con «reincidencia».

«La respuesta a la sentencia, reincidencia. #LoVolveremosAHacer. Amnistía, Democracia y Autodeterminación», ha expresado a través de Twitter.

Jordi Cuixart@jcuixart

Missatge des de la presó:
La resposta a la sentència, reincidència #HoTornaremAFer Amnistia, Democràcia i Autodeterminació.10,1 mil8:36 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads4.832 personas están hablando de esto 10.01

La ANC llama a salir a la calle

Tras conocerse la sentencia del «procès» la ANC ha hecho un llamamiento a salir a la calle.

Assemblea Nacional @assemblea

⬛️
⬜️
❗️
📢
📲

URGENT: Tothom al carrer!

L’Estat espanyol condemna el dret a l’autodeterminació.

Ha arribat l’hora: responem massivament. Siguis on siguis, atura’t, surt al carrer, fes-te sentir!

Atent als nostres canals!

Més que mai, #ObjectiuIndependència

Video insertado

9478:44 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads792 personas están hablando de esto 09.59

Concentración en Lledoners

Decenas de personas permanecían esta mañana concentrados ante la prisión de Lledoners.


Share

TVE arranca la campaña electoral con un debate entre los portavoces parlamentarios

A través de un comunicado de prensa, la cadena pública ha confirmado que ha cerrado el debate a siete con los portavoces de los principales grupos parlamentarios.

Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV) serán los políticos que participarán en el debate del próximo 1 de noviembre.

24h@24h_tve

RTVE celebrará un debate a siete con los portavoces parlamentarios el 1 de noviembre http://www.rtve.es/n/1981327 

Video insertado

413:55 – 11 oct. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de 24h

El presentador de Los Desayunos de TVE, Xabier Fortes, moderará el debate en el que las formaciones presentarán sus propuestas de cara a las elecciones del 10N.Un debate que se emitirá en directo por La 1, el Canal 24 horas y la web RTVE.es a partir de las 22:00 horas, desde el Estudio 6 de Prado del Rey.

Sin Más País, pero con Vox

El gran ausente será Iñigo Errejón, cuya formación Mas País concurre por primera vez a unos comicios generales pero al no tener representación parlamentaria no participará en el debate. Vox si que participa por primera vez en un debate electoral a escala nacional

Share

El PSOE amenaza con presentar una moción de censura en Murcia:

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, presentará una moción de censura contra López Miras si en los próximos 60 días el Gobierno regional no pone en marcha esas tres medidas.

MÁS INFO

«El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha reconocido de manera implícita que no está capacitado para gestionar esta terrible catástrofe medioambiental, por lo que nos vemos obligados a tomar medidas de extrema urgencia», ha señalado.

El líder de los socialistas murcianos ha detallado que se trata de pedir al Gobierno de España que declare de urgencia las medidas e iniciativas de su competencia. Y apoyo total en la toma de decisiones que tenga que adoptar al respecto. Así como la exigencia de refuerzos presupuestarios y técnicos en la Confederación Hidrográfica del Segura.

Plan extraordinario

Asimismo, pide al Ejecutivo autonómico que presente un plan extraordinario regional asumiendo todas las competencias que le corresponden, que se declaren de urgencia, al igual que las de la Administración General del Estado. «Medidas firmes y cumplimientos firme y total de las leyes ambientales».

Por último, el secretario general de los socialistas murcianos ha insistido en que el Gobierno regional debe presentar de manera inmediata de Ley de protección integral del Mar Menor. Conesa ha recordado que «son medidas que yo pondría en marcha de manera inmediata para solucionar esta catástrofe medioambiental».

voxpopuli

Share

Demanda multimillonaria contra el BBVA y tres bancos más bajo la ley Helms-Burton

La filial del BBVA en los Estados Unidos ha sido demandada bajo el título III de la ley Helms-Burtonpor una familia de origen cubano que le acusa de «traficar» con una entidad bancaria que les fue confiscada en Cuba tras el triunfo de la Revolución del 1959. Esta sociedad se integró dentro del Banco Nacional de Cuba, con el que el BBVA lleva a cabo «actividades comerciales de las que obtiene ganancias».

MÁS INFO

Dicha ley, activada de nuevo por Donald Trump el pasado mayo tras más de 20 años en suspenso, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución pueden demandar en tribunales norteamericanos a las empresas que se beneficien de esos activos.

La demanda, presentada el pasado 24 de septiembre en un juzgado de Florida y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, incluye tanto al BBVA como al banco francés Société Générale, al canadiense Bank of Nova Scotia y al Banco Nacional de Canadá. Société Générale ya había sido demandado en Miami el pasado julio por la misma familia, pero ahora el escrito incluye al resto de entidades financieras mencionadas.

Los demandantes son los sucesores de los propietarios del Banco Nuñez,el segundo banco nacional de Cuba en 1958, valorado en 7,8 millones de dólares. Contaba con 105 millones de dólares en activos, 51,5 millones en préstamos y 9,9 millones en efectivo, según reza el documento, que explica que fue confiscado en 1960 por el Gobierno de Fidel Castro e integrado al nuevo Banco Nacional de Cuba (BNC).

Los demandantes dicen que tienen derecho al 10,5% del valor del Banco Nacional de Cuba y piden a los bancos los 7,8 millones de dólares que valía su propiedad cuando fue confiscada más un 6% de interés anual

Según detallan los demandantes, «el Banco Nacional de Cuba y el Banco Central de Cuba otorgaron licencias similares a los demandados Scotiabank, Banco Nacional de Canadá y BBVA para establecer líneas de crédito y realizar operaciones bancarias comerciales«. De hecho, aseguran que las tres entidades cuentan con oficinas en Cuba y ahora reclaman un porcentaje sobre los beneficios que han obtenido por la explotación de su negocio bancario. 

Los abogados dicen que sus representados tienen derecho al 10,5% del valor del Banco Nacional de Cuba, «una cantidad equivalente al porcentaje del sector bancario controlado por Banco Nuñez cuando les fue expropiado». En este sentido, alegan que los bancos mencionados «traficaron» con su propiedad al ingresar cantidades millonarias por las operaciones financieras con el BNC. 

El negocio del BBVA en Cuba

Según explican los demandantes, en el año 2000 el Banco Nacional de Cuba otorgó a BBVA una licencia para «coordinar el otorgamiento de depósitos, créditos, préstamos y otras formas de facilidades de crédito en Cuba». Además, la compañía española cuenta con una oficina en La Habana «para cobrar pagos del Banco Nacional de Cuba relacionados con un 5,4 millones de euros en préstamos«.

Uno de los ejemplos que expone la demanda es que BBVA avaló mediante letras de crédito por valor de 28,5 millones de euros la financiación que emitieron los bancos cubanos en 2013. A su vez, el banco español, a través de su filial, tenía depósitos en dichas entidades de 139,1 millones de euros.

Argumenta que el BBVA obtuvo beneficios de los servicios que prestó al Banco Nacional de Cuba. Estos son letras de crédito, cambios de divisas y transferencias bancarias, entre otros. «Al hacer negocios con BNC, BBVA está traficando en la propiedad del demandante», señala.

Ya son más de treinta las empresas demandadas bajo la ley Helms-Burton, normalmente bajo «acciones colectivas» a las que pueden sumarse otras personas con casos similares

Además, asegura que mandaron avisos a todas las compañías antes de demandarlas. Una vez reciben la notificación, las compañías disponen de treinta días para pagarles una indemnización y detener sus operaciones. Si no lo hacen, la familia tiene la posibilidad de reclamar hasta tres veces más del valor actual de sus propiedades. «A la fecha de esta demanda, los demandados continúan su tráfico ilegal en la propiedad del demandante mediante la realización de actividades comerciales con BNC», señalan.

En este sentido, solicita una sentencia en contra de los cuatro bancos «por daños monetarios, que incluyen los 7,8 millones de dólares que valía la propiedad cuando fue confiscada más un 6% de interés anual desde la fecha de confiscación hasta julio de 2019″. Con estas condiciones, la cuantía rondaría los 35 millones de dólares, pero denuncian «daños triples», así que la cifra podría multiplicarse por tres, superando los 100 millones.

Ya son más de treinta las empresas demandadas bajo la ley Helms-Burton, normalmente bajo «acciones colectivas» a las que pueden sumarse otras personas con casos similares. Esto se debe a que la ley establece un valor mínimo de la propiedad de 50.000 dólares para interponer una demanda bajo el título III para disuadir acciones que sean infundadas.

voxpopuli

Share

Gobierno e indígenas de Ecuador acuerdan derogar el decreto que eliminaba los subsidios a combustibles y detener las protestas

Este domingo, tras 11 días de protestas contra el ‘paquetazo’, el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 883, que elimina el subsidio a los combustibles.

Las partes, tras un diálogo entablado la tarde de este 13 de octubre, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, resolvieron establecer una comisión para crear un nuevo decreto.

Lenín Moreno@Lenin

Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad! #DialogarEsElCaminoEC

Ver imagen en Twitter

8.0744:03 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads6.720 personas están hablando de esto

«Ha triunfado la sensatez, la pasión y la decisión de vivir en paz», dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Gerardo Cabrera.

Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, señaló, por su parte, que la comisión para la creación del nuevo decreto comienza su trabajo «ahora mismo, no mañana ni pasado», tras finalizar las declaraciones públicas.

El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, señaló que el nuevo documento debe garantizar «que los contrabandistas no se enriquezcan más y que los ricos no se llenen de dinero con los subsidios que no les corresponden».

Se levantan las movilizaciones

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, anunció que se levantan las movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio. «Reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles; creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país», enfatizó.

Vargas aprovechó el momento para solicitar nuevamente la remoción de sus cargos a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la represión policial y militar ejercida durante las manifestaciones, con clara «violación a los derechos humanos».

CONAIE@CONAIE_Ecuador

¡Victoria de la lucha popular!

Exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana luego del anuncio de la derogatoria del decreto 883
Hoy celebramos, mañana, con todos y todas, minka para limpiar las calles del país.#SomosCONAIE

Video insertado

4.3035:10 – 14 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads2.885 personas están hablando de esto

Como muestra de ello, comunicó que hubo «más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinados y el número puede aumentarse este momento (porque hay) alrededor de 100 desaparecidos en el país». Aunque, pocas horas antes, el balance de la Defensoría del Pueblo fue de siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

«Ya no queremos más represión, desde este momento», pidió el representante indígena y señaló que con la salida de esos ministros «el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad».

Vargas manifestó que espera que esta apertura al diálogo continúe con el Gobierno para «construir proyectos importantes, proyectos participativos, proyectos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo».

actualidad.rt.com/

Share